Cuidan las apariencias pero se les ve incómodos ante lo que consideran ilegalización preventiva de la izquierda abertzale. A pesar de haberla promovido. Y a pesar de haberla promovido, insisto, confían en que el Tribunal Constitucional les quite la razón y, metidos en honduras, sostienen que la reciente sentencia del Tribunal Supremo nunca superaría el filtro de Estrasburgo.
Lo que está ocurriendo en las filas socialistas con el frenazo del Tribunal Supremo a los continuadores de Batasuna recuerda la aberrante formulación del entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, con ocasión del referéndum de la OTAN en 1986: “Quiero que España siga en la OTAN con mi voto en contra”. El ocurrente juego de palabras reflejó perfectamente la esquizofrénica posición de un PSOE obligado a moverse como partido de poder entre su resistencia a soltar el lastre ideológico de la II Internacional y su deber de afrontar el reto de la modernización de España.
Los términos de la ecuación cambian, claro. Si los actualizamos estoy por creer que la ocurrencia verbal del vicepresidente del Gobierno de entonces, Alfonso Guerra, la podría firmar el vicepresidente del Gobierno de ahora, Alfredo Pérez Rubalcaba. A saber (sin comillas, por favor): Quiero que el Tribunal Constitucional confirme la anulación de las listas de Bildu con mi voto en contra.
El recorrido del balancín oscila ahora entre dos derechos. Por un lado, el de la sociedad a defenderse de ETA y sus amigos políticos, mientras el divorcio no se demuestre de forma fehaciente. Y por otro, el derecho básico a la participación política expresamente reconocido en la Constitución a todos los ciudadanos que no estén judicialmente inhabilitados para elegir o ser elegidos en un proceso electoral. Ni los independentistas vascos pueden ser perseguidos por sus ideas. Sólo por sus hechos si éstos fueran delictivos.
La posición oficial del Gobierno está meridianamente clara. A la vista de diez informes policiales (de distintos cuerpos, nacionales y autonómicos), ha hecho lo que debía: instar la anulación de todas las listas de la izquierda abertzale por considerarlas continuadoras de una organización ilegal. Está en la lógica política de su complicidad antiterrorista con el PP y de la secuencia desencadenada por el propio Rodríguez Zapatero cuando, desde la oposición, propuso el pacto antiterrorista al PP de Aznar (diciembre 2000). Luego vino la Ley de Partidos (junio 2002) y la ilegalización de Batasuna (marzo 2003) firmada sucesivamente por el Tribunal Supremo, el Constitucional y el europeo de los Derechos Humanos.
Como se ve, una verdadera operación de Estado de la que el Gobierno no puede apearse porque, de repente, después de cuarenta años de mirada cómplice a los crímenes de ETA, los seguidores de Batasuna formulen un propósito de la enmienda. ¿Por imperativo legal? Eso cree una parte del partido del Gobierno. Otra parte cree que el propósito de la enmienda es sincero y opinan que la izquierda abertzale debe estar presente en las elecciones del 22 de mayo, en nombre de su derecho a la participación política y su expreso rechazo a la violencia como modo de hacer política.
Son clarísimos los pronunciamientos de significados dirigentes socialistas vascos y catalanes, empezando por el propio lehendakari, Patxi López, discrepantes con el frenazo del Tribunal Supremo, a la coalición Bildu. No tan claros son otros más cercanos a Moncloa y Ferraz. Cuidan las apariencias pero se les ve incómodos ante lo que consideran ilegalización preventiva de la izquierda abertzale. A pesar de haberla promovido. Y a pesar de haberla promovido, insisto, confían en que el Tribunal Constitucional les quite la razón y, metidos en honduras, sostienen que la reciente sentencia del Tribunal Supremo nunca superaría el filtro de Estrasburgo ¿Esquizofrenia?, ¿división?, ¿incoherencia? Elijan ustedes la palabra.
Antonio Casado, EL CONFIDENCIAL, 4/5/2011