«ETA es lo único que la democracia hereda del franquismo»

Pregunta.– Su libro es optimista…

Respuesta.– De eso se trata. De explicar a un público amplio que los últimos 40 años han sido los mejores de nuestra Historia contemporánea. Por eso me sorprende ver a una parte de la izquierda obsesionada con la bandera republicana como si el régimen de 1931 hubiera sido mejor que este. Algo falso sea cual sea el parámetro que se utilice para medir. El ejercicio de los derechos y libertades, la construcción de un sistema de gobierno estable, la paz civil, entre otras muchas cosas, prueban que estos han sido años de un éxito rotundo. Y ello aun sabiendo del pesimismo que, con razón, se ha instalado en el país tras los graves problemas de gobernabilidad posteriores a 2015.

P.– Pues una de las críticas de la izquierda es que nuestra democracia es precisamente una continuación del franquismo…

R.– Eso dice Podemos, pero es sencillamente una majadería. El régimen constitucional del 78 vuela por los aires el franquismo. Es decir: no hay nada que tenga que ver directa ni indirectamente con él. El franquismo era un régimen autoritario, éste es un sistema democrático; el franquismo era un régimen profundamente centralizado, éste, un sistema descentralizado; en el franquismo no había elecciones, ni pluralismo político, ni libertad de partidos; en el franquismo no existía reconocimiento de los derechos y libertades… El único elemento de continuidad con el franquismo fue ETA, que trágicamente persistió durante 40 años.

P.– La izquierda radical también diría que el Rey es un elemento de continuidad…

R.– España tiene una peculiaridad en el contexto europeo: es el único país del continente que restaura una monarquía en el último tercio del siglo XX. Pero la monarquía que restaura Franco nada tienen que ver con la de la Constitución del 78. La primera tenía poder político y el rey lo utiliza precisamente para perderlo, lo cual no deja de ser admirable. La Monarquía española actual es democrática, pues el Rey carece de poder político efectivo. Y hay algo que explico en el libro que me parece importante subrayar: los países de Europa que primero consolidan la democracia y antes asientan amplios derechos y libertades, entre ellos el sufragio universal, son todos monarquías. Es el caso del Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica…

P.– Se muestra preocupado por la falta de calidad profesional de las élites políticas.

R.– Si se compara la actual con la situación de los años 70 y 80 la diferencia es obvia. Estábamos entonces ante unas élites muy cualificadas: altos funcionarios, prestigiosos profesionales liberales, conocidos profesores… Ahora, una gran parte de los políticos españoles no han tenido una vida laboral amplia y activa antes de dedicarse a la vida pública. Es el caso, sin ir más lejos, de los actuales candidatos a la Presidencia del Gobierno.

P.– En su libro habla de un concepto bastan- te llamativo: la «suspensión voluntaria de la in-credulidad».

R.– Muy interesante, aunque el concepto no es mío. La idea es que para que la democracia funcione resulta indispensable que los ciudadanos suspendamos voluntariamente nuestra tendencia a la incredulidad. Y, así, aunque veamos que los diputados no representan solamente los intereses ciudadanos, pues sabemos que están también muy preocupados por sus carreras políticas, necesitamos pensar que ello no les impide trabajar para que las cosas funcionen. Cuando la distancia entre lo que nos dicen los partidos y lo que ocurre es demasiado grande sucede que resulta imposible suspender voluntariamente la incredulidad, de forma que se mantenga la confianza en el sistema.

P.– Esa ilusión ahora mismo solo parece que se percibe en Vox.

R.– Es verdad. Pero cuidado: igual le sucedió a Podemos y luego Pablo Iglesias se compró un gran chalet. Y mucha gente dejó de creer por ello que él era distinto de aquellos a los que criticaba. La dificultad para suspender voluntariamente la incredulidad aleja a mucha gente del sistema político.

P.– Usted es partidario de reformar la Constitución.

R.– Analizo en el libro lo sucedido durante el siglo XIX, cuando los grandes cambios políticos se traducían siempre en cambios constitucionales, lo que supuso un gran lastre para España. Todas las constituciones eran de parte y no de consenso, lo que también sucedía, por cierto, en otros países europeos. La Constitución de la II República, hoy tan añorada por algunos, fue, por ejemplo, sobre todo la de la coalición republicano-socialista.

P.– ¿Y ahora?

R.–Ahora no hay mimbres para hacer una reforma constitucional. La reforma exige que se den al menos tres condiciones. La primera, que exista claridad respecto de los objetivos. Es decir: ¿qué queremos reformar? ¿A dónde queremos llegar? ¿Queremos transformar la monarquía en república? ¿Queremos aumentar la descentralización o queremos disminuirla? Segunda, en el caso de que tuviésemos claro qué objetivo perseguimos, ¿cuáles son los medios que vamos a poner para ello? Y tercero, y fundamental, ¿sobre qué coalición política vamos a llevar a cabo la reforma? Y ello no sólo porque la reforma de la Constitución exige mayorías cualificadas. Es que, además, supondría una gran irresponsabilidad acometer la reforma para que la nueva Constitución tenga un consenso muy inferior a la del 78. Sería un disparate. Creo que en estos momentos no se dan ninguna de las condiciones aludidas. Tenga en cuenta, por ejemplo, que incluso en el PSOE hay hoy tendencias claramente republicanas, pues se trata de un partido muy distinto del de Felipe González.

P.– Pero Pedro Sánchez habla bien del Rey Felipe VI en su libro…

R.– Sí, Sánchez sí, pero hay una parte importante de las bases de su partido que en estos momentos están muy alejadas de la Monarquía. Como en Podemos o entre los nacionalistas. Existe, en todo caso, un tema de divergencia política mucho más importante: el territorial, sobre el que no hay hoy ni un mínimo consenso respecto de las reformas que habría que introducir en la Constitución.

P.– El programa de Vox incluye la supresión de las autonomías, una idea que apoya alrededor del 20 % de los españoles…

R.– Un porcentaje que contribuye a dificultar un cambio consensuado. Insisto en el libro en otra reflexión sobre la reforma que no debemos olvidar. En realidad las constituciones son esqueletos que se llenan de músculo a través de la labor legislativa o de la doctrina del Tribunal Constitucional. De hecho, la Constitución aprobada en 1978 es muy diferente de la actual pues, aunque su letra es la misma, aquella se ha ido adaptando a la realidad. Cuando se aprueba la Constitución, no hay legislación en materia del aborto, ni matrimonio entre personas del mismo sexo, por poner sólo dos significativos ejemplos. ¿Qué tiene que ver aquella Constitución con esta y aquel país con el actual? Eso es lo que explica que naciones como Estados Unidos puedan seguir con una Constitución de hace más de 200 años. No creo que en estos momentos, tal y como están las cosas, reformar la Carta Magna sea un tema prioritario…

P.– Se habla de una España federal.

R.– El federalismo también merece una reflexión. El federalismo consiste básicamente en combinar gobierno dividido y gobierno compartido. En España existe ya un sistema federal, no me cansaré de repetirlo. Las Comunidades se autogobiernan y también hay un gobierno compartido: las instituciones del Estado central. Además, el gasto público está hoy en España más descentralizado que en la mayor parte de los países federales: por ejemplo, que en Estados Unidos, Alemania o Austria. El número de funcionarios de las comunidades es mayor que el de los de la Administración central. Y si descontamos a las Fuerza Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad mucho más.

P.– ¿Y es inconstitucional Vox por querer eliminar las Autonomías?

R.– Por supuesto que no. Tampoco es inconstitucional un partido por aspirar a la independencia, pues ambas cosas están dentro de los límites del pluralismo democrático… ¡Hasta ahí podíamos llegar! Lo que no solo es inconstitucional sino también delictivo es pretender acabar con la unidad del Estado a través de procedimientos ilegales. Pero eso los políticos que urdieron la rebelión del 1-O están siendo juzgados, y no, como dicen ellos, por ser independentistas.

P.– Se habla mucho del voto útil. Usted no es crítico con el sistema electoral español…

R.– No, porque a mi juicio el sistema ha combinado razonablemente representatividad y gobernabilidad. Y esta última ha permitido a España avanzar y crecer en todos los terrenos. Es cierto que el sistema electoral ha favorecido a los partidos más grandes y perjudicado a los más pequeños, pero todos los sistemas electorales del mundo producen ese efecto, aunque en España tal desviación haya sido mayor como consecuencia de la gran distancia entre los dos primeros partidos y los demás. Por eso ha bastado con que esa distancia se redujera a partir de 2014 para que, con el mismo sistema electoral, sus efectos en la configuración del sistema de partidos sean muy distintos. Hay están Podemos y Ciudadanos y quizá, en el futuro, Vox.

P.– Y usted dice que tenemos dos problemas territoriales en España, ¿cuáles serían?

R.– Sí, el primero es cómo hacer que el Estado autonómico funcione mejor: cómo distribuimos mejor las competencias, cómo financiamos el sistema, si tiene sentido que tengamos 17 comunidades autónomas o deberíamos reducirlas. El otro problema, sin duda el más grave y el que hace de España un caso peculiar, ha sido el desafío constante de los nacionalismos, lo que ha provocado dos graves conflictos. Uno relacionado con la violencia: la de ETA. Y en una medida, por fortuna, muy diferente, la de Terra Lliure y algún grupo terrorista gallego. ETA era un grupo que mataba, secuestraba y extorsionaba para conseguir un objetivo político: la independencia del País Vasco. El segundo conflicto ha venido dado por la deriva secesionista de los nacionalismos: primero, la del PNV con el plan Ibarretxe y, en la actualidad, la rebelión nacionalista en Cataluña.

P.– El nacionalismo, por propia definición, es la construcción de una nación… Usted no es partidario de iniciar una negociación.

R.– Los nacionalistas han actuado con una profunda deslealtad, pues ahora sabemos que su objetivo fue desde el principio la construcción nacional para hacer posible la independencia. Y no, ante tal planteamiento, no se puede negociar el cumplimiento de la Constitución y las leyes.

P.– El nacionalismo sigue exigiendo un referéndum…

R.– Soy absolutamente contrario al referéndum. No es verdad que nos permitiría acabar con el desafío nacionalista. Los únicos referéndums que no vuelven a celebrarse antes o después son los que ganan los independentistas. El referéndum no es la solución porque da una opción binaria (sí o no) a un problema que no se puede solucionar de ese modo. Cataluña es una sociedad con identidades divididas, en la que sólo es posible convivir con un sistema de descentralización territorial. Para eso se inventó el federalismo. Pero ningún sistema federal puede funcionar con el constante desafío de los separatistas a la ley.

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela En 2012, publicó ‘Los rostros del federalismo’ (Alianza Editorial) que acaba de ser reeditado Su último libro es ‘Luz tras las tinieblas. Vindicación de la España constitucional’ (Alianza)