ETA mintió en la escenificación de su rendición, los autodenominados artesanos de la paz mintieron y, por extensión, también dejaron de cumplir con su obligación los miembros de la Comisión Internacional de Verificación encabezados por el profesor Ram Mannikalingam. En realidad, la organización terrorista no entregó 120 armas distribuidas en ocho zulos –tal como anunciaron todos ellos en los actos oficiales y ruedas de prensa organizados el pasado día 8–, sino que, según el recuento realizado por las autoridades galas, sólo pusieron a disposición de la policía francesa 53 pistolas y 10 armas largas. También los restos incompletos de varias armas cortas y las cuatro granadas Mecar de las que dijeron disponer.
El recuento todavía no ha sido comunicado de forma oficial a las autoridades españolas, pero esas son las cifras que han llegado ya hasta el Gobierno y se corresponden con las que EL MUNDO adelantó días antes de la entrega.
Así, el día 8 de marzo, ETA y los artesanos anunciaron en rueda de prensa en el Museo de Historia de Bayona que, previa entrega a unos intermediarios, ponían a disposición de la Procuraduría francesa –equivalente a la Fiscalía española– 87 armas cortas y 35 largas (122), pero finalmente lo entregado está en torno al 50% de lo prometido, que a su vez ya era una pobre contribución respecto al material del que la banda terrorista dispone realmente.
Ya entonces quedó claro que la actual dirección de la banda había hecho un recuento muy escaso, porque sólo en el robo efectuado en una empresa importadora de la localidad francesa de Vauvert en 2006, los etarras se llevaron 350 armas (300 revólveres y 50 pistolas), de las cuales el día de la rendición 150 no habían sido incautadas por las Fuerzas de Seguridad. A ésas hay que añadir aquellas que tenía guardadas por compras anteriores. En definitiva, ETA, en su rendición probablemente no haya entregado más allá del 40% del material que tenía oculto.
Parte de ese material, probablemente, esté en los cuatro zulos que desaparecieron en el último momento de la lista de geolocalizaciones entregadas a la Fiscalía gala. Los intermediarios de ETA habían comunicado a las autoridades francesas que iban a ofrecer la situación geográfica de 12 zulos, pero a última hora sólo facilitaron las coordenadas de ocho ubicaciones.
De esos ocho almacenes, al menos uno era artificial, es decir, había sido creado en los últimos días para trasladar las armas que podían encontrarse en algún domicilio o propiedad particular, en algún lugar comprometedor para sus propietarios. Se trata del zulo hallado en Saint Pée sur Nivelle, excavado en un lugar de recreo cercano a un lago, frecuentado por excursionistas y familias con niños, y ubicado a pocos metros de una carretera muy transitada. La hipótesis con la que trabajan las Fuerzas de Seguridad es que los cuatro zulos que cayeron de la lista pueden estar en domicilios o propiedades particulares, para cuyos dueños los artesanos de la paz no consiguieron la impunidad que solicitaron a las autoridades francesas. Alguno puede estar también en alguna ubicación que ETA sospecha vigilada por la Guardia Civil.
De hecho, los agentes de la Guardia Civil estaban dispuestos a actuar si los intermediarios de la organización terrorista se acercaban a determinados lugares, pero las autoridades francesas prefirieron mantener un perfil bajo al respecto. Los franceses se ciñeron a los pactos que habían establecido, cuyo límite fue que todas las actuaciones relacionadas con la entrega de armas y organizadas por los intermediarios de ETA tuvieran «apariencia de legalidad».
En realidad, la banda terrorista estaba en una carrera contrarreloj. Temerosa de que le quitaran las pocas armas que le quedaban; consciente de que sus propios miembros se lamentaban de que apenas quedaban las siglas; y advertida por la izquierda abertzale de que el interés sobre ella había decaído en Euskadi, hasta tal punto que nadie iba a acordarse de buscar una salida para sus presos.
En esta situación, las autoridades galas podían haber señalado a sus intermediarios la puerta de la Fiscalía para que entregaran sus zulos y nada más. Pero, con el acuerdo del Gobierno español, aceptaron una escenificación dentro de un amplísimo margen de maniobra que no permitía la impunidad, pero tampoco alentaba las detenciones; que no era el espectáculo que una ETA evidentemente derrotada quería dar, pero que permitía la propaganda dirigida a un público internacional al que quería hacerle llegar un mensaje que garantizara su futuro respaldo: «Dado que la banda trabaja por la paz, justo es que los Estados busquen una solución para sus presos».
Esa mañana del 8 de abril, el representante de ETA, Rene Etxegaray, entregó, en una institución democrática como el Ayuntamiento de Bayona, las geolocalizaciones a monseñor Zuppi, el obispo de Bolonia, con la aquiescencia del Vaticano. En presencia de Harold Good, representante de la Iglesia Metodista de Irlanda y de la Comisión de Verificación Internacional –llamada al principio por ETA pero estrechamente unida, después, al Gobierno vasco– cuyos miembros cobran 700 euros al día. Minutos después de este acto que oficializaba la rendición de la banda, un asesor del verificador Mannikalingam –que una vez hecha la entrega se quitó de en medio– subió a un coche que le estaba esperando y trasladó la información a la Fiscalía. El acto simbólico de la rendición se hubiera consumado de todos modos, pero todos ellos incumplieron con su obligación de verificar que se entregaba el 100% del armamento o, por lo menos, de aquel número de armas que había sido comprometido. No hicieron su trabajo de contables, pero sí el de propagandistas.