ETA hoy: política e impunidad

Política e impunidad, por este orden, ha sido el precio que nos ha hecho pagar el PSOE a todos los españoles para que la banda terrorista ETA dejara de asesinar y extorsionar. Conviene recordarlo cuando han pasado más de veinte años desde que José Luis Rodríguez Zapatero traicionara a nuestro Estado de derecho y más de siete desde que lo hiciera Pedro Sánchez.

Comienzo en sentido inverso, por la impunidad, y traigo el asunto a colación porque llevamos meses asistiendo a la concesión irregular de terceros grados por parte del Gobierno vasco a los presos de la banda terrorista ETA. El último a Juan Carlos Iglesias Chouzas, ‘Gadafi’, condenado a 1.123 años de prisión por quince asesinatos, pese a no cumplir los requisitos exigidos legalmente para ello: no ha colaborado con la Justicia para esclarecer los crímenes impunes –el 40% de los crímenes de ETA no tienen autor conocido– no se ha apartado de la banda y no ha abonado la responsabilidad civil asumida subsidiariamente por el Estado. Tampoco ha pedido perdón a sus víctimas, así lo ha recordado hace unos días Alex, hermano gemelo de Fabio Moreno, asesinado con tan solo dos años el 7 de noviembre de 1991 en Erandio, al estallar una bomba lapa en el coche de su padre, guardia civil.

Este último tercer grado se suma a otros 19 concedidos este año, de los cuales tan solo 4 han sido recurridos por la Fiscalía. Desde que la competencia fue transferida al Gobierno vasco en octubre de 2021, han sido 83 los presos de ETA beneficiados de este régimen penitenciario –solo se acude a dormir a la cárcel de lunes a jueves– sin haber cumplido los requisitos legales. Obviamente, este trato de favor es consecuencia del apoyo de EH-Bildu y del PNV a Pedro Sánchez para llegar a la Moncloa en 2018. Otegi fue muy claro en octubre de 2021 cuando dijo en Éibar ante sus bases «Tenemos a 200 dentro y esos 200 tienen que salir de la cárcel. Si para eso hay que votar los presupuestos, pues los votaremos». Y así se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado para 2022.

La salida anticipada de los terroristas está siendo el pago del segundo plazo a ETA por dejar de matar, una traición innecesaria, pues, la banda estaba prácticamente derrotada en 2003 «Solo con el Estado de derecho, pero con todo el Estado de derecho» como dijo el presidente Aznar. El primer plazo lo pagó Zapatero cuando le entraron las prisas por apuntarse el tanto de la «paz». Lo hizo incluso antes de llegar al Gobierno, cuando encargó a comienzos de 2002 a Jesús Eguiguren, que hablara con Otegi para lograr el final de ETA mediante un proceso de negociación política, fueron las conversaciones de «Txillarre».

En marzo de 2003 todas las marcas políticas de ETA fueron ilegalizadas por el Tribunal Supremo, fue el golpe de gracia a la banda, pero Zapatero ansiaba apuntarse ese tanto y al llegar a Moncloa se empeñó en resucitarla para diseñar otro final en el que aparecer como artífice. El Gobierno pactó hacer la vista gorda con todas las marcas que fueron apareciendo en escena para sustituir a los partidos ilegalizados. En 2005 permitió al Partido Comunista de las Tierras Vascas presentarse a las elecciones autonómicas vascas, pero mientras llegaban las municipales de 2007 no se detuvo, el 17 de mayo de 2005 el grupo socialista presentó una moción en el Congreso de los Diputados instando al Gobierno «a obtener un final dialogado de la violencia». Este acuerdo fue seguido en marzo de 2006 de una tregua y del inicio de conversaciones con la banda terrorista en Ginebra y Oslo, negociación que continuaría a pesar del atentado de la T4 el 30 de diciembre de 2006.

Llegadas las elecciones municipales de 2007 se permitió la participación de otra marca blanca de ETA, Acción Nacionalista Vasca. Para finalizar, en mayo de 2011, el Tribunal Constitucional permitió a EH-Bildu presentarse a las elecciones generales en contra del criterio del Tribunal Supremo que los había excluido por considerarlos una continuidad de las formaciones ilegalizadas. Como último capítulo del pacto, ETA, asfixiada y cumpliendo con su pago a Zapatero por asegurarle su regreso a las instituciones, anunció el 20 de octubre, un mes antes de las elecciones, «el cese de su actividad armada». Esta última baza de nada le sirvió a Zapatero, pero el destrozo irreparable al Estado de derecho ya estaba hecho.

Así, de la mano de la política y la impunidad, ETA, transformada en Sortu y travestida de EH-Bildu, se ha convertido en una fuerza decisiva para determinar el rumbo del Gobierno. Un futuro que pasa por cumplir sus dos objetivos de siempre: la destrucción de España y su desaparición del País Vasco. Hay que reconocer que trabajan con ahínco por conseguir el primero, el segundo ya lo han logrado.

Carlos de Urquijo fue delegado del Gobierno en el País Vasco