- España está en la ruina y, lejos de reaccionar, consolida el abuso, el derroche y la injusticia por norma
La lista de penalidades que sufren familias, autónomos, trabajadores por cuenta ajena, pequeños comerciantes y empresas familiares es formidable; aunque la crónica oficial del Gobierno, amparada por su inabarcable legión de alfombras mediáticas, la esconda, manipule o falsee sin pudor alguno.
Y si en el ámbito individual el desastre es inmenso, en el público no es mejor: la deuda pública ha subido en otros 66.000 millones en un trimestre, multiplicando por cuatro las previsiones remitidas a Bruselas; el exceso de deuda ante las normas fiscales europeas llega ya a los 718.000 millones; las horas trabajadas reales, frente a la propaganda oficial, están un 7 por ciento por debajo de 2008; la deuda real de la Seguridad Social debe rondar ya los 130.000 millones y, por no eternizar el listado de desperfectos, la presión fiscal real ha subido en dos décadas ya casi un 100 por ciento.
Todos estos datos, y muchos más, aparecen a diario en este periódico gracias al esfuerzo titánico, la decencia intelectual y los conocimientos profesionales de Jose Ramón Riera y de Jordi Benítez, entre otros, y resultan tan incontestables y demoledores como minoritarios en un ecosistema sanchista donde la verdad ya no es relevante.
Todo el mundo podría responder a cada mentira de Pedro Sánchez, de Nadia Calviño, de Yolanda Díaz o de María Jesús Montero con un documento formal, una cifra real y un informe preciso elaborado por instituciones oficiales, españolas o internacionales, que no dejan lugar a la duda y emiten la misma conclusión.
Media España vive de la otra mitad, y la mitad que trabaja, se sacrifica, no descansa y apenas libra ve crecer su esfuerzo, hasta extremos inhumanos, mientras el de la otra media disminuye y se habitúa a recibir sin control alguno, a cambio de nada o de poco, ignorando o despreciando a quienes les pagan todo, como si tuviera el derecho natural a eternizarse en una beneficencia insostenible y clientelar con la que el Régimen aspira a perpetuarse.
La «España mantenida» incluye a segmentos poblacionales que lo merecen, se lo han ganado o lo necesitan, sin duda. Pero también a una inmensa fauna de vividores del cuento encabezada por la propia Administración Pública, gestionada por unos políticos incapaces de implementar las reformas necesarias porque ellos serían los primeros damnificados.
Hemos visto caer a pequeñas tiendas de barrio, empresas familiares de todo tipo, autónomos desesperados y trabajadores por cuenta ajena con sueldos miserables porque sus empresas viven en la miseria. Pero no se ha cerrado ningún observatorio del clima, ningún instituto de la mujer, ninguna facultad vacía, ningún colegio sin niños, ninguna concejalía sin funciones y ninguno de los inaceptables chiringuitos que, con la excusa de fortalecer el Estado de Bienestar, han consolidado un Bienestar del Estado ruinoso.
La imposibilidad de unir a quienes padecen este drama y tiene razones para la protesta se combina con la capacidad de cohesión y movilización de quienes dicen defender derechos pero solo aspiran a mejorar privilegios, entre los cuales están todos los partidos de la izquierda reaccionaria, los sindicatos habituales, los medios de comunicación pastueños y recaudadores y ese ejército de economistas de cabecera que adecentan las falacias con supuesta solvencia técnica en realidad inexistente.
Por eso solo una política valiente será capaz de resolver el primer gran problema de España, saqueada por quienes dicen ser la Policía, en nombre de unos ciudadanos a los que solo les llegan las migajas. Ahí tienen liberales y conservadores una bandera de verdad, a ondear sin estridencias, sin el verbo denigrante de tipos como Milei, pero con la contundencia que cabría esperar de quien de verdad busca la justicia y la supervivencia de un país en bancarrota.