ABC-IGNACIO CAMACHO
La situación aún no justifica el 155 pero sí que el Gobierno formule a Torra la preceptiva advertencia por escrito
Porque octubre se presume complicado. Con el Gabinete en funciones, y una campaña electoral por medio, el nacionalismo sedicioso busca en el aniversario del 1-O y en la sentencia del procés el pretexto para reactivar su ánimo. Y ante la evidente deflación de sus huestes parece estar dispuesto a apelar a la movilización de los más exaltados. En la trifulca parlamentaria del otro día no hubo división entre los illuminati de JpC y los supuestos pragmáticos de una Esquerra que nunca se queda atrás en el activismo republicano y cuyo jefe es por ende el principal encausado por la revuelta de hace dos años. Los optimistas de conveniencia esperan que suceda como con la ilegalización de Batasuna, que prometía un incendiario clima social en el País Vasco y acabó en un sosiego balsámico. Pero el poder ha de tener previsto el peor escenario, incluida la posibilidad de que Torra decida inmolarse en su cargo antes de buscar habitación en cierta mansión de Waterloo. (Quizá eso le gustaría en el fondo a Sánchez porque lo liberaría de un interlocutor atrabiliario).
Lo único constatable, por el momento, es que las instituciones autonómicas están de nuevo al límite de la desobediencia. Y que están volviendo a tantear al Estado para ponerlo a prueba. Con este presidente nunca se sabe –y menos si anda apurado por los sondeos– cuál puede ser el tono de la respuesta, pero no resultaría extraño que por una vez fuese, siquiera por oportunismo electoral, enérgica. Tiene margen: el secesionismo no dejará de considerarlo un mal menor mientras dependa de él la gestión de sus eventuales condenas.