LA RAZÓN, 3/10/11
La banda sugiere que ha mantenido contactos secretos en los últimos meses
Toque de atención de ETA al Gobierno. La banda hizo público ayer un comunicado en el diario «Gara» en el que vuelve a poner sobre la mesa sus condiciones (para el mantenimiento del «proceso» y, por tanto, el alto el fuego): «Respeto de los derechos básicos de los presos políticos vascos; respeto de la actividad de la Izquierda Abertzale (legalización de Sortu) y el fin de las detenciones». En contra de lo comprometido con el Dialogue Advisory Group (DAG), y su presidente y fundador, Ram Manikkalingam, el alto el fuego no es incondicional, tiene sus reglas de juego y el Ejecutivo ha que cumplir esas exigencias si quiere que los pistoleros no vuelvan a atentar.
ETA sentencia en su comunicado que «la asunción de compromisos en estas tareas, así como la voluntad de todas la partes para abordar la resolución en su totalidad, nos podría llevar a dar pasos decisivos e irreversibles dentro del proceso». Traducido del lenguaje pomposo que utilizan los terroristas, la banda está dispuesta a llegar hasta el «desmantelamiento de las estructuras militares» del que hablan los portavoces de Batasuna siempre que el Gobierno cumpla con lo que se le pide. No es un texto de consumo interno, sino una advertencia a los ejecutivos de España y Francia.
El motivo aparente del comunicado es aceptar y comprometerse con la Comisión de Verificación Internacional, cuya creación propiciaron los terroristas; pero está repleto de mensajes a Madrid y París, para que «se impliquen en la resolución, marginando las vías represivas y de imposición».
Resolución del conflicto
La «organización socialista revolucionaria vasca de liberación nacional», como se sigue haciendo llamar ETA, asegura que está comprometida con «la resolución del conflicto político y hacia el fin de la confrontación armada».
La banda asegura que desde enero lleva a cabo una labor callada que no tiene reflejo público y que hace sospechar contactos, directos o indirectos, (no dice con quién), probablemente a través de la fundación suiza Henry Dunant o el citado DAG holandés.
Frente a esta supuesta «buena voluntad» de los terroristas, están «los Estados español y francés, que no hacen más que colocar obstáculos. Las medidas de excepcionalidad, así como la estrategia de represión no se han paralizado. Las detenciones y torturas salvajes, las euro-órdenes, la persistencia de la política penitenciaria criminal, la violación de los derechos civiles o el mantenimiento de la ilegalización de la Izquierda Abertzale, son lacerantes ejemplos de esa estrategia».
El comunicado es un compendio de reproches a Madrid y París (se supone que por no haber atendido sus exigencias): «Queremos hacer notar el esfuerzo que ETA está llevando a cabo para posibilitar la resolución del conflicto así como de los recursos que está colocando para tal fin y que los estados español y francés lo están acosando con intenciones represivas (…) quieren mantener la postura destinada a enlodar y trabar la resolución, temerosos de las nuevas puertas que el desarrollo del proceso pueda abrir a Euskal Herria, y a la palabra y decisión de la ciudadanía vasca». La banda asegura que ambos ejecutivos «quisieron bloquear la misma creación de la Comisión de Verificación, negándola la aceptación oficial. Ya que la verificación del alto el fuego desnudaría aun más los pretextos de los estados ante la ciudadanía vasca y en el plano internacional y porque haría aun más incomprensible el continuar con la represión así como el no dar paso alguno».
«ETA», añade, «ha adoptado compromisos históricos y ha dado pasos de calado». Y concluye: «El deseo de ETA es llevar a su culminación esta oportunidad y construir un escenario de paz y libertad en Euskal Herria».
Sin rebajar sus reivindicaciones
Amaiur es el nombre de la nueva coalición formada por EA, Aralar, Alternatiba e Izquierda Abertzale que presentarán su candidatura conjunta para las generales del 20-N. En su presentación en Pamplona la coalición propuso hacer del «derecho a decidir de Euskal Herria» su «eje de actuación en Madrid, sin caer en mercadeos y sin rebajar ni medio punto nuestras reivindicaciones».
LA RAZÓN, 3/10/11