La organización terrorista ETA ha vuelto a cambiar de opinión. Hace unos años, después del anuncio del cese definitivo de las acciones armadas, aseguró que nunca jamás se iba a disolver. Ahora, sin embargo, se dispone a abrir de forma inminente un debate sobre si debe o no desaparecer.
La banda decidió a mediados del pasado año dejar para después del acto de entrega de las armas la convocatoria de la asamblea en la que pretende tratar este asunto. Una vez cumplido el trámite, va a intentar consultar a sus miembros, a los que hará caso según cuáles sean las conclusiones y la participación.
El primero en apuntar a la necesidad de discutir sobre el siguiente paso que debía dar la banda fue el último numero uno reconocible, David Pla, quien en una entrevista en Gara a principios de año aseguró, sin entrar en demasiados detalles, que ETA había previsto un «proceso de reflexión entre toda la militancia a partir de la primavera».
El pasado sábado, el propio Arnaldo Otegi, portavoz de EH Bildu, animó a la banda a que iniciase una reflexión sobre su futuro. Lo cierto es que si la actual dirección de ETA –formada por no más de cuatro o cinco personas, además de Pla y su compañera Iratxe Sorzabal– decide ser prolija con las consultas, va a pasar bastante tiempo antes de que haya obtenido un cuadro de situación. En principio, los dirigentes o coordinadores de la menguada cúpula tendrán que recoger las opiniones de sus presos dispersos por las cárceles españolas y francesas. En estos momentos quedan 260 internos en los centros penitenciarios españoles y 80 en los franceses.
Este paso entraña dificultades de organización, pero nada comparado con el intento de recabar las opiniones de los huidos. Hace unos años eran más de 200 los etarras que vivían en el extranjero por tener o suponer que tenían causas pendientes. Sin embargo, constatado el desmoronamiento de la organización, sus dirigentes cambiaron el criterio hasta entonces inamovible y dejaron que los que quisieran pudieran regularizar su situación. Los etarras se resignaron a pasar por los consulados para obtener los documentos de identidad españoles. En estos momentos, las Fuerzas de Seguridad del Estado calculan que hay unos 80 etarras con causas pendientes.
La última vez que ETA tomó una decisión sobre su disolución elaboró un documento en el que aseguraba que nunca iba a pasar por ese trance, sino que se iba a convertir en una corriente interna de la izquierda abertzale, una especie de inspiradora política que iba a custodiar los valores y las esencias de los suyos.
Meses antes del anuncio del cese definitivo, en agosto de 2011, tres miembros de Batasuna se desplazaron hasta el sur de Francia para reunirse con David Pla, Izaskun Lesaka y Xabier Goienetxea. Los terroristas comunicaron a los dirigentes de la izquierda abertzale, desesperados entonces por poder regresar a las instituciones, que habían decidido –aunque no por unanimidad– anunciar el cese definitivo de las acciones armadas. Pero también que esa iba a ser la última decisión unilateral, de modo que las siguientes –reconocimiento del dolor causado, entrega de las armas y su desmantelamiento– sólo podrían prosperar previa negociación con el Gobierno.
Hablaban de desmantelamiento porque descartaban la disolución. El aniversario del cese definitivo pilló a los terroristas realizando aportaciones a un Informe Básico en el que se ratificaba en su intención de ser la corriente pensante de la izquierda abertzale. Reconocía a su brazo político la jefatura política, pero anunciaba que ofrecería «sus aportaciones, si lo viera necesario también a su base social». Quería que se respetase su legado, sus asesinatos, «ya que está en juego la capitalización de los logros conseguidos».
Ya entonces fuentes de la izquierda abertzale aseguraron a este periódico que ni por asomo iban a permitir que la organización, ya en estado de inanición, constituyese un lastre con su presencia. Han pasado algunos años y Pla y sus huestes han recibido un baño de realidad. Ahora la verdadera preocupación de ETA es la situación de sus presos y huidos. La baza que les queda es disolverse, para intentar así que, desaparecido el problema, rotos los vínculos con una organización inexistente, el trato a sus presos sea mejor. Pero es un riesgo porque el Estado ha asegurado que se aplicará la ley sin fisuras, lo cual implicaría la exigencia de arrepentimiento y de colaboración con la justicia para que cualquier estancia en prisión se vea reducida.
Para cambiar lo que llaman el inmovilismo de los Estados español y francés usarán toda su capacidad para presionar con campañas internacionales como la del pasado sábado. El mensaje para los suyos y para la comunidad internacional era: ETA se desarma en su compromiso por la paz mientras el Estado no hace nada. En palabras de Pla, «toca responder al bloqueo propiciando nuevos momentos y alineando nuevas posibilidades… Junto al pueblo». Naturalmente, piensan involucrar al resto de los partidos y a las instituciones vascas. Aun así, la dirección de ETA sabe que hay un sector entre sus consultados que puede ser refractario a la disolución mientras no se hayan conseguido determinados objetivos políticos. En pocos meses se sabrá el resultado.