Si la pasada semana nos entretuvimos con los acuerdos negociados para cimentar la legislatura o, cuando menos, el primer gobierno de ella, ésta va a ser la de la investidura, una filigrana que necesita el apoyo de nada menos que veinte partidos, mal contados y casi siempre mal avenidos. La próxima será la de la formación del gobierno, en donde únicamente tiene asegurado su puesto de trabajo la sin par Yolanda Díaz y a partir de ahí dará comienzo la ‘era de las mesas’. Dada la complejidad de los temas acordados y la de los desacordados, la ambigüedad con que se han redactado la mayoría de ellos, sus profundas implicaciones para todos los firmantes -y para los que no hemos firmado pero firmaremos las facturas- y el colosal tamaño de las desconfianzas mutuas, se han pactado también una serie de mesas, con ERC, con Junts y con el PNV para hacer el seguimiento de los avances.

Así que si el gobierno no trabaja en ellos defraudará a sus apoyos y, si se ocupa de arreglar el pasado, no podrá ocuparse de solucionar los problemas que aparecerán en el futuro, que no serán pocos. Por más que se empeñe la vicepresidenta primera, Europa nos va a exigir una mayor disciplina fiscal, lo que casa mal con la generosidad con que ha regado a los colegas en este ‘Black Friday’ de la política que se ha celebrado a lo largo de la semana de los acuerdos.

Por ejemplo. En el firmado con Junts y con la ambigüedad suficiente para que cada uno lo lea como quiera, se negociará el traspaso del 100% de lo recaudado en Cataluña. Primera duda: ¿Se trata de traspasar la recaudación, es decir el dinero recaudado, o se trata de que Cataluña disponga de capacidad normativa y de funcionarios propios, como el País Vasco, y pueda regular los impuestos? Dudo mucho que lo primero satisfaga las insaciables ansias de Puigdemont y estoy seguro de que ceder en lo segundo iniciaría un incendio que se propagará por toda esa pequeña parte de España que aporta más de lo que recibe. Madrid por ejemplo.

Parece increíble que este proyecto de gobierno se autodenomine «progresista» e incluya a la vez una regresividad enorme en el sistema de financiación autonómica. La consejera de Economía del Govern, Natalia Más, asegura, sin demostración alguna, que Cataluña recibe menos de lo que aporta en una cantidad que calcula en el 10% de su PIB, es decir unos 22.000 millones y solo quiere aportar entre un 2 y un 4%. ¿Se imagina a la CEOE proponiendo que los ricos limiten su aportación en los impuestos a un 3% más de lo que reciben en servicios? ¿Y eso lo van a admitir sin pestañear los partidos comunistas y socialistas que apoyan la investidura?

Dos últimas preguntas. ¿Qué pedirá entonces Madrid, cuyo saldo es mucho peor? ¿De dónde saldrán las decenas de miles de millones que perdería el sistema, hasta ahora, común?