EL CONFIDENCIAL 15/02/17
JOSÉ ANTONIO MARINA
· El enfrentamiento político se manifiesta en los temas educativos. El papel del Estado en la educación está abierto a discusión
Los debates políticos suelen ser con frecuencia monólogos enfrentados. O sea, no debates. Nadie convence a nadie. En un libro recientemente traducido, antiguo pero muy actual (‘Política moral. Cómo piensan progresistas y conservadores’, Capitán Swing, 2016), George Lakoff muestra algo que estudios más recientes han confirmado: las posiciones políticas suelen obedecer a motivos no racionales. Son preferencias emocionales, incluso caracterológicas, que luego buscan justificación. Resultan invulnerables a la crítica porque solo perciben los datos o los argumentos que las favorecen. Se trata de un conocido proceso de autodefensa que genera mecanismos de inmunización cognitiva. Todos podemos caer en ellos, por lo que uno de los más urgentes objetivos de la filosofía es alertar sobre este fenómeno, y fomentar una postura crítica que siempre resulta enormemente difícil de mantener.
La libertad consiste en que nadie limite mi capacidad de actuar
Es evidente que el enfrentamiento político se manifiesta en los temas educativos y es una de las razones que dificultan un pacto. Pondré como ejemplo el tema de la ‘educación pública’, es decir, del papel que el Estado debe tener en la educación. Las mentalidades proclives al socialismo defienden el protagonismo absoluto de la ‘escuela pública’, gestionada estatalmente. Las mentalidades neoliberales, piensan que la presencia del Estado en la educación lleva inevitablemente al adoctrinamiento y al despilfarro. Los primeros consideran que los sistemas educativos están siendo infectados por un GERM (Global Education Reform Movement), impulsado por la OCDE y el Banco Mundial, con la ayuda de PISA, para privatizar el sistema educativo de todas las naciones, y avisan de los catastróficos efectos que puede tener. La postura neoliberal piensa que la libertad está en peligro si el Estado se mete a educar.
En los ‘Papeles para un pacto’, hemos estudiado las dos posturas, pero una utópica confianza en las virtudes del debate me hacen plantearlo al gran público. Comenzaré comentando la postura neoliberal, aprovechando el artículo de Juan Ramón Rallo publicado hace una semana en El Confidencial. La conclusión era: “La educación pública no es más que una forma de arrebatarle a cada ciudadano el derecho a gestionar su propia educación para entregárselo a una burocracia funcionarial y a una oligarquía política que lo administrará en su propio beneficio: no en el nuestro”. Descalificaciones tan simplistas —ofensivas, por ejemplo, para todos los docentes funcionarios— y tan escépticas acerca de la capacidad de la democracia para defenderse de las ‘oligarquías políticas’ no animan a debatir, pero voy a hacerlo.
“Dejad hacer»
La sección de Rallo se titula ‘Laissez faire’ (dejad hacer), que es aparentemente un cántico a la libertad: la libertad consiste en que nadie limite mi capacidad de actuar. La frase completa es “Laissez faire, laissez passer. Le monde va de lui même”. Dejad hacer, dejad que las cosas sucedan. Es mejor que el mundo vaya a su aire. Esto lo dijo un economista francés del siglo XVIII, pero no lo hubiera podido decir un esclavo de Saint-Domingue coetáneo suyo. ¿Se hubiera abolido la esclavitud siguiendo el lema elegido por Rallo? Volviendo al presente, en buena lógica neoliberal, el sistema financiero debe estar desregulado. Y si sucede una crisis como la de 2008, el Estado no debe intervenir, sino dejar que los bancos ineficaces quiebren y desaparezcan. En este darwinismo financiero se olvida un detalle: los más perjudicados no serían los responsables del desastre, sino las víctimas inocentes.
Pero estábamos hablando de educación. Antes de saber si la postura ‘socialista’ o la postura ‘neoliberal’ tienen razón, debemos hacerles contestar a tres preguntas: (1) ¿la educación forma parte de los derechos humanos?, (2) en caso afirmativo, ¿cuál es el contenido de ese derecho?, y (3) por último, ¿cómo se puede poner en práctica de la manera más justa y eficiente?
En este darwinismo financiero se olvida un detalle: los más perjudicados no serían los responsables del desastre, sino las víctimas inocentes
Los neoliberales tienen un problema con los derechos humanos: no creen en ellos. (Por cierto, el marxismo tampoco). La historia del liberalismo es paradójica. Su gran logro fue la democracia liberal. Pero como señaló Norberto Bobbio en ‘El fin de la democracia’, «la democracia fue llevada a sus extremas consecuencias por la democracia de masas, o mejor dicho de los partidos de masas, cuyo producto es el estado benefactor”. Los neoliberales consideran que esa amplificación de las tareas del Estado atenta contra la libertad individual, que la democracia se ha vuelto parricida y puede matar al liberalismo.
Conviene recordar que ‘democracia’ y ‘liberalismo’ no son sinónimos. La democracia trata de cómo se gestiona el poder. El liberalismo, de los límites de ese poder. Puede haber democracias no liberales y viceversa. Friedrich Hayek, el gran ideólogo del neoliberalismo, elogió el régimen de Pinochet. “Personalmente —afirmó—, prefiero un dictador liberal que un Gobierno democrático falto de liberalismo”. Enfrentaba los “viejos derechos civiles” (que protegían la libertad y la propiedad) a los “nuevos derechos sociales y económicos” (interesados por la igualdad), y afirmaba que “no pueden simultáneamente prevalecer, por ser de hecho incompatibles. No cabe imponer legalmente los nuevos derechos sin conculcar al mismo tiempo ese orden liberal que los viejos derechos civiles propician”. Los viejos derechos eran una propiedad individual (derecho subjetivo) que protegía de los enemigos, en especial del Estado. Los otros son “derechos de crédito”, que legitiman recibir gratuitamente algo de la sociedad. Consideraba que el concepto ‘justicia social era contradictorio y alteraba el buen funcionamiento de las cosas.
La mano invisible
En el caso que nos ocupa, desde un punto de vista neoliberal, el derecho a la educación significa que nadie puede impedir a una persona que se eduque. Lo que no reconoce es que tenga el derecho a recibir una buena educación. La ‘mano invisible’ —la búsqueda del interés propio y la competición— se encargará de resolver ese problema. Por desgracia, la ficción de la mano invisible no funciona. ¿Alguien piensa que se hubieran conseguido las tasas actuales de alfabetización espontáneamente, sin la acción del Estado? ¿Se hubiera conseguido la igualdad educativa de la mujer? ¿Va a arreglar el mercado la accesibilidad a niveles educativos de alto nivel? En Estados Unidos, 40 millones de graduados acumulan una deuda de 1,3 billones de dólares por sus estudios universitarios. ¿Es una buena solución?
El problema que hay en el fondo del neoliberalismo es una sectaria —y por eso falsa— idea de libertad. Considera que los hombres son libres por naturaleza, y que es el Estado quien coarta su ‘free choice’, su libertad de elección. Identifica la libertad con la libertad política y olvida que la libertad de elección procede, entre otras cosas, del conocimiento, es decir, de la educación. En una democracia, una persona sin educación y sin trabajo es jurídicamente libre, pero ¿lo es en cuanto a su capacidad de decisión? La educación capacita para la libertad y, por eso, los buenos liberales de antaño la defendieron a ultranza. El Estado no debe limitarse a proteger las libertades, sino a promover las libertades. Ese fue el lema de la Ilustración.
Admitir un Estado promotor resolvería alguno de los puntos oscuros del neoliberalismo. Por ejemplo, la economía neoliberal elogia —y ahora con Trump más— la capacidad de las empresas norteamericanas para innovar en un mercado competitivo y no regulado. Olvida que la investigación básica que después han aprovechado gratuitamente esas empresas punteras ha sido financiada con fondos estatales, como ha señalado Mariana Mazzucato en su libro ‘El Estado promotor’. También resolvería algunos de los problemas del modelo socialista, del que hablaré en otro artículo.
Queda así planteada la primera cuestión para el debate: ¿hay un derecho fundamental a recibir una buena educación? Si se contesta afirmativamente, habría que pasar a la segunda cuestión: ¿cuál es el contenido de ese derecho? Y solo después podríamos pasar al aspecto práctico y técnico: ¿lo cumple mejor un sistema educativo gestionado por el Estado?, ¿debe ser el Estado proveedor de educación o garantizador del derecho o promotor, o todo a la vez? Si ustedes quieren, el debate continuará.