En las últimas semanas se ha suscitado el debate sobre la situación económica de Euskadi y la necesidad de un plan de transformación que nos permita garantizar nuestro futuro. Ya el pasado año, tras la publicación de un estudio del Consejo General de Economistas y la Cámara de España, un periódico económico titulaba «Euskadi se hunde». A raíz de la divulgación del primer informe de Zedarriak, otro indicaba: «Los empresarios denuncian la decadencia económica vasca».

Se trata en ambos casos de documentos que presentan la realidad actual de nuestra economía y su evolución en las últimas décadas, pero que creo que hay que completar con los estudios que se han publicado en los últimos años sobre el impacto en ella del terrorismo de ETA. Desde los primeros trabajos de los profesores Abadie y Gardeazábal, publicados en la ‘American Economic Review’ en 2003, se han realizado numerosos estudios al respecto que demuestran el enorme deterioro causado.

Hay que recordar que, además del terrible daño humano, ETA ejerció durante décadas una enorme presión sobre empresas y directivos, e incluso pequeños comercios y profesionales liberales. Así, en el Informe Foronda, publicado por el Instituto Valentín de Foronda de la UPV/ EHU en 2015, se afirma que las empresas vascas sufrieron un atentado cada tres días durante las décadas de terror de ETA.

El Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto impulsó a partir de 2013 diversos estudios sobre el impacto del terrorismo y publicó en 2017 el libro ‘Misivas del terror. Análisis ético-político de la extorsión y la violencia de ETA contra el mundo empresarial’. Otros trabajos posteriores, entre los que destacan ‘La Bolsa y la Vida’ (2018) y ‘Los empresarios y ETA, una historia no contada’ (2020), abordaron también el tema y aportaron más datos.

No todos los daños económicos y pérdida de PIB en ese largo período de tiempo son achacables al terrorismo de ETA, pero no contamos con estudios del impacto positivo de haber disfrutado en casi todo ese tiempo del Concierto Económico. Un instrumento que, acompañado de una mayor disciplina fiscal, ha permitido al País Vasco una mayor capacidad de inversión institucional y, por lo tanto, ha sido un elemento favorecedor de crecimiento económico.

En los estudios citados se analiza el coste directo del terrorismo, que se ha evaluado en unos 25.000 millones de euros. Se calcula que entre 10.000 y 15.000 empresarios y directivos fueron extorsionados, y que más de 150.000 personas pudieron abandonar nuestra comunidad autónoma como consecuencia del terror.

Se recuerda cómo el objetivo de la banda terrorista (explicitado en su boletín interno ‘Zutabe’) era también alejar a los inversores extranjeros, lo que se tradujo en pérdidas de inversiones muy importantes para Euskadi durante décadas. Así, por ejemplo, el País Vasco no pudo aprovechar la entrada de España en la Comunidad Europea, ya que los inversores potenciales (sobre todo, multinacionales) contaban con informes que calificaban nuestra tierra como «zona de actividad terrorista» y redirigían sus inversiones hacia otras latitudes.

Lamentablemente, esa intensa persistencia en el tiempo del terrorismo ha dejado en nuestra economía graves problemas estructurales. En términos relativos, nuestro ‘stock’ de capital se ha desplomado un 43% desde los años 70, y en ese mismo período el PIB ha caído un 24%. Sufrimos una intensa salida de empresas y centros de decisión, y se estima que unos 35.000 empleos de alto valor añadido fueron deslocalizados de Euskadi hacia otras comunidades, en especial hacia Madrid. Hoy, en consecuencia, somos exportadores de ‘talento’ y muchos de nuestros jóvenes salen en busca de trabajo hacia otros lugares.

Quizás uno de los efectos más graves del triste pasado ha sido la fuerte pérdida de tejido empresarial y vocaciones empresariales. Así, en el último informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor, que mide la vocación emprendedora), el País Vasco aparece en los últimos lugares entre todas las comunidades.

En esas pasadas y duras décadas, los diferentes gobiernos y responsables institucionales trabajaron para minimizar los fuertes daños que se estaban produciendo. Pero fue imposible evitar el enorme deterioro estructural de nuestra economía, que hoy aparece reflejado en los informes citados al comienzo de este artículo y que, sumado a los nuevos grandes retos globales, nos está impidiendo ‘poner en ‘valor económico’ la paz.

Afortunadamente, hoy tenemos una oportunidad histórica y disponemos de las capacidades, normativas y competenciales, para reconducir nuestra situación actual y conseguir el cambio de tendencia necesario. Debemos trabajar todos con ese fin. De no hacerlo, el futuro de nuestro país puede verse muy comprometido.