Ignacio Marco-Gardoqui-El Correo
- Todos empezamos a asustarnos por el impacto de la guerra en nuestros bolsillos, pero el Estado se embolsa 100 millones al mes por el alza de los carburantes
Según caen los misiles sobre Teherán y Beirut, y algunos también sobre Tel Aviv y los países ribereños del Golfo, sube el precio del petróleo, que, cuando escribo estas líneas, supera ya los 100 dólares por barril. Y, como los combustibles se esparcen por el sistema económico tan rápido como la sangre por el cuerpo, todo se altera y todos sufrimos sus dañinos efectos. La energía es uno de los principales elementos de coste de todas las industrias. En unas porque forma parte de la estructura necesaria para fabricarlos y en el resto porque encarece su transporte y no olvide que, hoy en día y salvo los productos de kilómetro cero, todo se transporta desde algún sitio hasta algún otro.
La prolongación inesperada e indeseada de la guerra está complicando la situación. Nadie llora por los gastos de los americanos –ellos decidieron entrar en la guerra, ellos pagarán su coste–, pero todos empezamos a asustarnos por el impacto que tendrá en nuestros bolsillos por culpa de unos precios más altos en la cesta de la compra y en los desplazamientos, obligados o voluntarios y, lo que puede resultar más dañino, un adiós doloroso a las previstas bajadas de tipos, ante la inevitable subida de la inflación.
Unos precios más altos se conjugan con unos tipos de interés más elevados. Sobre todo cuando la inflación procede de incrementos de la demanda que los tipos retraen. Por el contrario, cuando la inflación tiene su origen en las subidas de costes, como es el caso actual, la medida tiende a resultar menos eficaz.
Ante la nueva situación de una guerra prolongada, el Gobierno ha tomado la sorprendente decisión de esperar y preguntar. Podría haber hecho algo similar en anteriores ocasiones más sencillas, como la amnistía, los indultos o la financiación autonómica, pero ahí no necesitó las aportaciones del resto de partidos. Ahora sí, y se ha lanzado a consultar a todo el mundo, incluidos a los sorprendidos y pasmados, por la novedad, de Vox, que ni siquiera levantan el teléfono por negarse a contestar, en actitud similar a la de los niños que dejan de respirar para fastidiar a sus padres.
El resultado era de prever, estaba cantado. Todo un maremágnum de ideas que tiene más de maremágnum que de ideas y la mayoría de ellas son perfectamente contradictorias. Podemos propone nacionalizar Repsol y crear una empresa pública de alimentación -para que se enteren-, Sumar propone intervenir precios o márgenes, que viene a ser lo mismo y que suena a intervencionismo puro y duro.
Ya puestos, incluyen en la carta la congelación por decreto de los alquileres y la prohibición de los desahucios. Cualquier momento es bueno para ello. Mientras que el mundo de la fachosfera, con el PNV y Junts recién incorporados a ella, supongo que de manera temporal, prefieren que se bajen los muchos e importantes impuestos que gravan la energía –no solo el IVA–, como medio idóneo para disminuir su precio.
El maremágnum se complica con el calendario de actuación. La parte Sumar, al mando de ese prodigio ambulante que es nuestra vicepresidenta Díaz, anuncia las medidas para el próximo Consejo de Ministros que se celebrará el martes, pero el ministro Cuerpo opina que es mejor esperar a Pentecostés, por si aparece el don de las lenguas y consiguen entenderse todos sin recurrir a la traducción simultánea.
De momento, ya les va bien eso de esperar, porque cada mes que se retrasa la solución, y dado el incremento del precio de los carburantes, el Estado se embolsa cien millones de euros de aguinaldo. Esperar nunca fue tan cómodo y, a la vez, tan rentable.
Ya lo dijo esa reencarnación de Metternich que es la ministra Elma Saiz: «Las consecuencias de la guerra son responsabilidad de quienes la han desatado». Pues eso, que se las arreglen ellos… ¿Oído USA?