Pregunta.– Tras releer el primer manifiesto de Cs… ¿se confunde el nacionalismo con el independentismo?

Respuesta.– Ahí hablábamos del nacionalismo identitario: los pueblos tienen una identidad colectiva que es una ideología, algo que choca con los principios liberales, donde la identidad es individual y las ideas son de las personas, no de los pueblos. El nacionalismo identitario cree que a todo pueblo le corresponde una nación. Es la teoría de Mancini: a todo pueblo le corresponde un Estado. Algunos la aplican estrictamente, lo que les lleva a ser independentistas. A otros, con conseguir autonomías y poder para proteger esa identidad colectiva, ya les es suficiente. Aunque con el tiempo siempre se llega a la necesidad de la independencia.

P.– ¿Está cumpliendo Cs con el propósito fundacional de un «partido identificado con la tradición ilustrada, la libertad de los ciudadanos, los valores laicos y los derechos sociales que debería tener como propósito la denuncia de la ficción política instalada en Cataluña»?

R.– Es lo que defendía y defiende.

P.– No me refiero a si se ha desviado de sus principios teóricos, sino a si como líder de la oposición en Cataluña ha tenido una inactividad pragmática. ¿Debería haber propuesto, por ejemplo, una moción de censura?

R.– Las mociones de censura sólo se hacen si se van a ganar o para darse a conocer. Otra cosa es si me pregunta si Inés Arrimadas debió haber intentado gobernar. Hizo bien en no presentarse. No tenía ninguna posibilidad de presidir la Generalitat porque ni PP ni PSC la hubieran apoyado. Se habría dado la imagen de que eres el primer partido frente al bloque secesionista pero estás aislado. Y sería perjudicial para ellos. Eso sí, una vez elegido Torra, Cs debería tener no más contundencia en el rechazo de la independencia, que ya la tiene acreditada, sino un plan de desbloqueo.

P.– ¿Como Sánchez al dialogar con Torra?

R.– Yo creo que es muy ingenuo al dialogar con Torra. Éste le sacará todo el provecho que pueda y no llegarán a nada más que a una política de postureo y a decir que se ha creado un nuevo clima. El nuevo clima es la tensión en las calles. Y es muy triste que se resuelva no hablando de política entre amigos y familiares.

P.– ¿La solución es política…?

R.– ¿…O judicial? No se pueden contraponer. Estamos en un Estado de derecho y si las contraponemos parece que los jueces no están dentro de él. Debe haber una salida política y, dentro de ésta, el Poder Judicial es autónomo para dictar sus resoluciones en los casos en los que se le requiera. Aquí lo grave es que quien encabeza la rebelión, desobedeciendo leyes, es la Generalitat: un poder del Estado cuyos límites están en las leyes. Y Torra ya ha dicho que no acatarán las leyes. Lo que han hecho, digan lo que digan los jueces de cualquier país, es un golpe de Estado. Como lo fue cuando Hitler. Con contenidos distintos, pero desde el punto de vista de desobediencia clara y explícita fue igual.

P.– Pero el auto del tribunal de Schleswig-Holstein…

R.– Afortunadamente, los delitos de alta traición y de rebelión no se practican mucho, por lo que para tener una idea de lo que son hay que interpretar las palabras de la ley. Está claro que la doctrina se ha dividido. Pero decir que no ha habido violencia suficiente es asumir que si el golpe hubiera triunfado la violencia sí habría sido suficiente. Entonces… ¿sólo es delito si se consuma, en este caso, el cambio del orden político de un país? Se trata de una argumentación bastante débil que deja en ridículo a este tribunal alemán.

P.– ¿Hubo violencia el 1-O?

R.– Hubo violencia desde septiembre, en diversos episodios, tanto en las sesiones parlamentarias como en la calle. Y negligencias. Por parte de quienes debían impedir que miles de colegios abrieran. ¡Si padres, como mi hija, ya sabían lo que iba a pasar! La directora les animó a pasar la noche del fin de semana en los colegios con los niños. Si ellos lo sabían, ¿qué hacían el CNI, la Policía Nacional, los Mossos…?

P.– ¿La decisión del tribunal alemán dilapida la confianza entre ambos Estados o sus sistemas judiciales?

R.– No exageremos. Pone en cuestión si hay que modificar la euroorden. Porque este delito, alta traición o rebelión, no está entre los 32 que señala. Quizá habría que añadirlo. Pero la euroorden funciona, habitualmente, bien. Y se basa y evidencia la unidad y confianza de los jueces entre países.

P.– ¿Dónde está el relato estatal para combatir el independentista?

R.– Más importante que el fin independentista son las mentiras que se lanzan para llegar a él. Los independentistas mienten deliberadamente y quien hace esto no puede construir un Estado democrático y de derecho. Son sospechosos de que crearán un Estado con tendencia totalitaria de la peor especie. El Gobierno de la Generalitat ha sabido construir su relato. El español, no. El señor Rajoy no ha hecho nada para comunicar que España es, desde hace 40 años, un Estado democrático. No se ha vendido el éxito de estas décadas, todos los cambios sucedidos desde la muerte de Franco. El relato está hecho. Sólo hay que venderlo.

P.– ¿Qué hay de quienes rinden culto todavía al dictador brazo en alto? En otros países, es delito…

R.– Apenas mil personas de 42 millones. Respecto a los delitos de odio, dudo sobre si caben o no dentro de la libertad de pensamiento o de expresión. Los delitos de odio son muy peligrosos en el sentido de caer en la tentación de abusar de ellos. Soy partidario de las democracias no militantes y vivimos en una no militante y liberal en la que caben todas estas expresiones.

P.– 40 años… ¿es anacrónica la Constitución?

R.– En absoluto. Estos 40 años de prosperidad muestran que la Constitución funciona. Y en especial, las comunidades autónomas, tan criticadas, que han servido para repartir mejor los beneficios del Estado social.

P.– ¿Cuál es el dilema de la España de las CCAA?

R.– Entre buscar más descentralización o más integración. Y me inclino por lo segundo. La descentralización ya es máxima, pero falta el elemento integrador. Que no quiere decir volver al centralismo, sino que las comunidades deben participar más en las distribuciones del Estado. Y para eso deben mantener lealtad.

P.– Justo lo que se echa en falta últimamente.

R.– Hay dos tipos de independentistas. Uno que cree que la independencia está al alcance de la mano. Son la mayoría de ciudadanos de a pie, que no entiende de estas cosas pero que de sentimiento es independentista. Y algunos dirigentes, los menos cultos y formados. Y otro tipo que cree que debe aprovechar la amenaza de la independencia para cambiar la posición de Cataluña dentro de España. Cambiar su posición constitucional para que no seamos un Estado federal, que es lo que somos, donde todos tienen las mismas competencias. Algunas comunidades pueden tener más peso político que otras, pero siempre debe ser por cuestiones fácticas, no jurídicas. Y aquí lo que se quiere es un cambio por cuestiones jurídicas.

P.– ¿No existen, entonces, problemas que exijan una reforma ineludible de la Constitución?

R.– Hay tres cuestiones a reformar. La integración, donde la reforma del Senado es clave, convirtiéndolo al estilo alemán en una Cámara donde estén los Gobiernos de las comunidades con funciones relativas a ellas. Dos, un cambio en el sistema de competencias: todo aquello que no sean competencias del Estado, deben serlas de las comunidades: igualándolas y dejando el sistema más claro, convirtiendo los estatutos en normas institucionales básicas de organización interna, sin ser, ni siquiera, leyes orgánicas. Y tercero, cambios en el sistema financiero. La Constitución debiera contemplar más principios para no hacer tan incierto el sistema de financiación y para que el margen del legislador para cambiar las leyes estuviera más acotado.

P.– ¿Asistiremos a alguna reforma en breve?

R.– Desde el año 1980, la peor composición del Congreso para hacer una reforma es la actual. Se ha pasado de un Congreso en el que PP y PSOE dominaban a uno en el que tienen fuerza la tendencia independentista y la de Podemos, que dice que la Constitución está viciada y que hay que empezar otro proceso constituyente. Es el peor momento para iniciar la reforma. Otra cosa es que vayamos detectando los puntos a cambiar, que tienen que ser muy pocos.

P.– ¿Está la Constitución escrita en masculino?

R.– En absoluto. Su lenguaje es inclusivo. El género gramatical, no confundir con el biológico o sexual, masculino es inclusivo y el femenino, exclusivo. Si se quiere cambiar, que lo diga la Academia. Uno de los principios de la gramática es la claridad. Si quieren oscurecer el lenguaje con modos tipo «el rector o la rectora», que lo hagan, pero leer las leyes de esa manera es una tortura.

P.– ¿Estas concepciones inclusivas y «exclusivas» son fruto de una Educación machista?

R.– No, de una cultura machista. Provenimos de donde provenimos. De eso no tengo dudas. Ahora: quien crea que cambiando el lenguaje cambia la realidad, no quiere cambiar la realidad, quiere adornarla. Es la realidad la que debe cambiar el lenguaje. Esto es lo que debería preocupar a la vicepresidenta Calvo: cambiar la realidad de la igualdad hombre/mujer (y eso que ya se ha hecho muchísimo en este aspecto).

P.– ¿Qué diría hoy la antigua Convèrgencia si la arroparan los Comités de Defensa de la República?

R.– Se ha jugado a un juego muy peligroso, a caballo de un tigre. De apoyarse en la ANC y en Òmnium se ha pasado a grupos violentos que acabarán atacando a los dirigentes nacionalistas por traidores. Porque en algún momento, pese a que han dicho que no lo harán, pactarán. Entonces les dirán que han mentido. Y tendrán parte de razón. La Convèrgencia histórica está avergonzada de este juego, pero calla. Y quien calla, otorga. Uno se acomoda en esta vida y no quiere asumir su responsabilidad de haber sido una personalidad importante.

P.– ¿Otorga el Gobierno de Pedro Sánchez cuando permite que se veje al Rey en Cataluña?

R.– Lo que ocurre es lamentable por parte de las autoridades catalanas, que ni respetan la ley ni las formas. Pero también es lamentable que el Estado no ampare más al Rey. Por otra parte, que los Princesa de Girona se entreguen en un restaurante de bodas o que se declare a Felipe VI persona non grata sin que la sociedad reaccione quiere decir que la situación está muy mal. Muestra de que el independentismo va ganando terreno por cansancio, como se gana en las dictaduras. Hay que leer a Haffner para ver cómo se transforman las sociedades bajo el influjo de las ideologías dominantes.

P.– ¿Es defendible hoy la vigencia de la Monarquía?

R.– La Monarquía ha sido muy importante durante la Transición. Y sigue siéndolo. Conservarla es mantener unos equilibrios que son necesarios. Tocarla sería desequilibrar y volver a tiempos que parecían superados. Sólo habría que romper con la Monarquía si el Rey se extralimitara en sus funciones o tuviera comportamientos inadecuados; y me refiero a delictivos, no a rumores. Pero si no… pensemos que de los 10 países con mejores democracias del mundo, siete son monarquías, países de gran progreso, de gran igualdad social.

P.– ¿Se puede hablar de igualdad social cuando el funcionamiento de una institución lo rige la sangre?

P.– ¿No hay igualdad social en Dinamarca, Suecia, Noruega, Holanda, Luxemburgo…? Es una institución peculiar, producto de una evolución histórica. Las monarquías sólo caen cuando no son democráticas.

P.– Como buen conocedor de los entresijos del sistema educativo, ¿cuáles son sus problemas más graves?

P.– La formación de los maestros y el sistema pedagógico. Esta ideología de que la memoria no es importante, de que los alumnos deben ser felices pero que los conocimientos no son relevantes, en detrimento de eso que llaman aptitudes y habilidades, enseñar a aprender cómo aprender… es nefasta. Se nota en la Universidad: los estudiantes llegan con menos conocimientos.

P.– ¿Y, en concreto, de la Universidad ?

P.– El acceso al profesorado y su gobierno. Para llegar a catedrático o a a titular se valora la antigüedad en exceso, privando a los jóvenes de hacer carrera universitaria. Lo que se traduce en que no llegan los mejores. Los buenos leen su tesis y se van. En cuanto a su gobierno, la libertad académica depende del profesor, siempre que explique la materia asignada. Pero para lo demás, deben ser funcionarios dependientes de las consejerías los que la gestionen. El hecho de que quien gobierne sea elegido por asociaciones de profesores, de alumnos, etc. hace que no se cree un sistema democrático, sino uno corporativo donde son los intereses de estos grupos, sobre todo los docentes, los que están representados, en vez del interés general, cuando quien paga esto es el Estado con los impuestos de los ciudadanos.