DIARIO VASCO, 2/9/12
El caso Uribetxebarria saca a la luz tensiones internas en las cárceles y en el Gobierno. La banda no tendría previsto realizar ningún gesto hacia el desarme durante el periodo electoral
El caso Uribetxebarria Bolinaga ha agitado un verano que se preveía de transición en la situación penitenciaria a la espera de que pasen las elecciones autonómicas vascas. El polémico proceso, que más de un mes después todavía no ha culminado con una solución definitiva para el preso de ETA enfermo de cáncer, ha sacado a la luz las contradicciones existentes tanto en el mundo de los reclusos como en el propio Gobierno del PP. Y más allá de esto, ha evidenciado que la solución a la situación de los reclusos aparece como el aspecto más importante que impide que el camino abierto hace casi un año con el cese definitivo del terrorismo avance hacia su consolidación.
CLAVES
PRESOS
La izquierda abertzale desmiente que haya divisiones internas de calado en las prisiones
DOCTRINA PAROT
En ETA existe una «gran decepción» por la posición de los tribunales españoles
MEDIDAS
El Gobierno perfila una hoja de ruta para flexibilizar la situación de los presos enfermos
De hecho, la cuestión de los presos se ha convertido en la preocupación principal para ETA, según coinciden distintas fuentes conocedoras de los entresijos de la banda. Para la organización armada, la situación en las cárceles es un problema a resolver de forma «urgente» y «vital».
Al mismo tiempo, los diversos medios consultados por este periódico coinciden en la escasa probabilidad de que ETA vaya a realizar algún gesto para avanzar hacia su desarme coincidiendo con la cita electoral del 21 de octubre, justo un día después del primer aniversario del cese definitivo de la violencia. El mantenimiento de sus arsenales, aunque no se utilicen, sigue siendo una baza que la banda se guarda para presionar en su objetivo de que se solucione el problema de sus propios militantes, tanto los encarcelados como los activistas huidos.
La posibilidad de un gesto preelectoral de desarme antes de los comicios para favorecer electoralmente a EH Bildu, con opciones de pugnar por ser primera fuerza en Euskadi, está presente en las agendas del resto de partidos, pero las fuentes consultadas insisten en descartar este hipótesis ante la evidencia de que cualquier movimiento va a ser tachado de «interesado y electoralista», restando credibilidad a la organización armada.
El caso Uribetxebarria y la dilación en la respuesta judicial han enrarecido en cierta medida el ambiente. Su condición de secuestrador del funcionario de prisiones Ortega Lara (532 días cautivo entre 1996 y 1997), en uno de los episodios más crueles de la actividad etarra, ha amplificado la polémica.
El caso ha reavivado las movilizaciones y protestas del entorno de la antigua Batasuna con una proliferación de concentraciones, manifestaciones y carteles en las calles que hacía meses que no se registraba. Además, ha rebrotado la kale borroka, aunque de baja intensidad y con una EH Bildu que duda de la autoría real de estas acciones, aunque en cualquier caso se desmarca de ellas.
Pero sobre todo, y así lo entiende el Gobierno central, habría desatado también tensiones internas en las cárceles. El Ejecutivo cree que los sectores más duros, nucleados en torno al denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK), «forzaron» al propio preso enfermo a declararse en huelga de hambre, enquistando más la situación, aseguran fuentes autorizadas de Moncloa. El propio comisionado del lehendakari para la convivencia y la paz, Jesús Loza, que ha trabajado a pie de campo en las prisiones, alertaba, en una entrevista a este periódico, de una «lucha interna en el mundo de Batasuna por el control de los presos».
En la izquierda abertzale no niegan la existencia de sectores críticos -los considera minoritarios- con la apuesta por vías no violentas, pero creen que la situación en las cárceles está bajo control y desmienten divisiones internas de calado en las prisiones.
Fuentes solventes de la formación independentista no temen que la polémica por la situación de Uribetxebarria vaya a radicalizar las posturas en el seno del EPPK. Entienden que los reclusos han apoyado la nueva apuesta por las vías solo políticas, aunque haya sido con matices y mostrando un perfil más duro por un problema de ritmos, como evidenció el pronunciamiento de principios de junio en Gernika.
Desde la coalición abertzale recalcan que la huelga de hambre en favor del recluso de ETA respondió a una demanda puntual, reforzada por la «dura experiencia de las malas condiciones en las prisiones». Subrayan que la amplia mayoría de los varios cientos de reclusos que se declararon en huelga de hambre respaldan las posturas posibilistas de la izquierda abertzale. En este sentido, la adhesión del exportavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, a los ayunos supuso una garantía de cohesión. Además, finalmente, fuera por los motivos que fuese, la huelga de hambre fue abandonada en masa sin mayores contratiempos.
Doctrina Parot
Otro tema clave para el futuro de los presos es la abolición de la doctrina Parot, que alarga la estancia en prisión de los condenados a largas penas mediante un nuevo cómputo de los beneficios penitenciarios. La sentencia del Tribunal Europeo contra esta norma ha abierto la puerta a su futura eliminación, aunque en ETA existe una «gran decepción por la posición de los tribunales españoles», que han apoyado la doctrina Parot, precisan las fuentes consultadas.
No parece que la situación de los presos tenga visos de desbloquearse en los próximos meses, ya que todos los partidos y analistas coinciden en que el adelanto electoral sumirá el proceso en un impasse. Así lo contempla la izquierda aber-tzale desde antes del verano, como ya adelantó este periódico. Pese a este bloqueo de la situación penitenciaria, las fuentes conocedores de los entresijos de la organización armada consultadas no observan un riesgo inmediato de ruptura interna, pese a la persistencia de un sector duro que se mantiene expectante respecto a lo que sucede.
ETA está agrupada tras la decisión de fin definitivo y «aunque algunos no lo tengan claro, quieren dejarlo», precisan las fuentes consultadas, que añaden que si no hay avances en la flexibilización penitenciaria, aumentará el riesgo de que un grupo muy reducido tenga tentaciones de acometer algún tipo de acción violenta. Esta hipótesis la descarta de raíz la izquierda abertzale, que en cualquier caso garantiza que se desmarcaría de cualquier acto violento, porque «quien se tire a esa piscina no encontrará agua», en palabras de un destacado dirigente abertzale ahora preso.
El caso Uribetxebarria ha tenido, al mismo tiempo, un efecto inesperado en el Gobierno central, con determinados colectivos de víctimas del terrorismo y el ala dura del partido cuestionando la concesión del tercer grado al condenado por secuestrar a Ortega Lara. El Ejecutivo central cuenta al menos con el apoyo firme del PP vasco de Antonio Basagoiti, lo que le otorga un plus de legitimidad interna dada la situación de acoso terrorista padecida hasta hace nada por los concejales populares en Euskadi. Ahora, el Gobierno de Rajoy y su ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, esperan a que la tormenta escampe. Solo después el Gobierno seguirá profundizando en su plan de presos para la reinserción mediante el desmarque de ETA, y en la nueva iniciativa, con las mismas condiciones, para que vuelvan los militantes huidos, otro frente que Moncloa prevé abordar próximamente.
Si finalmente se ejecuta la decisión del juez Castro de conceder la libertad condicional a Uribetxebarria, la situación recobrará cierta normalidad. Pero la polémica del preso de Arrasate ha abierto la espita para que la izquierda abertzale y Herrira, el colectivo de apoyo a los presos, mantengan viva la demanda de excarcelación urgente de los presos gravemente enfermos, que cifran en trece.
El Gobierno de Rajoy tiene en la cabeza una hoja de ruta para flexibilizar la situación de estos reclusos enfermos. La incógnita radica ahora en saber cómo condicionan estos planes las presiones de uno u otro lado, sobre todo las provenientes de sus propias filas y de las víctimas.
DIARIO VASCO, 2/9/12