CINCO años y medio después de su anuncio del cese definitivo de la «actividad armada», ETA parece decidida a entregar las armas, una de las exigencias impuestas a la organización terrorista por los gobiernos de España y Francia. Pero los acontecimientos se están produciendo de un modo bochornoso que hacen desconfiar de que estemos ante un desarme real. Por el contrario, la banda pretende transformar este epílogo de su derrota en un acto propagandístico y de blanqueamiento.
El caso es que está previsto que el próximo sábado ETA ponga a disposición de una serie de supuestos verificadores internacionales –quienes, junto a una plataforma de grupos abertzales se autodenominan, para más inri, artesanos de la paz– un arsenal compuesto por unas 55 armas cortas, algunas largas, 2.500 kilos de diferente material explosivo y componentes para la confección de bombas, todo ello guardado en 45 bidones escondidos en zulos diseminados en la zona fronteriza de Francia con el País Vasco. A ese gesto de la banda le acompañarán toda una serie de actos en la localidad gala de Bayona, que incluirán conferencias de mediadores, manifestaciones en apoyo al proceso de paz defendido por los herederos de Batasuna, fotografías y toda clase de numeritos casi circenses de exaltación. Una romería auspiciada por Sortu y EH Bildu que pretende trasladar a la opinión pública la idea de que el desarme responde a una voluntad generosa de ETA, como consecuencia de la «superación de un conflicto sin vencedores ni vencidos».
La democracia española no puede consentir la ignominia que supone una nueva ofensa para las más de 800 víctimas mortales que ha dejado el historial sanguinario de la última organización terrorista en activo de Europa. Numerosos intelectuales y miembros de asociaciones de víctimas han firmado un manifiesto en el que reclaman un fin de ETA «sin impunidad, con ley y con justicia» y exigen a las autoridades «una respuesta clara e inequívoca» para evitar que el sábado asistamos a un circo de autoblanqueo etarra. Lo que faltaba después de tantas décadas de sufrimiento, ahora que la banda está completamente derrotada.
Lo único que puede hacer ETA es disolverse definitivamente. Sin condiciones ni contrapartidas de ningún tipo. Mientras tanto, el Gobierno debe mantener la firmeza en la lucha antiterrorista y seguir trabajando con ahínco para poner a los etarras con causas pendientes ante la justicia. Este desarme de Bayona es un auténtico paripé, que sólo sirve para dar notoriedad a una organización desahuciada. Primero, porque las fuerzas policiales y el CNI saben que la banda no va a entregar todas las armas en su poder. De algunas se niega a desprenderse porque podrían ser decisivas para ayudar a resolver algunos de los más de 300 crímenes que todavía no se han esclarecido, y que, por tanto, mantienen impunes a sus autores. Y, segundo, porque si ETA quisiera proceder de una vez a su desarme real, como paso previo a su disolución, bastaría con que comunique a las fuerzas de Seguridad dónde tiene todos sus zulos para que la Policía y la Guardia Civil sean las que verifiquen la operación. A estos cuerpos le corresponde esta tarea, no a unos verificadores de paz que se han prestado al vergonzoso juego de hacer seguidismo de la izquierda abertzale, como si España y Francia no fueran dos países en los que rigen el imperio de la ley y el Estado de Derecho, sin necesidad de observadores internacionales.
Mención aparte merece el sonrojo que provoca que los socialistas vascos secundaran ayer una iniciativa de los partidos nacionalistas, con Otegi incluido, para respaldar el desarme como hito de «un final ordenado de la violencia». El objetivo era dejar sólo al PP, al que acusan de intransigencia y de dificultar el proceso de paz. Una grave injusticia por cuanto los populares, igual que los socialistas, han sufrido en primera persona el zarpazo etarra durante décadas. Y un modo de reescribir el relato sobre ETA, en el que están volcados ahora los abertzales. El PSE no puede sumarse a nada que suponga reinterpretar la realidad de décadas de violencia.