ETA en mano de los verificadores

La entrega de armas o arsenales «ni está ni ha estado en la agenda de ETA ni de la Comisión Internacional de Verificación». 23 de marzo de 2013. La cúpula etarra, compuesta por ‘Josu Ternera’, David Pla e Iratxe Sorzabal, asesta un sonoro golpe a los verificadores que dirige Ram Manikkalingam en respuesta al ultimátum que apenas un mes antes éstos habían lanzado a la organización terrorista: o arrancaba el desarme o la CIV se disolvía y dejaba su labor de interlocución. La advertencia de que la entrega de armas «ni está ni ha estado en la agenda» figuraba en un comunicado hecho público días antes del Aberri Eguna del año pasado y suponía un jarro de agua fría para quienes ya por entonces auguraban un rápido final de la organización armada. Y trasladaba la impresión de que la comisión de verificación estaba amortizada. Que no tenía mayor razón de ser.

Nada más lejos de la realidad. Apenas dos semanas después, tan solo dos semanas después, de ese duro texto, ya en abril, Manikkalingam recibió una carta con el sello de ETA. En la misiva, la dirección de la banda se contradecía a sí misma y ofrecía un mensaje radicalmente opuesto al que figuraba en el comunicado público. Transmitía al portavoz de la CIV su disposición a poner en marcha un proceso paulatino de desmantelamiento de sus arsenales. Daba así un giro de 180 grados en sus planteamientos. Todo en apenas quince días.

¿Qué ocurrió en ese intervalo de tiempo? ¿Qué hizo cambiar de opinión a la organización terrorista en tan corto espacio de tiempo? Fuentes conocedoras de la relación que mantienen ETA y los verificadores aseguran que la cúpula terrorista se ha dado cuenta de que «se ha quedado sola». Sin interlocución con el Gobierno de Mariano Rajoy, que se niega a habilitar cualquier cauce de contacto hasta que la banda anuncie su disolución, la dirección de la organización parece ser consciente de que el «único» asidero al que puede aferrarse para poner fin a su medio siglo de macabra historia es el que le ofrecen los mediadores internacionales. Al menos así lo interpretan quienes conocen de cerca el trabajo de Manikkalingam y su equipo.

Hasta el punto de que estas mismas fuentes aseguran que se ha llegado un punto en que los verificadores son ahora quienes llevan «las riendas» de la relación con ETA. Que la banda no está en situación de poner grandes condiciones para seguir avanzando en el desarme.

«Bochornoso» vídeo
Y más aún después del «bochornoso» episodio del vídeo que el viernes de la semana pasada emitió la BBC. Como adelantó este periódico, la grabación fue una exigencia de la banda. Manikkalingam no quería que se tomaran imágenes, consciente de que, en realidad, las armas y explosivos que se ponían fuera de la circulación eran «poca cosa» y que la escenografía era «humillante» para los propios terroristas, que se despojaban de una muestra de su arsenal ante unos ciudadanos «normales» y no ante miembros cualificados del Ejército español o francés. «El mito de que ETA debe ser tratado de igual a igual por los estados y por las fuerzas armadas quedaba anulado», reconoce una fuente conocedora de los entresijos de aquella grabación.

Quienes han tratado con la banda aseguran que su dirección «vive en otro mundo» y funciona con esquemas ideológicos más cercanos a los de los años ochenta que a los del siglo XXI. Y que la organización todavía quiere dar la impresión de que «tiene su peso» en la política de Euskadi y de España. Los terroristas querían, de hecho, haber retrasado el anuncio de este nuevo movimiento y haberlo acercado a la fecha del 25 de mayo, cuando se celebrarán las elecciones al Parlamento europeo. Algo a lo que se negaron los verificadores al estar convencidos de que el gesto no sólo hubiera sido calificado de «insuficiente» por la mayoría de los partidos, sino que incluso se habría visto como algo «interesado» y no hecho por «convicción».

ETA se ha hecho a la idea de que sólo con ayuda internacional podrá salir del laberinto en el que se encuentra. La dirección de la organización entiende que no debe disolverse sin más. Que antes de bajar por completo la persiana debe solucionar el futuro de sus presos y de sus integrantes en activo. Resolver con el Gobierno de Madrid qué medidas especiales se les puede aplicar para que abandonen la cárcel en un periodo corto de tiempo. Para ello, se han apropiado de un concepto del Derecho internacional, el de la Justicia transicional. En síntesis, una aplicación especial de las leyes que se ha utilizado en países en guerra. De tal manera que se establece una especie de tabla rasa para determinados crímenes y aligerar así el número de personas que tienen que pasar por la cárcel. Un concepto de justicia transicional que no comparten la mayoría de los jueces en España, desde los conservadores hasta los progresistas, que sostienen que ese concepto no se puede aplicar a lo sucedido aquí porque no ha habido ningún conflicto bélico, sino unos terroristas que atentaban y un Estado de Derecho que combatía a la organización.

La cúpula de la banda cree que, ante la negativa de Rajoy a entablar contacto con ellos, deben ser las instituciones europeas las que den su apoyo al proceso abierto en Euskadi tras la declaración por parte de ETA de «cese definitivo de la actividad» violenta, de 20 de octubre de 2011. Confían en que el respaldo de organismos extranjeros fuerce a la Administración española a establecer alguna vía de diálogo, ya sea directa o indirecta. Y resolver así los ‘flecos’ pendientes. Porque la organización armada mantiene la creencia de que su final definitivo sólo será posible con la participación del Ejecutivo central. Si no puede ser con el actual del PP, deberá ser con otro, del PSOE, para lo que confían en un relevo en La Moncloa a finales de 2015.

Próxima cita en Aiete
Mientras ese giro se produce, o no, ETA liga su futuro a las gestiones que están efectuando tanto la comisión de Ram Manikkalingam como el equipo de Jonathan Powell, ex asesor del ex primer ministro británico Tony Blair y que ahora dirige una empresa especializada en mediación de conflictos. Powell y Manikkalingam mantienen una labor coordinada, aunque sus contactos con los dirigentes de la banda se efectúen por vías distintas. Mientras los verificadores se encargan de labores operativas como el desmantelamiento de los arsenales, el exasesor de Blair pretende ahondar en las conversaciones con los partidos vascos y franceses. Tras reunirse el pasado miércoles con el lehendakari, Iñigo Urkullu, y con representantes del PNV (Andoni Ortuzar y Joseba Aurrekoetxea), de Sortu (Rufi Etxeberria) y del PSE (Rodolfo Ares), el expolítico británico pretende realizar en las próximas semanas un gran acto en el Palacio de Aiete que sirva de muestra de apoyo a los últimos pasos dados por ETA.

La reunión, prevista para el pasado miércoles y a la que se confiaba que asistieran personalidades como el líder del Sinn Féin, Gerry Adams, y el ex primer ministro irlandés Bertie Ahern, se suspendió después de que la Audiencia Nacional citara a declarar ante el juez a Manikkalingam y a otros dos de los componentes de la CIV, Ronnie Kasrils y Chris Maccabe. Urkullu, según diferentes fuentes, fue una de las personas que habría recomendado a Powell que demorara esa cita para que no se generara una polémica aún mayor.

ETA acompañó ayer todos esos movimientos con un comunicado en el que respaldaba la labor de los verificadores y alababa su profesionalidad pese a los «obstáculos» que, en su opinión, están poniendo los gobiernos de España y Francia. Una muestra de apoyo cerrado que nada tiene que ver con los reproches que la banda lanzaba a la comisión hace justo un año. La cúpula etarra sabe que Manikkalingam es el único agarradero al que puede aferrarse.