ABC 12/06/17
ISABEL SAN SEBASTIÁN
· El Gobierno excluye el 155 de la Constitución y recurrirá a la Ley de Seguridad Nacional
EL Gobierno asegura disponer de una estrategia perfectamente definida para impedir, el próximo uno de octubre, la celebración del referendum ilegal convocado por Carles Puigdemont, máxima autoridad del Estado en Cataluña, con el fin de preguntar por la república independiente de sus delirios. ¡Lo celebramos! Bien es verdad que lo mismo decía en las semanas previas al 9-N-2014 y ese día hubo urnas y se votó, lo que nos ha traído hasta donde estamos, tres años, miles de millones e infinitos intentos de apaciguamiento después. Esperemos que en esta ocasión la estrategia sea un poco más firme.
El Gobierno tiene un plan, asegura, basado en la Ley de Seguridad Nacional. Esto último no lo desvela Moncloa, pero se comenta por lo bajini en los mentideros bien informados. Concretamente confía en los artículos 22 y 23 de dicha Ley, centrados en la gestión de crisis entendida como «conjunto de actuaciones dirigidas a detectar y valorar los riesgos y amenazas para la seguridad nacional, facilitar el proceso de toma de decisiones y asegurar una respuesta óptima y coordinada de los recursos del Estado que sean necesarios.» Que la citada definición es plenamente aplicable al caso no plantea dudas. Cosa distinta es la interptación que el Ejecutivo, representado por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, encargada de este expediente, quiera dar al punto 2 del artículo, que reza: «La gestión de crisis se desarrollará a través de instumentos de prevención, detección, respuesta, retorno a la normalidad y evaluación… En la gestión de la crisis participarán las autoridades de la comunidad autónoma que, en su caso, resulte afectada». Fracasada la prevención, constatada la detección y pendientes todos de alguna respuesta eficaz para garantizar el retorno a la normalidad de una escalada insostenible, la cuestión es cómo se articula ésta cuando las autoridades de la comunidad autónoma afectada son, precisamente, las causantes de la crisis que se pretende atajar. A este respecto, más allá de la palabrería al uso, el artículo 23 precisa que «la situación de interés para la seguridad nacional se afrontará con los poderes y medios ordinarios de las distintas administraciones públicas y en ningún caso podrá implicar la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos.» O sea, en términos prácticos, la gallina.
El Gobierno cuenta con una estrategia que excluye, a priori, la aplicación del 155 de la Constitución, por aquello de no alimentar el victimismo. Como si el separatismo necesitara argumentos para recurrir a un victimismo que está en su ADN y maneja con maestría. Como si el problema, o la «crisis», fuera a resolverse por sí sola, a base de fondos del FLA y visitas a Barcelona.
Hasta la fecha los golpistas catalanes han cumplido todas y cada una de sus amenazas, precediéndolas de la consigna «no corráis, que es peor», asumida dócilmente por quienes deberían haberles parado los pies. ¿Por qué va a ser distinto en esta ocasión ? Ellos buscan uno de estos dos escenarios: O bien un «sí» mayoritario a su consulta, aunque vote un porcentaje ínfimo del censo en colegios habilitados en residencias de ancianos y cajas de zapatos recicladas, o bien la imagen de los Mossos, la Policía y/o la Guardia Civil desplegados para impedir la votación mediante la fuerza. Cualquiera de esos desenlaces supondría una nueva victoria del golpismo, una nueva humillación para nosotros y un paso más por su parte hacia su objetivo rupturista. Confiemos en que Rajoy sepa valorar el alcance de la megacrisis a que nos enfrentamos, mida los tiempos pensando en España, no en el calendario electoral, y aplique de una vez por todas su famosa estrategia para Cataluña. La que sea con tal de que funcione.