DIARIO VASCO, 13/2/12
El Ejecutivo contempla un posible gesto de la banda para tratar de llevarle a negociar. Los ritmos de Rajoy sumen al escenario sin violencia en un ‘impasse’ aunque los partidos vaticinan que habrá cambios
«Nunca, nunca el Gobierno de España se sentará a dialogar con una organización terrorista». Las rotundas palabras del ministro de Interior el pasado martes chocan con el deseo de ETA de iniciar un diálogo con el Gobierno español para escenificar el desarme y dar una solución al futuro de los presos. Una situación que mantiene sumida la gestión del fin de la violencia en una situación de ‘impasse’ que no gusta a la izquierda aber- tzale ni, en menor medida, a socialistas y PNV, que han aceptado respetar los ritmos del Ejecutivo de Rajoy.
El mundo de la antigua Batasuna está elevando estas semanas la presión sobre el Gobierno
El Gobierno y el PP son conscientes de que la izquierda abertzale, los colectivos de apoyo a presos y la propia ETA no van a cejar en su empeño de intentar que Moncloa mueva ficha cuanto antes. En este sentido, el Ministerio de Interior no descarta que la organización armada efectúe algún gesto a medio plazo para intentar atraer al Ejecutivo de Mariano Rajoy a una mesa de negociación sobre las llamadas «cuestiones técnicas del conflicto», en especial el desarme, según fuentes de distinto signo conocedoras del camino para el final de ETA.
Ese gesto se produciría en cualquier caso antes de las elecciones autonómicas vascas, previstas para dentro de un año, e iría en la línea de profundizar en sus intenciones de desarmarse. Se inspiraría en el ejemplo de Irlanda, donde el IRA difundió pruebas fehacientes de la destrucción de determinado armamento. En este sentido, está siendo significativa la insistencia, tanto en público como en privado, del ministro del Interior en reclamar a ETA un gesto del tipo de «quemar con un soplete en una campa las armas».
El mundo de la antigua Batasuna está elevando estos días la presión sobre un Gobierno que, al menos hasta abril, parece centrado en la salida de la crisis y en preparar las elecciones andaluzas y asturianas. La izquierda abertzale defiende una oferta de proceso de desarme «acordado y monitorizado» por un tercero, en el que participen tanto ETA como el Gobierno. El Ejecutivo central no accede a esta demanda, por lo que las distintas fuentes consultadas no descartan pasos unilaterales por ETA para dar garantías reales de su voluntad de desarmarse. Un paso que la organización terrorista, de persistir la negativa del Gobierno español a implicarse, debería dar bajo la supervisión de expertos internacionales, en la línea de los verificadores del Grupo de Ámsterdam, para revestirlo de una cierta credibilidad.
Líderes internacionales
Los distintos grupos extranjeros que han avalado el proceso de cese de la violencia siguen activos. Los líderes internacionales que elaboraron la Declaración Internacional de Aiete, prólogo del histórico anuncio etarra, están al corriente de lo que sucede en Euskadi. El exprimer ministro irlandés, Bertie Ahern, fue, de hecho, de los primeros en reclamar al Gobierno español que abriera un diálogo con la cúpula etarra para evitar que se enquiste la situación.
Paralelamente, la Comisión Internacional de Verificación (CIV), sigue controlando la ausencia irreversible de atentados y exigiendo a ETA que se desprenda de las pistolas que sus miembros portan todavía. Unas armas que los etarras huidos se han comprometido a no utilizar bajo ningún concepto, por ejemplo ante operaciones policiales, como desveló el dirigente de la izquierda abertzale, Rufi Etxeberria, en una entrevista con este periódico.
La CIV tiene previsto volver a Euskadi en un par de meses para informar de sus gestiones. El Gobierno español no accede a colaborar con los verificadores de Ram Manikkalingam (Sri Lanka), aunque lo cierto es que el campo de operatividad de ETA en la clandestinidad se sitúa principalmente en Francia, cuyo Ejecutivo está comenzando a modular ligeramente su posición con gestos como la petición de la Asamblea Nacional en favor del acercamiento de presos. Precisamente, el viernes fue descubierto en Capbreton (Las Landas) un antiguo arsenal de ETA con 80 subfusiles y veinte pistolas. La Policía francesa investiga el hallazgo, aunque lo vetusto del zulo no invita, en principio, a pensar en un abandono premeditado relacionado con el cese definitivo de la violencia anunciado en octubre.
En otro plano, el Grupo Internacional de Contacto (GIC), liderado por Brian Currin, está trabajando en el fomento de contactos informales entre los partidos vascos de cara a preparar una futura mesa de partidos en el Parlamento Vasco, siempre que Sortu esté legalizado, para abordar cuestiones políticas sin la losa del terrorismo. El GIC también se topa con el rechazo absoluto del Gobierno español y el PP a colaborar con ellos. La izquierda abertzale tampoco ha logrado abrir una vía de comunicación con los populares, aunque empiezan a detectar ciertos síntomas de flexibilidad en el Gobierno.
Activistas en Francia
El Ejecutivo español se siente más cómodo tras la reciente oferta de cooperación que tanto el lehendakari como el PNV de Iñigo Urkullu brindaron al presidente Rajoy. De esta forma, el Ejecutivo central cuenta con margen temporal para hincar el diente con tranquilidad a la cuestión vasca y al aspecto más peliagudo: la política penitenciaria. A la vez, peneuvistas, socialistas y populares coinciden en reclamar al mundo de la antigua Batasuna más pasos en favor de las víctimas.
Más allá de los mensajes iniciales contradictorios del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en el sentido de que ETA estaba reorganizándose, en el Gobierno se asume ya que «la fase de la violencia de la banda se ha acabado». Las Fuerzas de Seguridad trabajan convencidos de que, por encima de los posibles reductos más violentos, la mayoría de los activistas etarras en la clandestinidad, que se cifran en torno a los sesenta, en su mayoría en Francia, se dedican a subsistir a la espera de que se consolide el proceso de cese de la violencia para alcanzar una salida a su situación. También ha sido significativo que el Gobierno acceda a la concesión del tercer grado a un preso del grupo de disidentes de ETA en la cárcel alavesa de Nanclares, lo que confirma que el PP va a alentar la vía Nanclares para la reinserción de los reclusos.
No obstante, en Moncloa no quieren que sea la presión de ETA y la izquierda abertzale las que marquen al Gobierno en un terreno en el que, además, el PP se encuentra con serias resistencias internas de su ala más ortodoxa en Madrid y de colectivos de víctimas del terrorismo.
En el PP vasco, por su parte, preocupa que la ciudadanía vasca pueda interpretar que esta ausencia de movimientos se debe a una cerrazón de los populares, con el consiguiente efecto penalizador en las próximas elecciones autonómicas. La reunión que mañana mantendrá en Madrid el líder de los populares vascos, Antonio Basagoiti, con Rajoy, puede ser reveladora a este respecto.
No obstante, cada vez son más las voces que creen que el PP virará en unos meses hacia posturas más posibilistas ante el nuevo escenario vasco. Lo cree el portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, que interpreta que los populares están haciendo «la digestión» del final del terrorismo. Y también confía en ello la izquierda abertzale, que sostiene que más allá de las poses de dureza, el Gobierno tampoco puede hacer lo que le venga en gana si en Euskadi siguen creciendo las mayorías políticas y ciudadanas partidarias de una flexibilización, por ejemplo, de la política penitenciaria.
DIARIO VASCO, 13/2/12