Tras esta tramposa sucesión de favores a la banda terrorista ETA, llegaba la traca final el 20 de octubre de 2011, el conejo de la chistera. Tres encapuchados de la banda terrorista anunciaban el final de su «actividad armada». Por cierto, hoy uno de los terroristas que leyó aquel comunicado, David Pla, es miembro de la ejecutiva de Sortu, siendo el «encargado de la escuela política». Esta ‘evolución’ de terrorista a político no hace sino confirmar la tesis que me ha llevado a titular esta Tercera: hoy ETA ya no mata porque ha conseguido aquello por lo que asesinaba, el poder; hoy ETA manda. Si algunos de buena fe pudieron creer que aquella siniestra representación de los encapuchados era el final de la banda, estaban equivocados; un repaso a la hemeroteca bastará para acreditarlo.

Sí, ETA manda, lo comprobamos día tras día en el Congreso de los Diputados desde su apoyo a la moción de censura presentada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, el primer día de junio de 2018, hasta hace unos días con la aprobación de los famosos decretos de vivienda. Hemos visto cómo manda dirigiendo leyes guerracivilistas, como la de Memoria Democrática –modificada a instancias de Bildu para ampliar su vigencia al objeto de incluir el terrorismo de los GAL–; lo hemos comprobado también en otras, como la reforma laboral, la ley de vivienda o la reforma de la ley de seguridad ciudadana. El blanqueamiento de ETA iniciado por Rodríguez Zapatero y continuado por Sánchez y su partido será también sin duda el responsable de que, en 2028, EH Bildu desbanque al PNV del Gobierno autonómico en el País Vasco.

Esta traición al Estado de derecho y a las víctimas del terrorismo es la que ha llevado al Observatorio de Víctimas del Terrorismo de CEU-Cefas a elaborar un documento titulado ‘La derrota del terrorismo de ETA. Propuestas para un compromiso político posible’. Este trabajo lo hemos trasladado a los presidentes de Partido Popular y Vox (Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente) con la pretensión de que sus propuestas se incorporen a sus respectivos programas electorales. Aspiramos a que el próximo Gobierno de España ponga en marcha las políticas necesarias para que ETA sea de verdad derrotada y sus víctimas reciban la Verdad, la Memoria, la Dignidad y la Justicia (con mayúsculas) que reclaman y a la que tienen derecho.

Pedimos que se esclarezcan los más de 350 asesinatos de ETA que todavía no tienen autor conocido, que se persigan penalmente los actos de enaltecimiento a terroristas y que se acabe con la prevaricación de los beneficios penitenciarios otorgados por el Gobierno vasco. También reclamamos que se revise la actividad de EH Bildu y la composición de sus comités ejecutivos de cara a la aplicación de la Ley de Partidos o que se reforme la ley electoral para que los cerca de 200.000 vascos expulsados del País Vasco por la violencia terrorista puedan volver a su tierra.

Pedimos también que los condenados por delitos de terrorismo, además de satisfacer la responsabilidad civil que de manera subsidiaria asumió el Estado, sean inhabilitados para ocupar un cargo público de manera permanente. Solicitamos también un pacto educativo para que las nuevas generaciones conozcan en los centros escolares la verdad del terrorismo y, mientras todo esto se pone en práctica, la firma de un pacto de aislamiento institucional de EH-Bildu que rechace cualquier intento de aproximación o acuerdo con una coalición que no es otra cosa que la continuidad de una banda terrorista.

Soy consciente de que las víctimas del terrorismo y el disfraz institucional de ETA no son hoy la principal preocupación de los españoles. La memoria se vuelve frágil dieciséis años después del último atentado mortal de la banda terrorista y tantos años de blanqueamiento tampoco pasan en balde, acaban por hacer efecto, de manera especial, y desgraciadamente, entre los jóvenes. Sé, por ello, que será difícil que un próximo Ejecutivo de PP y Vox ponga en marcha todas las ambiciosas medidas que planteamos para derrotar definitivamente a la banda terrorista. Pero nuestro compromiso con España, con nuestro Estado de derecho y con aquellos a los que ETA arrebató la vida por defenderlo se convierte en una deuda moral que tenemos la obligación de atender. Ojalá el próximo 29 de noviembre se abra en España una nueva etapa de la que podamos sentirnos de nuevo orgullosos; se lo debemos a todos los españoles, pero, de manera singular, a las víctimas del terrorismo.