KEPA AULESTIA, EL CORREO 16/02/13
· En nada se parecen más los partidos que en sus reacciones ante las denuncias de corrupción que les afectan.
Las acusaciones de corrupción son el recurso preferido en la contienda partidaria, donde las distintas formaciones buscan un factor ajeno a la liza ideológica o a la discusión sobre la solvencia programática o de gestión del adversario. El ‘dossier’ acusador es el arma secreta con el que sueñan todas las Ejecutivas para descolocar e incluso aniquilar a los demás. El golpe de suerte capaz de neutralizar al contrincante descubriendo el Talón de Aquiles de sus vergüenzas. En los países con regímenes autoritarios o con graves carencias de libertad, donde la corrupción forma parte del sistema, los gobiernos son derrocados cruenta o abruptamente bajo la acusación de que sus integrantes son corruptos para dar paso a otra trama de iniquidad. Las noticias sobre un posible cruce de actos de espionaje en la vida pública catalana, de un ‘todos a la búsqueda de un flanco débil en todos’, obligan a pensar en el peor de los escenarios que puedan darse en democracia.
Las acusaciones mutuas de corrupción tienden a banalizar el mal como si se tratase de un argumento oportunista de la pugna partidaria y, a la vez, de un problema tan general que resultaría ingenuo pretender superar. En nada se parecen más los partidos que en sus reacciones ante los casos de corrupción propia. Como si junto a la implacable contienda que protagonizan a cuenta de cada caso de corrupción desarrollasen un instinto de complicidad para preservar la especie, afectada por una patología que tratan de ocultar. En plena crisis política e institucional provocada por el chantaje al que Luis Bárcenas está sometiendo al Partido Popular, la número dos o tres del PSOE, Elena Valenciano, cobijaba a su antecesor José Blanco, relacionado con el ‘caso Campeón’, declarando: «Vamos a esperar. Tenemos plena confianza en la Justicia. Cuando la Justicia acabe su tarea, tendremos un juicio más exacto». Es difícil encontrar un ejemplo más elocuente de la connivencia partidaria a la hora de zafarse de la corrupción, que a la vez es el arma favorita en la contienda.
El hallazgo del presidente Rajoy de que «a veces no tomar una decisión es la mejor decisión» –refiriéndose a su renuencia a solicitar el rescate– inspira desde siempre la actitud de los partidos políticos frente a las denuncias de corrupción que afectan a sus filas. Todas las formaciones que se han visto implicadas por la actuación de sus miembros han mantenido la misma pauta: proteger a las personas señaladas apelando a la presunción de inocencia, demandar que la Justicia aclare cuanto antes la situación y esperar a que la siguiente cita electoral exonere políticamente a los encausados, imputados o investigados. Aunque es un patrón de conducta que toca a su fin.
La sucesión de casos de corrupción ha desbordado tanto el vaso que ya no sirven las tácticas de distracción. Cada gesto formal de transparencia –como la morbosa publicación de declaraciones de renta y patrimonio o la exposición de los balances anuales del PP– queda ensombrecido en su inutilidad por la opacidad con la que se preservan los secretos más vergonzantes: ninguna de las preguntas que suscita el caso Bárcenas, sus papeles y el vínculo contractual que le ha unido a Génova hasta anteayer han sido respondidas. Como si la ficción de una especie de ‘secreto de sumario’ exonerase a la directiva popular de dar cuenta de lo inexplicable. Cuando precisamente es lo inexplicable lo que los partidos debieran explicar para que su responsabilidad política no se convierta en culpabilidad política.
Los partidos no acaban de interiorizar los códigos éticos que han ido redactando para sí. Quizá porque habían sido ideados como guía de comportamiento para los miles de cargos públicos que se escapaban del control central, y ahora es ese mismo control central el que está en entredicho. Los partidos proponen la adopción de medidas legales para prevenir la corrupción, pero las desgranan con tal mala gana que invitan a pensar que siguen sin darse por aludidos. Cabe preguntarse qué debe ser antes, si la escala de valores que permita a cada responsable político actuar en consonancia no solo con lo que es legal sino incluso con lo que es moralmente aceptable, o la legislación que prevenga, persiga y sancione de manera más eficaz y severa la corrupción.
No es casual que los partidos se muestren parcos en iniciativas al respecto, porque cada nueva sugerencia pone al descubierto la diversa tipología del cohecho y la malversación y se convierte en un acta de inculpación. Cuando el pasado domingo en Bilbao Rubalcaba propuso penalizar a las empresas condenadas por soborno, impedir que las firmas comerciales sufraguen los gastos de los partidos y derivar a la Audiencia Nacional los casos de corrupción se quedó más que corto. Podía haber planteado, por ejemplo, que las empresas que contraten directa o indirectamente con las administraciones públicas no puedan hacerlo con los partidos, o que la situación fiscal de los cargos públicos sea sometida a una inspección especial, o que tanto las instituciones como las formaciones representativas se vean penal o pecuniariamente afectadas por las corruptelas que hayan amparado según el criterio de los tribunales.
La presunción de inocencia es un bien jurídico imposible de mantener inmaculado en una sociedad abierta, en la que la ciudadanía juzga y opina a cada instante sobre informaciones e incluso sospechas que circulan libremente. Es lo que hace que todo gesto de opacidad suscite inmediatamente un clima de sospecha. Que la negativa a responder a preguntas tan sencillas como si Bárcenas ha estado en nómina del PP hasta diciembre pasado acabe confirmando que sí.
Son las sospechas que, lejos de diluirse, acaban ocupando el escenario cuando en un arrebato de pulcritud los partidos adoptan decisiones drásticas de expulsión o de suspensión temporal de militantes sin explicar a qué se debe la depuración. Nadie ha dicho por qué el alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, ha dejado su cargo y por qué al parecer el PSC ha resuelto que no se presente a las próximas elecciones.
KEPA AULESTIA, EL CORREO 16/02/13