Editorial, EL MUNDO, 31/8/11
EL CONGRESO dio luz verde ayer a la tramitación de la reforma constitucional para garantizar el principio de estabilidad presupuestaria con 318 votos favorables, cifra que supera con creces los tres quintos necesarios de acuerdo con las previsiones constitucionales. El debate transcurrió por cauces desconocidos, sin reproches entre los portavoces de PSOE y PP, que habían firmado conjuntamente la iniciativa. Ambos tuvieron que emplearse dialécticamente para rechazar los argumentos del resto de los grupos nacionalistas y de izquierda, todos los cuales –a excepción de UPN que votó a favor– se opusieron al texto, en el fondo y en la forma. La incógnita de si los diputados socialistas acatarían la disciplina quedó despejada para alivio de Zapatero y de Rubalcaba, que se emplearon a fondo en convencer a los críticos. Sólo el ex líder de CCOO, Antonio Gutiérrez, rompió la disciplina, como ya hizo con la reforma laboral.
La dureza en la tribuna del portavoz de CiU, además de asustar al PSOE hasta el punto de que Rubalcaba le convocó a una reunión posterior, puede resumir bien la irritación que el pacto PSOE y PP ha causado en las formaciones nacionalistas –PNV, BNG, ERC–, acostumbradas a inclinar la balanza hacia una u otra mayoría parlamentaria. Acusó Duran a los partidos firmantes de haber roto «el consenso constitucional». CiU tiene escasa autoridad para denunciar que 318 diputados no son bastantes para aprobar la reforma, después de asumir que el nuevo Estatuto catalán fuera aprobado por mayoría absoluta, a pesar de la oposición de un partido como el PP, que representa a media España.
Pero la clave de la oposición de Duran, y la razón por la que amenazó PSOE y PP con un «choque de trenes», no es otra que el apartado 6 del nuevo artículo 135, que impedirá que las autonomías establezcan su propio techo de gasto. El dirigente catalán se quejó de que los socialistas hayan cambiado su posición de que el límite del déficit fuera decidido por los parlamentos autonómicos. Esta irritación de los nacionalistas, a pesar de que el principio es flexible en momentos de dificultad, no puede explicarse únicamente por un precepto tan de sentido común como mantener la disciplina fiscal. Lo que en realidad les molesta es que su sueño de una España confederal se desvanece cuando PSOE y PP llegan a un pacto de Estado, como es el caso. «Sólo se ponen de acuerdo para ir contra nosotros», se lamentó. Es precisamente esa irritación la que demuestra que el acuerdo es bueno para el país. Claro que sería deseable incorporar a los nacionalistas al consenso, pero demasiadas veces en los últimos años han puesto en evidencia su deslealtad con los principios constitucionales. Sería muy deseable para garantizar la viabilidad del Estado –«unitario» mal que le pese a Duran– que socialistas y populares, tras las próximas elecciones, continuaran por la senda de los acuerdos en esta materia.
Más allá de su entendimiento, los portavoces del PSOE y PP dejaron pasar en el debate una oportunidad de oro para aclarar ante la Cámara, y por tanto ante la ciudadanía, la verdadera razón de esta reforma: cumplir las instrucciones del BCE, que como fiador de España en los mercados de deuda, nos ha puesto obligaciones. Alonso y Sáenz de Santamaría obviaron –en un ejercicio de amnesia selectiva– la grave tesitura por la que ha pasado España en el mes de agosto. Es obvio que han tenido que hacer la reforma deprisa y corriendo porque de lo contrario, a lo mejor el BCE dejaba de comprar deuda española, con las terribles consecuencias que ello tendría. Si lo hubieran explicado, habría quedado más en evidencia la demagogia de los portavoces de algunas minorías en defensa del referéndum.
Editorial, EL MUNDO, 31/8/11