Tonia Etxarri-El Correo
Antes, durante, después? Estas son las dudas en las que se mueve el intríngulis sobre la detención de Puigdemont que se proyecta sobre la sesión del Parlamento catalán que hoy debería afrontar la investidura del socialista Salvador Illa. Huelga cualquier comparación de este esperpento con el retorno clandestino del secretario general del PCE, Santiago Carrillo, cuando empezó a gobernar en España Adolfo Suárez. Nada que ver. Sobre todo porque no estamos en ninguna transición, llevamos 47 años de democracia y, a diferencia de la función que desempeñó aquel Partido Comunista en la contribución a la consolidación del régimen de libertades y de igualdad entre los ciudadanos, el papel de Puigdemont no ha sido otro que el de un extorsionador del Estado de las autonomías con un discurso viejuno sobre la represión de sus ensoñaciones.
Con las expectativas que ha levantado en torno a la sesión parlamentaria de hoy, ha conseguido provocar el morbo sobre su puesta en escena, desde luego, constituyéndose él mismo en una serpiente de verano pero, a pesar de las apariencias, no termina de inocular el veneno que pretende. Porque, independientemente de la duración de su retención ante la Justicia, se podrá convertir en el protagonista de la investidura de Illa, pero la maquinaria institucional deberá seguir su curso. Por muchas maniobras dilatorias que pretenda acometer el presidente del Parlamento catalán, el indultado Josep Rull, de Junts, sabe que ERC no les va a seguir el juego. La investidura podrá aplazarse, un día o una semana, pero no se reventará. Hay tiempo hasta el 26 de agosto. Un interruptus. Y vuelta a la carga. Dos o tres días de sesión parlamentaria en los que Puigdemont podrá comprobar en qué queda el apoyo de los ciudadanos independentistas a su causa escenificada, durante siete años, de forma tan cobarde.
Hay quienes piensan que Puigdemont puede ser detenido por unas horas. Una comparecencia ante el juez Llarena y, enseguida, a la calle. Pero se le han complicado las cosas con el auto del Tribunal Supremo. Porque, de momento, no se le puede aplicar la amnistía al delito de malversación. En la resolución del Alto Tribunal se precisa que la ley de amnistía incluye la malversación únicamente si no ha existido beneficio personal de carácter patrimonial. Pero ese beneficio personal se dio en algunos casos del ‘procés’. Al cargar unos gastos -de los que únicamente ellos eran responsables- al erario público se evitaron, deliberadamente, sufragarlos con su propio patrimonio. De ahí que no puedan acogerse a la amnistía. El Supremo remitió la ley de impunidad al Tribunal Constitucional. Por considerar que vulnera los principios de igualdad y seguridad jurídica. Y allí, al final del túnel, aguarda el presidente de este tribunal. El prófugo presentará un recurso de amparo y volverá a ver la luz en breve espacio de tiempo. Mientras tanto, le aguardará la prisión hasta que le salve Cándido Conde-Pumpido. Y eso ocurrirá porque Pedro Sánchez necesita tener a Puigdemont en libertad. Para que él, a cambio, pueda disfrutar de su legislatura.