ABC 13/01/17
IGNACIO CAMACHO
· Si el Estado no cambió paz por presos, tampoco puede ahora incluir el acercamiento en un pacto sobre Presupuestos
CON más de 350 crímenes de ETA sin aclarar, hayan o no prescrito, y muchos de ellos sin investigar siquiera, el acercamiento de presos se puede entender como una consideración genérica hacia los verdugos mayor de la que merecen las víctimas. Es cierto que la dispersión penitenciaria no fue una condena agravada, sino un método más de lucha contra el terrorismo, que hoy podría entenderse superfluo, habida cuenta del cese de la violencia. Pero para replantear el asunto habrían de darse ciertas condiciones que aún no se han cumplido. La primera y esencial, la propia disolución de la banda, acompañada a ser posible de la entrega simbólica, que no simulada, de sus armas. Luego, ayudarían una declaración de arrepentimiento y una petición de perdón; lo que desde luego el Estado no debe hacer jamás es adelantarse a los pasos que les quedan por dar a los terroristas y dar a entender que tiene más prisa que ellos en zanjar los trámites de su propia rendición.
En todo caso, lo que quede por hacer para cerrar ese capítulo negro ha de seguir la misma lógica de la lucha antiterrorista sin mezclarse con ninguna otra clase de negociación política. La de los presos es una cuestión asociada a un proceso de normalización cuya primera premisa consiste en el cumplimiento de la justicia. Existe margen de razón para discutir si la medida de alejamiento tiene sentido en la actualidad y hay voces sensatas –como la de Nicolás Redondo Terreros– que lo ponen en duda desde una reflexión honesta, respetuosa y legítima. Sin embargo, asociar la revisión a un pacto de estabilidad parlamentaria sería una mezquindad moral y un escarnio para las víctimas.
Es de temer que eso sea exactamente lo que vaya a ocurrir. El acercamiento de reclusos etarras al País Vasco figura en el menú de reclamaciones que el PNV negocia con el Gabinete de Rajoy para otorgar su apoyo a los presupuestos, y a tenor de las necesidades aritméticas del Gobierno resulta bastante probable que lo acabe obteniendo. El presidente ha dado prioridad política a la obtención de un compromiso sobre las cuentas de 2017, sin el cual se vería abocado a disolver la legislatura y poner el contador electoral a cero. Dado que socios no le sobran, la disponibilidad del nacionalismo vasco va a ser fundamental para el acuerdo.
He aquí una disyuntiva moral de primer orden. Un conflicto weberiano entre la ética de la responsabilidad y la de la convicción. Para los nacionalistas se trata de un episodio más de su pragmática y desaprensiva estrategia del árbol y las nueces, pero para el Gobierno representa un problema de lealtad a sus principios que no puede resolver con la calculadora de partidas de inversión. El terrorismo, con toda su carga de dolor compartido, como moneda de cambio en un toma y daca presupuestario: a ver con qué argumento se puede encuadrar un trato financiero dentro de la razón de Estado.