Editorial, EL MUNDO, 25/9/11
EL COLECTIVO de presos de ETA –considerado siempre un termómetro de las intenciones de la banda– ha expresado su apoyo al llamado Acuerdo de Guernica, firmado hace un año, en el que Batasuna y todas sus marcas solicitaban «un alto el fuego permanente como expresión de voluntad para un definitivo abandono de la actividad armada». El citado acuerdo fue el inicio de una estrategia política perfectamente planificada por parte de ETA-Batasuna para concurrir a las elecciones municipales, objetivo que lograron gracias al TC, inspirado por el Gobierno. El comunicado de los presos es un paso más de esta estrategia, ya que no incluye el único anuncio que los demócratas pueden esperar de ETA: abandono de las armas de forma unilateral, arrepentimiento de los asesinatos cometidos y reparación a las víctimas.
Los reclusos de la banda aseguran, con la confusa verborrea que caracteriza a los etarras, que suscriben la declaración, porque se consideran «imprescindibles para lograr una solución al conflicto que padece nuestro pueblo» y piden «solventar» sus «situaciones extremas con una amnistía», no con «la despreciable política de beneficios personales» que les ofrecen «España y Francia». Antes de entrar en las consecuencias, el impacto y las reacciones políticas que ha suscitado este movimiento en las cárceles, hay que advertir que no se trata de presos políticos –como les califican los radicales proetarras–, sino de delincuentes que han cometido asesinatos, robos y extorsiones.
Dicho esto, siempre será mejor que los etarras se decanten por la política a que empuñen las pistolas. La banda terrorista está en su momento de mayor debilidad operativa, de lo cual hay que felicitarse. En este sentido, no se deben escatimar elogios ni a los gobiernos de Aznar ni al actual Gobierno, y en especial al ex ministro Rubalcaba, que –después del malhadado proceso de paz– desplegó una firmeza en la lucha antiterrorista que sin duda ha dado sus frutos.
Sin embargo, la complaciente reacción del Gobierno ante el comunicado de los presos etarras resulta preocupante y puede ser peligrosa a la larga para la lucha antiterrorista. Rubalcaba y varios ministros subrayaron la declaración como un «gesto inédito» y un «paso» importante, aunque no el definitivo. En efecto, se trata de un «paso», pero no hacia el fin de ETA, como aseguró el candidato, sino dentro de una estrategia política que busca obtener el mayor rédito electoral para la candidatura de Bildu a las elecciones generales, sin necesidad de dar nada a cambio, sin pedir la disolución de la banda, únicamente «la expresión de la voluntad» de abandonar las armas.
Por mucho que a los partidos nacionalistas le parezca un «salto cualitativo» en lo que ellos consideran la búsqueda de la paz, «ningún demócrata puede conformarse con algo que no sea la disolución» de la banda, tal y como acertadamente subrayó Antonio Basagoiti. ETA sigue existiendo, dispone de comandos y no ha entregado ni un arma. A pesar de lo cual, una formación sucesora de Batasuna –que según el Supremo es lo mismo que ETA– gobierna instituciones forales y está a punto de entrar en el Congreso de los Diputados. La manifestación de ayer en Bilbao en apoyo de Otegi –condenado por el caso Bateragune– volvió a demostrar que Batasuna y Bildu son hermanos gemelos. Allí estaba Rufi Etxeberria al lado de Martin Garitano. Otra cosa distinta sería si el TC no hubiera permitido a Bildu presentarse a las elecciones. Entonces un comunicado de estas características sí hubiera tenido relevancia, porque lo habrían suscrito sin recibir a cambio una recompensa política como la de volver al Congreso de donde les echó la Ley de Partidos.
Editorial, EL MUNDO, 25/9/11