Por sus lazos históricos y su tradicional protagonismo en la región, España debería estar llamada a desempeñar un papel relevante en la grave crisis de Venezuela, al borde del estallido social tras unas elecciones con serios indicios de fraude en las que Nicolás Maduro se autoadjudicó una victoria cuestionada por la gran mayoría de la comunidad internacional. Sin embargo, no está siendo así. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, destacó ayer los esfuerzos del Gobierno por propiciar una salida negociada entre el chavismo y la oposición, con los que mantiene contactos. Se trata de una solución razonable que choca con la feroz resistencia del régimen a una verificación independiente de los resultados, que le delata por sí misma. Madrid no ha reconocido el escrutinio oficial ni el triunfo del liberal Edmundo González. Pero la complicidad con Maduro de Zapatero, que favoreció la liberación de presos políticos, y el inequívoco alineamiento con el presidente venezolano de ministros y dirigentes de Sumar dificulta que el Ejecutivo sea aceptado como un mediador creíble y le coloca en una situación incómoda cuando el régimen de Caracas ha dejado al desnudo su condición de autocracia.