J. M. RUIZ SOROA, EL CORREO 21/07/13
· Si la Constitución no prohíbe un referéndum consultivo como el solicitado por los nacionalistas catalanes, tal opción es constitucionalmente posible.
La mayoría parlamentaria de Cataluña ha planteado hace ya meses un reto singular al Estado, el de exigirle la celebración de un referéndum que aclare cuál es la voluntad de los catalanes sobre una posible secesión de Cataluña y su constitución como Estado independiente. De cuyo resultado se derivarían, aunque el referéndum fuese puramente consultivo, obvias consecuencias, puesto que el principio democrático que informa el sistema político español no permitiría desconocer sin más los deseos mayoritarios de una parte singularizada de la ciudadanía.
La respuesta a este reto desde España viene siendo, por lo general, la de quienes no quieren ver ni la realidad política catalana ni las exigencias del principio democrático, contra el cual se arguye desde el principio constitucional que una consulta referendataria como la solicitada infringiría la legalidad constitucional vigente. Esta mirada es la que exhibe el Gobierno español cuando se refugia en una interpretación estrecha y rigorista de la Constitución para negar cualquier posibilidad de consulta a la población catalana sobre un tema que considera resuelto de una vez y para siempre por la propia Constitución: el de la unidad de España en los términos históricos –por tanto contingentes– existentes cuando ella misma se formuló. Esto es lo que hay, dice el Gobierno, y de aquí sólo puede movernos la voluntad mayoritaria del soberano, es decir, de todo el pueblo español al que, por si acaso, tampoco vamos a consultar.
Pero no es menos ciega la mirada del partido socialista, que asume sin dudar la misma interpretación rigorista de la Constitución, por mucho que a renglón seguido proponga su modificación. Porque esta modificación no supondrá, lo anticipan, un reconocimiento de la posibilidad de que la ciudadanía catalana (o vasca) sea consultada sobre una eventual secesión, sino tan solo la implantación de algo que llaman ‘federalismo’ y que en realidad será un régimen confuso destinado sólo a extender el privilegio fiscal vasconavarro a los catalanes mediante expedientes confederalistas. Se persevera en una vía que ha demostrado su fracaso a lo largo de los últimos treinta años: la de intentar resolver los problemas de integración del nacionalismo regional mediante la manipulación de las reglas de articulación intraestatal. ¿Están los nacionalistas catalanes o vascos de acuerdo con el federalismo? Pues si no –como sucede– ¿para qué sirve salvo para dividir, una vez más, a los españoles? ¿Y qué sentido tiene decir que quieren debatir el futuro con todos si una de las opciones posibles en ese debate está excluida apriorísticamente?
Ahora bien, y dejando de lado las reacciones políticas de Gobierno y oposición, lo que desde luego llama la atención es la opinión de expertos constitucionalistas acreditados que, situados ante el panorama reivindicativo catalán, no saben sino farfullar un extraño «sí .. pero no». Es decir, sí al respeto, al principio democrático que exige conocer y respetar la voluntad de cualquier parte de la ciudadanía (incluyendo atinadas loas a los políticos de Canadá o Reino Unido que han aceptado ese desafío en Quebec o Escocia). Pero no, un no rotundo, a un tratamiento similar en España porque –se dice– ‘desgraciadamente’ nuestra Constitución prohíbe la celebración de un referéndum de independencia en una región de España, dado que la Carta magna está fundada en la soberanía de un pueblo homogéneo –el español– que no admitiría conocer (¡ni siquiera conocer!) la voluntad de unos ciudadanos concretos particularizados.
Pero, ¿es esto cierto desde el punto de vista constitucional? La respuesta es que no, que si bien la decisión final vinculante sobre la modificación de la Constitución corresponde sólo al conjunto del pueblo español, nada impide que el Congreso autorice la consulta no vinculante de una parte de ese pueblo para saber si procede o no la puesta en marcha de un proceso de secesión pactada amistosa. Quienes se niegan a ello arguyen que el artículo 92 CE autoriza someter a consulta las decisiones políticas de especial trascendencia pero que esa consulta debe ser ‘de todos los ciudadanos’, no de una parte de ellos. El argumento olvida, sin embargo, un principio elemental del constitucionalismo democrático, que la libertad del legislador sólo está limitada por lo que la Constitución prohíbe, por lo que el legislador español puede perfectamente autorizar un referéndum consultivo de una parte territorializada de la ciudadanía, como lo hizo ya cuando autorizó los referéndums municipales. Si la Constitución no prohíbe un referéndum consultivo como el solicitado por los nacionalistas catalanes, tal opción es constitucionalmente posible, como ha expuesto con maestría el profesor Rubio Llorente. Conocer la voluntad de los catalanes no es reconocer el derecho de autodeterminación en su versión secesionista, ni admitir un evanescente ‘derecho a decidir’, sino que es sólo eso: conocer la voluntad real de los catalanes. Para luego obrar en consecuencia.
Como dice Rubio Llorente, no parece lógico que para verificar si la sociedad catalana quiere o no la independencia haya que preguntárselo a todos los españoles. Estos deberán ser consultados para decidir sobre la independencia de Cataluña si por gracia o desgracia los catalanes la quisieran, pero sólo éstos saben si la quieren o no. Y aunque la lógica no es fuente de Derecho, el Derecho no puede actuar contra la lógica. Como escribía hace días el profesor Francesc de Carreras, la única opción inteligente que le queda a España es abrir un debate para contrarrestar lo emocional con lo racional, para procurar que las ideas ganen a las creencias y, una vez hecho ese debate público, la de consultar a los catalanes. Lo que hace David Cameron, para entendernos. No parece, al final, sino que en algunas mentes hispánicas se cumple una vez más el dictum de Marx, el de que son nuestros propios miedos y aprensiones las cadenas que limitan como fantasmas nuestro pensamiento, las que hacen de nuestra mirada una mirada ciega que nos impide afrontar los problemas por derecho, como es hoy más que nunca necesario.
J. M. RUIZ SOROA, EL CORREO 21/07/13