En una situación de normalidad institucional no habría forma posible de explicar, y no digamos de comprender o justificar, la crisis de la cúpula de la justicia. Los dos grandes partidos se hubiesen puesto de acuerdo en la renovación del CGPJ según el correlato de mayorías y minorías, y en el pacto quedaría incluida una reforma legal para otorgar a los jueces, según el criterio de la UE, una justa representatividad corporativa. Pero los contextos son importantes en la política, y el actual colapso es inseparable de la estrategia de ocupación y de polarización ideológica de las instituciones que caracteriza el mandato sanchista. La hostilidad manifiesta del Ejecutivo hacia los miembros de la Magistratura, salpicada de coacciones, descalificaciones y amenazas, ha creado un clima insalvable de mutua desconfianza que compromete la independencia de poderes y ha terminado por desembocar en una inaceptable anomalía democrática.

El discurso de Carlos Lesmes ante la mirada preocupada del Rey le ha puesto nombre al despropósito: estropicio. Sea cual sea la salida del laberinto, si es que hay alguna, ya no hay manera de evitar que los estragos del conflicto dejen al tercer poder del Estado desfigurado y malherido, con un peligroso agujero en su credibilidad y su prestigio. No hay inocentes al margen de este desatino. El colectivo judicial ha contaminado su imparcialidad con claros indicios de partidismo. La oposición ha utilizado el bloqueo como arma de presión contra el Gobierno, y éste ha lanzado inadmisibles acusaciones –incluso de golpismo–, protestas y hasta improperios contra las decisiones del Tribunal Constitucional y del Supremo, además de modificar la ley reguladora del Consejo para impedirle cumplir su función de realizar nombramientos… y levantar luego el veto sólo para que acceda a configurar una Corte de Garantías a la medida de sus deseos. La inobservancia del deber es multilateral pero el reparto de culpas no puede ser homogéneo porque quien tiene mayor responsabilidad es quien ha perpetrado mayores atropellos.

Acabe como acabe el asunto, va a acabar mal, e incluso es probable que toda la estructura orgánica de la Justicia salte por los aires. El pulso político ha alcanzado un clímax tan tirante que cualquier concesión de una de las partes, imprescindible para encontrar una solución medianamente razonable, repercutirá de forma negativa en sus intereses electorales. Y sin embargo no hay posibilidad alguna de salvar el ‘impasse’ si no cede alguien, a costa de asumir el riesgo de quedar como perdedor del desenlace. Es el típico método de proceder de Sánchez: crear un atolladero de tales dimensiones que sólo puede resolverse si los demás ceden a su chantaje, aunque eso signifique llevarse jirones del sistema por delante. La avería es grave. En los próximos días habrá novedades y no tienen pinta de resultar agradables.