ABC-IGNACIO CAMACHO

La situación aún no justifica el 155 pero sí que el Gobierno formule a Torra la preceptiva advertencia por escrito

EL pensamiento buenista, interesadamente ilusorio, sostiene que la recrecida insurgente del separatismo obedece a su propia falta de cohesión, a su desfondamiento político, a la necesidad de agitar emociones colectivas para recuperar protagonismo. Puede ser cierto, aunque en cambio es seguro que quienes sostienen esta tesis lo hacen para justificar su posición contemplativa, su calculada renuencia al conflicto. O porque gobiernan la Diputación de Barcelona con los autores del alboroto del jueves, los que han pedido la salida de la Guardia Civil de Cataluña y dado apoyo expreso a unos individuos arrestados por orden judicial bajo sospecha de estar preparando explosivos. De un modo u otro, los hechos resultan concluyentes: el Parlamento autonómico volvió a situarse en estado insurreccional, en abierto desafío a la Constitución y a la ley penal española, y la mayoría independentista cruzó una línea ante la que hasta ahora se había detenido: la de amparar oficialmente a unos acusados de terrorismo. El día de furia rozó los requisitos que justifican la aplicación del Artículo 155, y desde luego ofreció sobrados motivos para que el Gobierno de la nación dé el paso previo de apercibir a las autoridades levantiscas por escrito. Aunque sólo sea por ir adelantando camino.

Porque octubre se presume complicado. Con el Gabinete en funciones, y una campaña electoral por medio, el nacionalismo sedicioso busca en el aniversario del 1-O y en la sentencia del procés el pretexto para reactivar su ánimo. Y ante la evidente deflación de sus huestes parece estar dispuesto a apelar a la movilización de los más exaltados. En la trifulca parlamentaria del otro día no hubo división entre los illuminati de JpC y los supuestos pragmáticos de una Esquerra que nunca se queda atrás en el activismo republicano y cuyo jefe es por ende el principal encausado por la revuelta de hace dos años. Los optimistas de conveniencia esperan que suceda como con la ilegalización de Batasuna, que prometía un incendiario clima social en el País Vasco y acabó en un sosiego balsámico. Pero el poder ha de tener previsto el peor escenario, incluida la posibilidad de que Torra decida inmolarse en su cargo antes de buscar habitación en cierta mansión de Waterloo. (Quizá eso le gustaría en el fondo a Sánchez porque lo liberaría de un interlocutor atrabiliario).

Lo único constatable, por el momento, es que las instituciones autonómicas están de nuevo al límite de la desobediencia. Y que están volviendo a tantear al Estado para ponerlo a prueba. Con este presidente nunca se sabe –y menos si anda apurado por los sondeos– cuál puede ser el tono de la respuesta, pero no resultaría extraño que por una vez fuese, siquiera por oportunismo electoral, enérgica. Tiene margen: el secesionismo no dejará de considerarlo un mal menor mientras dependa de él la gestión de sus eventuales condenas.