En unos días, los españoles podrán seguir por televisión, en vivo y en directo, un golpe al Estado de Derecho. En la sesión de investidura, Pedro Sánchez actuará como un golpista que, para lograr la presidencia, pasa por el aro de concesiones que dinamitan la España constitucional. Será el momento culminante, el Tourmalet, en la carrera de degradación del Partido Socialista. Como en la fábula del caballo y el cazador, los independentistas a los que va a amnistiar le han ensillado y embridado sin posibilidad de liberarse. Los aliados fatídicos mandan y los socialistas obedecen.
La abdicación del PSOE de sus obligaciones constitucionales posibilitó que se hicieran con el control del partido dirigentes desprovistos de valores democráticos. Hace seis años, quienes tenían la obligación de velar por el respeto del partido a las reglas de la democracia abandonaron la casa en llamas y la dejaron en manos de los que escondían la urna de votación detrás de una cortina. Hoy, es todo el país el que está en llamas y a los seguidores recalcitrantes del PSOE solo les preocupa que no gobierne el PP. No parece importarles si, para lograrlo, debe aprobarse una amnistía, un referéndum o lo que sea, incluido trocear la red nacional de ferrocarriles. No hay forma de hacerles entender que lo grave es perder la democracia, no el gobierno.
La triste anécdota protagonizada en solitario por García-Page muestra que el Partido Socialista no tiene arreglo y es ya una organización no democrática. Si lo fuera, los socialistas antepondrían su lealtad a las instituciones democráticas al apego a su partido. No es el caso. Sánchez y el PSOE han apartado a España del club de las democracias liberales sólidas y la han sumado al grupo de los populismos. De izquierda o de derecha, tanto da, lo que les define es la aspiración a conservar el poder a cualquier precio e impedir como sea que gobiernen otros.
En la España sanchista, desde los servicios de propaganda del régimen -El País al frente-, se califica como derecha judicial a más del 90% de los jueces
El populismo sanchista ha seguido milimétricamente los pasos de Viktor Orbán en Hungría, donde, como señala Anne Applebaum, “llenó la Fiscalía, la Oficina Estatal de Auditoría, la Oficina del Defensor del Pueblo, la Oficina de Estadística y el Tribunal Constitucional, todos ellos teóricamente independientes, de aliados de su partido”. Sánchez inició su mandato con “la Fiscalía, ¿de quién depende?” y, si se leen los “argumentos” de Donald Trump para justificar el intento de golpe de Estado con el asalto al Capitolio, se comprobará que son los mismos que nuestro autócrata local utiliza para explicar su propio golpe, el de la amnistía. López Obrador, con retórica izquierdista, sigue la misma senda y está obsesionado con derribar a la heroica presidenta del TC mexicano, Norma Piña, que resiste.
Todos los populismos, incluido el del PSOE, son enemigos declarados de la independencia del Poder Judicial. Como en el caso de la amnistía, consideran que la esfera del Derecho no tiene ninguna autonomía y, en consecuencia, que todo es político. En la España sanchista, desde los servicios de propaganda del régimen –El País al frente-, se califica como derecha judicial a más del 90% de los jueces. Todos, salvo Jueces para la Democracia, donde militan Conde-Pumpido y Margarita Robles, que representan a un escaso 8%. De ese ecosistema surge el golpe al Estado de derecho de los socialistas.
Destruir la democracia para que no gobiernen otros es la deriva actual del populismo del PSOE, aunque, para conseguirlo, provoquen la reactivación independentista contra la unidad nacional. Neutralizados con la aplicación del 155, ahora no disimulan su entusiasmo por disponer del Partido Socialista como muñeco de feria. Gracias a Sánchez, como alardea desafiante la banda de Puigdemont, los secesionistas irán desde el 1-0 a la ley de amnistía y de esta a otro 1-0. Hasta a Putin van a amnistiar, después de cesar a la directora de los servicios de inteligencia (CNI) Paz Esteban por exigencia de los golpistas, con los que conspiró contra España el sátrapa ruso.
Los socialistas desautorizan a los tribunales españoles, extendiendo la impunidad a todo tipo de delincuentes, con la artimaña de lo que llaman lawfare. Se trata de un cachivache jurídico de origen peronista pensado para justificar la anulación de sentencias con el argumento de que han sido condenados, no por robar o dar un golpe de Estado, sino por “persecución política”. Con la amnistía, lo practican a lo grande. Una destrucción en toda regla de la separación de poderes, de la democracia liberal. Manuel Aragón, Teresa Freixas, Enrique Gimbernat y muchos más, lo han demostrado con autoridad, pasando por ello a formar parte de la categoría de “fascistas” en el santoral del populismo socialista.
Nuevas coaliciones frente al populismo del PSOE
Para preservar la democracia en España, el PSOE debe ser combatido y derrotado. El instrumento para lograrlo es el patriotismo cívico, como ha sucedido en Polonia, donde las manifestaciones en defensa del Estado de derecho fueron masivas y constantes. Es un error centrarse en el conflicto derecha-izquierda, como conviene a la coalición PSOE-PCE. Dado que todos los populismos basan su supervivencia en dividir a las personas en bandos enfrentados, combatirles requiere nuevas coaliciones. Eso es lo que hicieron los antipopulistas polacos liderados por Donald Tusk, como se espera aquí de Alberto Núñez Feijóo.
De la investidura de Sánchez, todo está dicho. Le harán presidente en beneficio propio quienes le tienen ensillado y embridado. Los fundamentos teóricos los aporta la ínclita ideóloga Carmen Calvo: la amnistía es constitucional porque sirve para formar gobierno. ¿No es maravilloso?