Estado de insumisión nacionalista

EL Parlamento de Cataluña oficializó ayer su estado de insumisión al Tribunal Constitucional, al votar la composición de la sedicente «junta electoral» competente para la consulta del 9-N. La votación y el acuerdo sobre este órgano constituyen una dolosa infracción del deber de acatar la suspensión de la ley de consultas y del decreto de convocatoria. No es una provocación al Estado, sino una agravación del desafío que acerca al Gobierno de Mariano Rajoy a la obligación constitucional de tomar medidas legales e institucionales en justa correspondencia a la quiebra de la legalidad cometida ayer por el Parlamento catalán. El Gobierno de Rajoy –y la Fiscalía General– sabe mejor que nadie cuáles son las responsabilidades legales que se derivan de estos actos de desobediencia, pero debe ser igualmente consciente de las consecuencias que esta declaración de insolente desacato al Tribunal Constitucional puede tener en el ánimo de los ciudadanos no nacionalistas de Cataluña. El Gobierno no puede esperar que la sociedad no nacionalista asuma la tarea de emprender un movimiento de respuesta al separatismo si el Estado no se hace presente de forma real y tangible en este conflicto llevando la ley a las puertas de la presidencia de la Generalitat y del Parlamento catalán. La quiebra de la Constitución en Cataluña es, ante todo, una agresión del nacionalismo catalán a los no nacionalistas, sometidos desde el pasado lunes a una presión intimidatoria de los sectores más extremistas del separatismo. El Gobierno y el PP han de valorar el sentimiento de abandono que puede extenderse entre muchos ciudadanos catalanes, y que puede apartarlos de las urnas en unas probables elecciones anticipadas que quizá dieran al nacionalismo más hegemonía de la que ya tiene.

En este proceso de ruptura de la legalidad, los nacionalistas no pueden acumular impunidades ni creer que las réplicas del Estado solo se producen en el registro de entrada del Tribunal Constitucional y con decisiones que, a la hora de la verdad, carecen de eficacia real. Es posible que la expectativa de tener que adoptar decisiones drásticas e inéditas genere vértigo en el Gobierno, pero su obligación es superarlo, porque no está gestionando una acción política coyuntural, sino la integridad del Estado de Derecho en toda España, no solo en Cataluña. Si la legitimidad de nuestro orden constitucional corre algún riesgo, no será debido a un nacionalismo instalado ya en el Código Penal, sino a las dudas de las instituciones y de las personas llamadas a asumir su defensa activa y militante. Rajoy cuenta con todo el respaldo de la ley y de la Constitución, con el apoyo de la inmensa mayoría de los españoles y con la comprensión de sus socios europeos para hacer lo que cada día resulta más inevitable.