Ignacio Marco-Gardoqui-El Correo
- El Gobierno aprovecha el aumento del PIB nominal para maquillar las cifras del déficit, mientras el Tesoro se prepara para emitir 75.000 millones de euros en nueva deuda pública
Seguimos igual, esto no cambia y tras los efectos de la guerra ‘interruptus’ empeora. La inflación es un cáncer que corroe los ahorros de la gente y complica su vida cotidiana, porque los precios pagados por todas las cosas que compramos van siempre por delante de los sueldos percibidos. Sin embargo, al Gobierno le viene bien, al menos formalmente, porque le sirve para disfrazar las cifras macro que ofrece y dar así una apariencia confortable de una realidad incómoda. Uno de los grandes logros de su gestión -con la que el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, no ha tardado en adornarse con su correspondiente medalla- es la reducción conseguida en el déficit público.
En efecto, esta variable tiene la fea costumbre de medirse no en términos absolutos, sino en valores relativos y siempre comparado con el PIB nominal que, este sí, engorda con la inflación generada. De esta milagrosa manera, el nuestro se ha reducido al 2,18% que es, nada menos que la menor de las cifras obtenidas en los últimos 18 años. ¡Como para no sacar pecho! Pero no corramos demasiado. Mejor si nos contenemos un poco, antes de abrir el champán. Esa cifra supone la no despreciable cantidad de 36.780 millones y, si sumáramos los gastos incurridos para paliar los terribles efectos de la dana -¿por qué no hacerlo, si son deudas también?- nos acercaríamos a los 40.330 millones que ya es el 2,39% del PIB. Y todo según el protocolo de déficit excesivo, que es la trampa que utiliza la UE para esconder las deudas reales totales que son aún mayores.
Circulamos muy lejos del superávit presupuestario que es lo único que nos bajaría la deuda. Además, el déficit aparece a pesar del enorme salto dado por la recaudación fiscal que avanza a uña de caballo y a pesar de los enormes fondos europeos recibidos, que han convertido la ausencia de presupuestos en un incómoda anécdota irrelevante. El Instituto Juan de Mariana -que siempre concita los odios progresistas, aunque nunca concreten ni argumenten sus críticas- calcula que cada familia española pagará este año 1.657 euros más que en 2018, a través de los impuestos de la renta y el patrimonio, por culpa del ‘olvido’ de su deflactación, lo que equivale a un aumento del 25% en los ingresos por ellos generados.
En 2025 los ingresos tributarios en términos de caja alcanzaron los 325.356 millones, que es un máximo histórico con un aumento del 10,4% con respecto a 2024, pero los gastos públicos, lejos de disminuir, crecieron en 21.811 millones.
Así que, en resumen, el Tesoro deberá emitir 75.000 millones solo de deuda nueva, a los que deberemos añadir la que emitimos para devolver las deudas antiguas que no pagamos por falta de dinero suficiente. Los que están tranquilos pensando que no es necesario preocuparse porque esto de la deuda es un mero apunte contable que no se pagará nunca, les recuerdo que los intereses que genera ya esa montaña de dinero va por los 40.000 millones al año. Una enorme cifra tan solo superada por el presupuesto del ministerio de Fomento -que poco le cunde vistos los resultados-, y que crece cada año de forma metastásica.
El Gobierno ha elegido el tortuoso camino de estrujar a los contribuyentes, para devolverle luego parte de ese dinero, a través de los famosos ‘escudos sociales’. Podría haber optado por dejar el dinero en su bolsillo de una vez, peo eso eso no le gusta porque es mucho menos divertido y menos rentable electoralmente.
Es una pena que el comienzo de la campaña de la renta, ahí donde se apela a la conciencia fiscal ciudadana, coincida en el tiempo con la celebración del juicio llamado de las mascarillas y al que seguirá el denominado de los hidrocarburos, porque podría abollar esa conciencia ya suficientemente castigada con episodios previos como el de la Gürtel.