EL MUNDO 04/12/13
· Mensaje a los presos: «Situarlo en el centro de la política es una labor prioritaria. La experiencia y la fuerza de los pasos realizados por Escocia y Cataluña son referencia importante. Para activar a la mayoría social… se ha puesto en marcha… la enorme cadena humana del próximo 8 de junio»
ETA tiene clara cuál es su actual estrategia. Y ésta apunta a la situación política de Cataluña. En documentos intervenidos por las Fuerzas de Seguridad del Estado hace apenas 15 días, la organización terrorista es expresa: «Situar el derecho a decidir en el centro de la política es una labor prioritaria. La experiencia y la fuerza de los pasos realizados por Escocia y Cataluña son una referencia importante».
Así de tajante se muestra la banda terrorista en la documentación difundida entre sus presos. E incluso propone imitar las últimas movilizaciones ciudadanas realizadas en Cataluña, como la cadena humana independentista de la pasada Diada.
«Para activar a la mayoría social en esta línea política se ha puesto en marcha la dinámica popular Gure Esku [en nuestras manos], que ya ha empezado a preparar la enorme cadena humana del próximo 8 de junio», indica la documentación etarra.
En estos documentos, los terroristas también analizan la consecuencia de la sentencia de Estrasburgo que ha tumbado la doctrina Parot. «La excarcelación de los ‘presos políticos vascos’ que estaban presos bajo la doctrina, le tiene que suponer un empuje positivo al proceso. Las excarcelaciones de los presos tienen que ser un acontecimiento positivo y constructor mirando a la solución. Para eso, tanto en práctica como en discurso, hay que hacer frente a la batalla que ha impuesto el enemigo. Tiene que ser el principio del cambio de la política penitenciaria, porque se tiene que tener en cuenta que lo que se ha cancelado es el carácter retroactivo de la doctrina», indican los escritos de los etarras.
Hacen suyos los festejos y los homenajes a los presos que están abandonando las cárceles en aplicación de la sentencia de Estrasburgo. Enmarcan los «ongi etorris» (actos de bienvenida) dentro de su estrategia. Estos homenajes a los presos están actualmente bajo la lupa tanto de las Fuerzas de Seguridad del Estado como de la Fiscalía. «El enemigo ha acuñado una presión increíble sobre las excarcelaciones de los presos, su primera recepción y los ongis etorris, vencedor/perdedor. (…) Quieren imponer el interesado confrontamiento político de vencedor/perdedor. Los que piensan que excarcelar a un preso es una derrota política no pueden permitir las imágenes que van a vapulear el discurso oficial (después de pasar largo tiempo en la cárcel, sin arrepentirse, ongis etorris populares a los compañeros que van a salir firmes y dignos)».
Asume como propia la nueva organización juvenil Aintzina. Además, muestra el daño que les provocó la última actuación de la Guardia civil contra Herrira, la organización de apoyo a los presos: «La operación ha venido a recordar que el ciclo de ilegalización está abierto. (…) Ha sido un duro ataque».
La prioridad del colectivo de presos es, como publicó ayer este periódico, conseguir en primer lugar el acercamiento de los encarcelados a los centros penitenciarios del País Vasco. «En otro plano estaría la vía de la vuelta a casa, la vía de la excarcelación», reconocen. Frente al Foro Social auspiciado por el PNV y Sortu, reivindican que son ellos quienes han de «tomar la iniciativa». Dicen que «reniegan de los modos que se han utilizado en el pasado para hacer frente a la imposición», es decir, reniegan de los atentados futuros. Y dicen que, «cuando se dé el caso», tendrán «la preparación para analizar la responsabilidad en las actividades políticas que han causado daño». Ni un paso más, por el momento. Esa fórmula tendrá que anunciarla ETA y después cada preso la asumirá en sus solicitudes particulares de acercamiento o salida ante la Administración.
Para que los presos que consideran enfermos salgan (en principio en Francia) aceptan como novedad «el pago de daños», que tendrá que ser explicado «al pueblo». Hasta ahora, se negaban a pagar indemnizaciones a las víctimas.