Alguien debería encargar una encuesta entre los jóvenes trabajadores españoles (subrayo trabajadores; es decir, contribuyentes a las arcas de Hacienda y cotizantes a la Seguridad Social) para preguntarles qué piensan de la política de pensiones adoptada por este Gobierno. Qué opinan de esas subidas de 8,5 por ciento en las nóminas de sus padres o abuelos, cuyo coste, cerca de 18.000 millones de euros solo el año que viene, deberán sufragar en buena medida ellos, con unos empleos a menudo precarios y casi siempre mal pagados. Cómo se plantean emanciparse, crear una familia, comprarse una vivienda y no digamos tener hijos, cargando sobre las espaldas la losa gigantesca que les han echado encima estos políticos demagogos, cobardes e irresponsables, incapaces de pensar más allá de las próximas elecciones.

España es uno de los países más longevos del mundo. También uno de los que menos ahorra. El coste de las pensiones supone la parte del león de los presupuestos generales del Estado, más de 190.000 millones de euros en 2023, y crece de año en año a un ritmo acelerado. Nadie se ha atrevido a poner el cascabel a este peligroso gato, pero al menos la anterior administración popular introdujo un factor de sostenibilidad en el sistema destinado a contener ese incremento desbocado. Con Sánchez y sus socios de Podemos el freno saltó por los aires, al ligar por ley al IPC el ajuste de esa partida, y la actual escalada inflacionista ha terminado de configurar la tormenta perfecta. La demagogia desplegada al abordar esta espinosa cuestión es tanta y tan burda, el electoralismo tan rampante, que cualquier voz discrepante está condenada a predicar en el desierto antes de ser lapidada.

La solidaridad con los jubilados es sagrada, nos dicen. Ellos se lo han ganado (y sobre todo son nueve millones de potenciales votantes, piensan quienes deciden). Pero ¿qué hay de la solidaridad con quienes empiezan su andadura laboral? ¿Quién va a darles la oportunidad de recorrer un camino de progreso, cuando el Ejecutivo establece nuevos impuestos al empleo en forma de cotizaciones cada vez más gravosas, como parche con el que tapar el agujero que genera? ¿Es normal que entre 2006 y 2020 la pensión media subiera más del doble que el sueldo medio y a estas alturas lo supere ya en unos cien euros mensuales? ¿Resulta aceptable que las retribuciones públicas sean un 58 por ciento más elevadas que las del sector privado y se siga ensanchando esa brecha? ¿Qué clase de futuro auguran esas cifras a nuestro país?

Algunos pensamos que la UE impondría cordura en esta carrera hacia el abismo e impediría la consumación de esta barbaridad. No lo ha hecho. El sistema español de pensiones se asemeja cada día más a una estafa piramidal cuyas víctimas serán nuestros hijos.