Un elemento esencial de la democracia real es el principio de legalidad, respecto al que la Constitución (preámbulo) proclama la voluntad de «consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular», la cual determina el modo en el que la Administración pública «sirve con objetividad los intereses generales» de la sociedad (artículo 103-1). Sin embargo, vemos con frecuencia que las decisiones públicas se asientan más bien en su impacto electoral, con lo que parece que se priorizan los intereses propios de los grupos políticos sobre los generales. Y eso no es democracia real.

Dentro de la dinámica institucional, destaca la degradación del debate político y de la vida parlamentaria (aunque no en todos los lugares). Afloran con naturalidad clamorosas incoherencias políticas (se defiende hoy lo que se criticaba ayer) y el debate riguroso y respetuoso, propio de una democracia real, es sustituido por bulos, mentiras, insultos y difamaciones. Se atribuye a Sócrates la frase «cuando el debate se ha perdido la calumnia es la herramienta del perdedor». Ni hecha a medida.

En medio de ese bullicio infernal la ciudadanía ve, con preocupación creciente, la insuficiencia o el desacierto de las políticas y actuaciones administrativas en parcelas tan sensibles como la sanidad, la inseguridad ciudadana, la inmigración, la educación…, lo que pone en entredicho a las instituciones y administraciones públicas. No sé por qué la democracia, a pesar de su legitimidad política, es más blanda que los regímenes autoritarios con la delincuencia y la inseguridad ciudadana.

El Consejo General del Poder Judicial ha permanecido caducado durante casi seis años por falta de acuerdo entre el PSOE y el PP en la renovación de sus miembros. Y cuando se han puesto de acuerdo en diez a propuesta de cada uno, tampoco se ha podido elegir a la presidenta hasta hace pocos días debido al empate continuado entre los dos grupos. Botón de muestra de la división de jueces y magistrados/as, en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional entre los sectores conservador y progresista, según la propuesta de uno u otro partido para su elección que tiene el peligro de que sus actuaciones judiciales se deban más a la afinidad con el sector a que pertenezcan (de carácter político) que a los criterios legales y jurídicos (que son su cometido) ¿Dónde quedan el Estado de Derecho, el imperio de la ley y la independencia judicial, señas de identidad de una democracia real?

Con este panorama, no es de extrañar que algunas actuaciones judiciales «raras» susciten la sospecha sobre si están respondiendo a fines espurios, bajo el pretexto de una invocada independencia judicial. ¿Dónde está el límite de ésta?, porque alguno habrá de tener, pues en otro caso, el Poder Judicial se comería a los otros poderes y se estaría caminando hacia una dictadura judicial.