Cuando se habla de la necesaria transversalidad en la formación del Gobierno vasco, lo que se reclama es el derecho a seguir sin aceptar la transversalidad inscrita en el Estatuto de Gernika. Se pone en duda la transversalidad allí donde realmente importa, en el documento que nos hace sociedad política, y se enmascara con la exigencia de transversalidad en el Gobierno.
El anuncio de que el PNV ofrece al Gobierno vasco y al PSE un acuerdo de estabilidad institucional puede ser interpretado como una noticia de gran calado en la política vasca: por fin ésta comienza a centrarse en las cuestiones que realmente son de importancia en una política democrática. Y la estabilidad institucional es el elemento clave en cualquier política democrática.
Estaríamos, pues, de enhorabuena si, como es demasiado habitual en la política actual, no hubiera razones para temer que en lugar de tratarse de una propuesta nacida de reflexiones estratégicas, haya nacido de necesidades y cálculos tácticos. Todos los partidos políticos nos tienen acostumbrados a ofrecer propuestas que responden más, o exclusivamente, a cálculos tácticos que a proyectos estratégicos de futuro.
Cuando uno escucha o lee los términos ‘estabilidad institucional’ se pregunta en qué estarán pensando, qué es lo que tendrán en mente, cómo entenderán esos términos quienes formulan la propuesta. Algunos analistas han vinculado la propuesta con la estabilidad -igual a mantenimiento en el poder para el PNV- en la Diputación alavesa. Otros han vinculado la propuesta con la caída de ingresos fiscales de las diputaciones forales, en relación a la crisis económica que también sufre Euskadi: la estabilidad de los gobiernos de las instituciones, incluyendo responsabilidad en la aprobación de los presupuestos correspondientes, es, sin duda, un factor de primera magnitud para hacer frente a la crisis.
Esa constatación, sin embargo, no debe ocultar otros significados de los términos estabilidad institucional. Otros significados más fundamentales. Porque la estabilidad en el ejercicio del poder de las instituciones no puede sustentarse sobre la inestabilidad de los marcos jurídico-políticos sobre los que se asientan las instituciones de gobierno que ejercen el poder político. Formulándolo de forma clara y directa: la peor inestabilidad institucional que se puede dar en cualquier sociedad es la que se deriva de la puesta en duda, del cuestionamiento de los marcos jurídico-políticos de los que se deriva la legitimidad del poder institucionalizado.
La inestabilidad institucional no se plantea en primer lugar porque, por poner un ejemplo, el PSE y el PP pudieran acordar una moción de censura en la Diputación de Álava para relevar al diputado general Xabier Agirre, sino sobre todo y de forma radical cuando se pone en duda el Estatuto de Gernika, cuando se le da por muerto, cuando se afirma que es preciso sustituirlo por un nuevo marco, cuando se exige el nuevo marco porque sólo así será posible alcanzar la paz, cuando se plantea que la sociedad vasca es un espacio político en el que la Constitución española no tiene vigencia.
La estabilidad institucional de las sociedades políticas se basa siempre en la estabilidad de los documentos fundacionales que constituyen dicha sociedad como sociedad política. La sociedad vasca es una entidad política, un sujeto político en virtud del Estatuto y de la Constitución. Fuera de ambas instituciones, el poder político de las instituciones vascas está sometido a una crisis de legitimidad permanente, crisis en la que el provecho es siempre para los mismos, para quienes nunca aceptaron la Transición y la reforma, para los que apostaron abiertamente por la ruptura.
Cabe preguntarse si el PNV, con su propuesta de estabilidad institucional, está pensando en lo que se dice en los párrafos anteriores. Si fuera así, la propuesta, como ha quedado dicho, sería una noticia de un calado increíble. Pero las dudas de que así sea se basan no en juicios de intenciones, sino en manifestaciones recientes de los líderes del PNV afirmando, por ejemplo, que nada tienen que objetar a las propuestas políticas planteadas por el ex lehendakari Ibarretxe durante los últimos diez años, propuestas que implicaban la puesta en duda permanente de las únicas instituciones, Constitución y Estatuto, de las que se deriva la legitimidad y, por lo tanto, la estabilidad de las instituciones vascas de gobierno.
Si la oferta de estabilidad institucional planteada por el PNV significara la apuesta por la estabilidad y legitimidad de la Constitución y el Estatuto, sería, como digo, una gran noticia, y significaría que el PNV estaría dispuesto a firmar el acuerdo suscrito por el PSE y el PP para proceder a la investidura de Patxi López como lehendakari y para dotar de estabilidad a su Gobierno en toda la legislatura. Sería un paso que supondría un paso de gigante para la sociedad vasca, para la estabilidad institucional, para afrontar el futuro político de Euskadi sobre bases firmes.
Mucho me temo, sin embargo, que no son esos los pensamientos de quienes han hecho la oferta de pacto para la estabilidad institucional. Me temo que la propuesta se formula en el mismo plano en el que se habla de la necesidad de transversalidad en la política vasca. Todas las sociedades políticas se basan en la transversalidad. La transversalidad significa que distintas formas de entender esas sociedades existentes en el seno de cada una de ellas, se han puesto de acuerdo en normas básicas y fundamentales para convivir. Son los acuerdos constitucionales, que son siempre acuerdos transversales. Y a todas ellas, en tiempos normales, les es suficiente esa transversalidad en el documento fundacional, en el documento que las establece como sociedades políticas. En la lealtad a esa transversalidad no hacen falta ya más apaños transversales en la formación de los gobiernos.
Cuando en Euskadi se habla de la necesaria transversalidad en la formación del Gobierno vasco lo que se reclama es el derecho a seguir no aceptando la transversalidad inscrita en el Estatuto de Gernika. Se pone en duda la transversalidad allí donde realmente importa, en el documento que nos establece como sociedad política, y se busca enmascararlo con la exigencia de transversalidad en la formación del Gobierno vasco.
Todo ello implica buscar la estabilidad institucional donde menos importa para poder seguir desestabilizando institucionalmente la sociedad vasca en lo que importa: en sus bases políticas, en el Estatuto y la Constitución. El acuerdo firmado por el PSE y el PP, conformando una nueva mayoría en el Parlamento vasco, significa que ya nadie se puede llamar a engaño. Significa poner la cuestión de la transversalidad allí donde importa, en la Constitución y el Estatuto, implica poner de manifiesto cuál es, cuál debe ser la raíz de la estabilidad institucional vasca, el respeto y la lealtad al pacto fundacional que es el Estatuto, fruto de la transversalidad que importa en la sociedad vasca.
Malo sería que las necesidades tácticas del momento hicieran olvidar la transcendencia del acuerdo que constituye una nueva mayoría en el Parlamento vasco y ha permitido la investidura de Patxi López. Malo sería olvidar que actuar contra y sin sintonía con los principios establecidos con meridiana claridad en el acuerdo firmado por el PSE y el PP implica actuar contra el Gobierno que se deriva de la firma de esos principios. Esos principios, y no cálculos tácticos, debieran ser el metro para medir el esfuerzo de estabilidad institucional de todos y cada uno de los actores políticos vascos.
Siempre hay que recordar que el ejercicio de la política no consiste en la resolución de un silogismo lógico. Referirse a la política como arte conlleva la idea de flexibilidad, de que las actuaciones políticas no están predeterminadas, de que casi siempre existen alternativas. Pero no hasta el punto de que caigan en el olvido los supuestos fundacionales de la sociedad política a la que se quiere servir, no hasta el punto de que caigan en el olvido los principios que han hecho posible una nueva mayoría parlamentaria y un nuevo Gobierno en Euskadi.
Joseba Arregi, EL DIARIO VASCO, 18/7/2009