Esta segunda inocencia

EL problema es que uno acaba por no creer en nada, por mucho que lo desee. No se puede creer en los informes médicos que en los últimas dieciséis años han permitido excarcelar a más de treinta etarras: sabemos que de esos enfermos terminales ha muerto una séptima parte. Tampoco se puede creer en la naturaleza humanitaria de un sistema penal que permite que fallezcan por enfermedad más de cien internos al año dentro de sus instalaciones. No se puede creer en la igualdad ante la ley cuando el sesgo a favor de los presos por terrorismo es tan evidente. Seguramente, todas las decisiones implicadas están dentro de la legalidad, pero esa legalidad otorga márgenes de discrecionalidad a la judicatura que, corriendo los años, nos permiten revisiones estadísticas: las conclusiones son difícilmente explicables.

No se puede creer en un sistema donde las decisiones de la cúpula del poder judicial son enmendadas de hecho por un Tribunal Constitucional que entra en los contenidos, aunque no pueda hacerlo de derecho. Es el caso de la legalización del brazo político de ETA a través de sus diferentes motes. Establecer si esos partidos o coaliciones son mascaradas teledirigidas por terroristas es algo que compete al Tribunal Supremo. No hay manera de creer en la derrota de ETA cuando su entorno celebra cada paso como un triunfo, y cuando cada paso encaje con lo que los asesinos llaman «el proceso».

A estas alturas solo creo en el dolor de las víctimas. Ni siquiera es posible reconocer superioridad moral a los políticos que ahora les hacen de portavoces oficiosos. Ellos tomaron en el pasado decisiones similares a las que ahora critican a sus conmilitones. En concreto, yo he dejado de creer en Mayor Oreja después de haberme cansado de defenderlo en ambientes hostiles que le han colgado hace tiempo la etiqueta de extrema derecha. Mayor Oreja no merece tal acusación, pero la verdad de los hechos crudos tampoco resiste que el ex ministro del Interior acuse a Jorge Fernández de fortalecer a ETA. Fue Mayor, no Fernández, quien dictó la circular que fija los criterios para conceder a un preso enfermo el tercer grado (por ejemplo, un riesgo de muerte superior al 10 por ciento en un año).

Mayor Oreja tiene todo el derecho a opinar sobre el tercer grado del secuestrador de Ortega Lara, y yo tengo todo el derecho a recordar que, durante el secuestro del funcionario, él acercó a las prisiones del País Vasco y Navarra a más de cuarenta etarras, trece de ellos con delitos de sangre. Lo hizo, según dijo entonces, para «que no se pueda decir que aquí ha habido una intransigencia y una cerrazón por parte de Interior». Antes de avivar la hoguera en la que ha de arder su sucesor, Mayor debería pensar en la lógica que muchas veces le guió en aquellos años sangrientos.

Creo en la ley y quiero seguir creyendo en ella. Y la ley no es ley si no se cumple también cuando hacerlo es difícil e ingrato. Si la sociedad española ha llegado a considerar que no caben medidas humanitarias con los terroristas, alguien con capacidad debería escucharla y proponer una modificación legislativa. Si nadie cree que un departamento de Sanidad vasco está en condiciones de emitir un informe médico fiable sobre un etarra, ¿seguirán los partidos disimulando, procediendo luego a transferir las prisiones, acercando luego a todos los presos y propiciando un indulto general —que la ley prohibe— en forma de setecientas libertades condicionales? Porque no es imposible que la ejecución de ese fraude recaiga en un gobierno autonómico dirigido en todo o en parte por la propia ETA-Batasuna.