- Los incendios forestales, provocados en su mayoría, seguirán calcinando la superficie arbórea de España mientras no se persiga con una legislación dura y contundente a los pirómanos y no se haga corresponsables de la integridad y mantenimiento de los montes a sus vecinos con ayudas y menos prohibiciones
Los que hemos nacido debajo de la pinocha, entre pinares de laricios, salgareños y carrascos sabemos sobre el inconmensurable valor medioambiental y sentimental de los montes que nos vieron crecer. Nada puede provocarnos un desgarro anímico mayor y rompernos el corazón más, al margen del producido por la pérdida de un ser querido, que la contemplación de un paisaje calcinado que antes había sido una frondosa masa forestal y parte intrínseca y vital de esa patria que es la infancia.
Por eso comparto desde mi querida Sierra de Segura la inconsolable tristeza de las gentes de Galicia, León, Zamora, Cáceres, Madrid o Cádiz que han visto cómo sus predios verdes han mutado en tierra quemada por el fuego que se llevó vidas y haciendas en medio de su indefensión e impotencia para protegerlos y me solidarizo con ellas. Cabe preguntarse si después de dos semanas de fuego devastador, sin tregua ni final aún, vivimos en un Estado fallido o estamos gobernados por políticos cum laude en impericia e incompetencia para afrontar calamidades y catástrofes sobrevenidas o provocadas.
Sinceramente creo , después de las malas enseñanzas y experiencias dejadas por la dana en Valencia, que el problema estriba en los segundos y no en la capacidad extraordinaria del Estado para responder ante la adversidad. Y el primer responsable, no el único, es el Gobierno de la nación, el Gobierno de España, que tiene más y mayores competencias, además de la máxima autoridad ejecutiva y constitucional, para gestionar los infortunios de los ciudadanos en estrecha coordinación, así debería hacerse, desde el primer momento con los gobiernos autonómicos. España cuenta con un Estado fuerte y un gobierno débil e incompetente.
Cuando las aguas arrasan centenares de inmuebles y acaban con las vidas de sus moradores no se puede anteponer la burocracia estatal o autonómica al sentido común y a la urgencia para que el Estado responda ante esa emergencia nacional, declarándola como lo que es, y se haga presente allí donde los ciudadanos quedaron a la intemperie.
El Gobierno de España no puede seguir esperando, según la consigna de Sánchez, a que los náufragos con el agua entrándoles por boca y oídos le pidan los salvavidas a los que aferrarse para salvar sus vidas. Esa actitud negligente y sectaria se ha repetido con los devastadores fuegos de agosto en los que, de nuevo, ni Sánchez ni los ministros afectados, como Marlaska, se han puesto al frente, junto a los responsables autonómicos desde el primer instante para lidiar conjunta y coordinadamente los incendios.
Mientras no terminan de apagarse los rescoldos que dejaron las llamas que han carbonizado varios cientos de miles de hectáreas arbóreas asistimos al espectáculo lamentable de los reproches políticos por la gestión de la tragedia medioambiental sin ocuparse nadie de las causas que la provocaron y de las medidas para combatir la próxima en el futuro inmediato. Y la solución del problema no se puede residenciar solo como pretende Sánchez en un «pacto de Estado contra la emergencia climática» para afrontar danas y fuegos, o en finiquitar parte de la Agenda 2030, sino en la legislación, reglamentos, ordenanzas y normativas anteriores a la citada agenda, que «expropiaron» los bosques a sus vecinos prohibiéndoles llevarse la leña caída y las piñas e impidiendo, como obligan algunas organizaciones de ‘ecolojetas’, la tala de árboles para hacer cortafuegos.
El brindis de Sánchez para eludir responsabilidades apelando a un «pacto de Estado contra la emergencia climática» y creando «comisiones interministeriales sobre cambio climático» no salvará a los valencianos de sufrir otra riada letal mientras no se hagan las obras de infraestructuras hídricas previstas hace años en el barranco del Poyo y se antepongan los intereses de los ciudadanos a los de la huerta, cosa que no hizo el Ejecutivo del Botanic de Ximo Puig. Los incendios forestales, provocados en su mayoría, seguirán calcinando la superficie arbórea de España mientras no se persiga con una legislación dura y contundente a los pirómanos y no se haga corresponsables de la integridad y mantenimiento de los montes a sus vecinos con ayudas y menos prohibiciones y sanciones. La emergencia climática se combate declarándola cuando esta se produce, algo en lo que Sánchez vergonzantemente sigue inédito, y sobre todo incrementando los medios materiales y humanos del Estado y de las autonomías para, en primer lugar, prevenir incendios con la limpieza de los bosques y cortafuegos y después poder sofocarlos con más eficacia y determinación y no firmando prescindibles pactos que sólo sirven para hacerse la foto o creando inútiles comisiones interministeriales.