Me da que no he entendido bien la idea, porque si el trabajador quiere volver al trabajo y el médico opina que está capacitado para ello, ¿no sería más sencillo darle directamente el alta? Porque, o bien no quiere trabajar y por eso no pide el alta o el médico considera que no está en condiciones de trabajar y por eso no se la da. ¿Qué hay en medio? La ministra Saiz pone de ejemplo a un enfermo de cáncer que se va recuperando y ese no vale. ¿Está en condiciones de trabajar sí o no? Y uno más complejo que se refiere a trabajadores con multiactividad, es decir, con varios trabajos, que estuvieran listos y dispuestos, claro está, para volver a uno de ellos y no a otro. Pero, ¿cuántos trabajadores se encuentran en esa singular situación?

Califico la idea de sorprendente pues lo cierto es que ha sorprendido a propios y a extraños. Basta con leer las opiniones que ha suscitado, todas ellas englobadas dentro de la inoportuna decisión de lanzarla en un desayuno informativo, sin el previo conocimiento ni el necesario análisis de los agentes sociales, que se han enterado por los periódicos. La misma ministra concluyó su intervención del pasado jueves insistiendo en que cualquier reforma de las bajas de los trabajadores se hará «desde el consenso y el diálogo social». Si piensa eso, ¿por qué razón no ha empezado por llevarla a esa mesa para conocimiento general de los interesados?

Dentro del propio Gobierno, la ministra de Trabajo, siempre alerta ante los intrusos que asoman en su área de actividad, se ha pronunciado en las redes sociales para rechazar de plano esta iniciativa. «Solo hay una razón detrás de la incapacidad temporal: proteger la salud de las personas trabajadoras. No hay más opciones ni razones. Ni flexibilidad, ni parcialidad, con la salud no se juega». Dicho así, sin anestesia.

La opinión de Podemos tampoco ha sido cariñosa. La exministra de Derechos Sociales Ione Belarra criticó duramente la propuesta: «Proponer la baja flexible, es decir, que los trabajadores y trabajadoras puedan trabajar enfermas, es una propuesta aberrante más propia de Juan Roig, dueño de Mercadona, que de un gobierno progresista. Supongo que el PSOE querrá hacerlo con el PP, que estará 100% de acuerdo». Más. El responsable de protección social de CC OO, Carlos Bravo, recibió la idea con suspicacia y dijo que era «novedosa, singular y curiosa», y añadió que «es difícil de entender y puede transmitir inseguridad en las personas que están en esta situación».

Todo esto tiene su origen en la necesidad de reformar la incapacidad temporal dado el incremento constante de estas bajas que se ha producido desde la pandemia y que dispara el gasto público en este capítulo. Un gasto al que es necesario añadir el derivado de la saturación de los servicios de atención médica y el coste creciente en el que incurren las empresas por el imparable aumento del absentismo laboral. Según los últimos datos de ejecución presupuestaria de la Seguridad Social, tan solo el gasto en subsidios de incapacidad temporal se disparó un 17,6% en los ocho primeros meses del año, hasta los 10.422 millones de euros.

Es decir la preocupación es comprensible y razonable, pero la ministra debe de trabajar un poco más la solución que propone. Esta no vale.