ABC 22/10/13
· El Gobierno dice que corresponde a los tribunales aplicar el fallo caso a caso y las víctimas piden que no se acate.
· A la calle en breve El tribunal exige su puesta en libertad «a la mayor brevedad posible» y dice que su encarcelamiento «no es regular».
· Indemnización La sentencia fija una indemnización de 30.000 euros que el Gobierno no le pagará porque ella no compensó a sus víctimas.
Pasados unos minutos de las once y media de la mañana del 21 de octubre de 2013, la Justicia europea le quitó la razón a España y se la dio a Inés del Río, una de las terroristas más sanguinarias de la historia de ETA. A esa hora, el presidente de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el luxemburgués Dean Spielmann, leyó un veredicto que supone la inminente puesta en libertad de decenas de etarras. A esa hora, mientras los amigos de los terroristas celebraban el fallo, las víctimas de ETA se enfrentaban a la confirmación de su mayor afrenta.
Por eso, nada más conocer la sentencia, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, resumió su sentir en siete palabras: «Daño, dolor, sufrimiento, miedo, desesperanza, vergüenza, pena». Acto seguido, y como la AVT la inmensa mayoría de las víctimas, solicitaron al Gobierno que no acate la decisión de los 17 jueces del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Además, denunciaron que «curiosamente» este fallo ha sido apoyado por el magistrado español en Estrasburgo, José Luis López Guerra, ex secretario de Estado de Justicia entre 2004 y 2007.
La sentencia, que es firme y no se puede recurrir, supone la confirmación de la condena a España por haber aplicado la doctrina Parot a esta terrorista. Esta doctrina, fijada por el Tribunal Supremo en 2006, pretende evitar que los terroristas condenados conforme al Código Penal de 1973 por crímenes cometidos entre 1977 y 1995 puedan salir de prisión antes de cumplir la pena máxima de 30 años. En el caso concreto de Del Río, evitó que una terrorista condenada a más de 3.000 años de cárcel quedase en libertad habiendo cumplido menos de veinte. Todo ello porque, antes de la doctrina Parot, los beneficios penitenciarios se empezaban a restar desde el máximo de 30 años de cumplimiento efectivo de cárcel, en lugar de sobre el total de la condena.
«A la mayor brevedad»
Inés del Río ha cometido 24 asesinatos, entre otros los de 12 guardias civiles en la plaza de la República Dominicana de Madrid en 1986, y fue detenida dos años después cuando se dirigía a la provincia de Málaga con un vehículo cargado de explosivos para cometer más atentados.
Si a Del Río no se le hubiese aplicado la doctrina Parot, habría quedado en libertad el 2 de julio de 2008. Por eso, los jueces de Estrasburgo piden con sólo un voto en contra que sea excarcelada «a la mayor brevedad posible», ya que ha sido sometida a una privación de libertad «no regular» que vulnera sus derechos fundamentales.
A este respecto, al conocer el fallo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional convocó ayer un pleno extraordinario que se va a celebrar hoy con el fin de abordar su puesta en libertad. No se trata de tomar una decisión sobre otros casos similares, sino «única y exclusivamente» sobre el de Inés del Río. No en vano, el fallo de Estrasburgo sólo hace referencia a esta etarra y no hay ninguna mención al resto de presos cuyo encarcelamiento se ha prolongado por aplicación de la «doctrina Parot».
Precisamente, éste fue uno de los puntos clave de la primera comparecencia del Gobierno tras conocerse el fallo judicial. Los ministros de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y del Interior, Jorge Fernández Díaz, asegura-
ron que serán los tribunales españoles quienes a partir de hoy tendrán la potestad de aplicar caso por caso la sentencia. En concreto, según explicaron, será la Audiencia Nacional en el caso de los delitos de terrorismo y las audiencias provinciales para el resto de condenados a los que se aplicó la doctrina Parot. «Tendrán que analizar caso por caso si resulta aplicable. No hay una doctrina generalizada. Hay que individualizar cada una de las peticiones y habrá que resolverlas», puntualizó Ruiz-Gallardón.
El mayor desacuerdo entre los jueces de la Gran Sala se centró en la indemnización que España debe abonar a la etarra. Finalmente, con el apoyo de diez magistrados y la oposición de siete, la sentencia cifró en 30.000 euros los daños morales y en 1.500 euros los gastos y honorarios.
Pero Inés del Río nunca cobrará ese dinero. Según explicó el ministro RuizGallardón, el Estado no le pagará esas cantidades, ya que tuvo que hacerse cargo de las elevadas indemnizaciones por resarcimiento a las víctimas de sus atentados. La etarra se declaró insolvente, por lo que este dinero será descontado de la deuda que ha contraído con las arcas estatales.
Ya por la tarde, mientras el Gobierno se reunía en la sede del Ministerio del Interior con las víctimas, los abogados de Inés del Río anunciaron que reclamarán la puesta en libertad de otros 55 presos de ETA. Consciente de la situación, el ministro del Interior advirtió a quien quiera recibir a los etarras como «héroes», que las fuerzas de seguridad estarán «especialmente vigilantes». Lo harán, dijo el ministro, para que no se vulnere la ley.
ABC 22/10/13