Estrategia Político-Judicial

EL CORREO 20/01/15
FLORENCIO DOMÍNGUEZ

La Diputación Permanente del Parlamento vasco, con los votos del PNV y de EH Bildu, atribuyó ayer las detenciones efectuadas el pasado lunes en el marco de la ‘operación Mate’ a una estrategia «político-judicial» del Gobierno de Mariano Rajoy. Los abogados detenidos la calificaron de actuación «político-mediática». Es una constante en el modo de argumentar del nacionalismo calificar de «políticas» todas aquellas operaciones policiales con las que no están de acuerdo. Al Gobierno y a los jueces se les atribuye una motivación política. Curiosamente, esa descalificación no se emplea nunca a los que se oponen a las detenciones. Ellos mismos, al parecer, no actúan por motivaciones políticas, sino por un sosegado análisis jurídico o por causas todavía más nobles.

No deja de ser llamativo que quienes se oponen a las actuaciones policiales lo hagan invocando el «nuevo tiempo político» u otras expresiones similares que reflejan, en realidad, una apelación a las motivaciones políticas para no actuar legalmente contra el mundo de ETA.

Estos días pasados hemos visto cómo se ponía el acento en la división de los jueces después de que el Supremo, por nueve votos contra seis, decidiera que no procede computar a los miembros de ETA el tiempo de condena cumplido en Francia. Aparte de volver a presentar la decisión como fruto de la presión política, parecía que la ‘mayoría’ de seis magistrados había sido avasallada por una ‘minoría’ de nueve y que eso cuestiona la decisión adoptada. No aplican la misma vara de medir a la decisión del Tribunal Constitucional de legalizar a Sortu por un solo voto de diferencia. En aquella ocasión decidió la mayoría –seis votos frente a cinco– y dejó el asunto resuelto, no como ahora que se cuestiona la legitimidad del fallo por haber sólo tres votos de diferencia.

El acuerdo de la Diputación Permanente critica también el juicio abierto en la Audiencia Nacional contra una serie de acusados de reorganizar HB y de crear marcas instrumentales para sortear la ilegalización de estas siglas. En la actitud del nacionalismo hacia las decisiones de la Justicia llama también la atención la memoria selectiva que hace que algunas resoluciones se olviden por completo y, en cambio, se resalten otras. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos anulando la ‘doctrina Parot’ se esgrime en todo momento y se utiliza para cuestionar cualquier decisión sobre política penitenciaria.

Si del nacionalismo dependiera, nadie sabría que el Tribunal de Estrasburgo también ha dictado otras sentencias, por ejemplo la que confirma la validez de la ilegalización de HB y de otras siglas instrumentales por sus connivencias con el terrorismo. Si esa legalización fue válida, hay que reconocer que tiene lógica judicial que se persiga a aquellos que trataron de burlar las sentencias emitidas por el Supremo, el Constitucional y por Estrasburgo.