EL CORREO, 13/2/12
Interior prevé movimientos de la banda para intentar forzar una negociación, que rechaza Rajoy
«El desarme puede ser para unos el inicio de todo y para otros, el final de todo». Detrás de esta críptica frase se esconde el modelo de disolución que ETA está intentando trasladar por vías indirectas al Gobierno del Partido Popular. La banda terrorista considera necesario entablar un diálogo con el Ejecutivo central para abordar las llamadas «cuestiones técnicas», en referencia a las víctimas, la entrega de armas y el futuro de los presos y los terroristas en activo. Unas conversaciones que aparecen recogidas en el segundo punto de la ‘declaración de Aiete’ que presentaron los exdirigentes internacionales encabezados por el ex secretario general de la ONU Kofi Anann el pasado septiembre tras la cumbre celebrada en San Sebastián.
LAS CLAVES
CONTACTOS CON LOS PARTIDOS
Los mediadores de Currin y el comité de verificación conocían esta propuesta cuando visitaron Euskadi
GOBIERNO-ETA
Las conversaciones se mantendrían ocultas incluso después de alcanzar un pacto
AUTONÓMICAS DE 2013
Batasuna está convencida de que sus opciones electorales crecen en el actual escenario
El Gabinete de Mariano Rajoy se niega a mantener cualquier contacto con la cúpula etarra y exige que, como primer paso, la organización terrorista anuncie su disolución. Como avanzó este periódico el 4 de diciembre del año pasado, el Gobierno central aguardará a un gesto evidente de ETA, más allá de una mera entrega de algunas armas, para comenzar a dar pasos. «Nunca, nunca el Gobierno de España se sentará a dialogar con una organización terrorista», advirtió la pasada semana en el Congreso de los Diputados el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Ante ese escenario, la banda ha trasladado a los responsables tanto del Grupo Internacional de Contacto (GIC), que encabeza el abogado sudafricano Brian Currin, como al Comité Internacional de Verificación, cuyo portavoz es Ram Manikkalingan, un esquema de negociación con el que pretenden sortear la actual oposición de Rajoy. Se trataría de entablar unas conversaciones «totalmente secretas» en las que se abordarían las ‘cuestiones técnicas’. Las reuniones deberían contar, según el planteamiento de la organización armada, con el asesoramiento de alguna clase de mediadores extranjeros.
Y permanecerían en «absoluto» secreto, incluso después de que se hubiera llegado a cualquier tipo de acuerdo. La declaración de disolución y desarme sería, según las fuentes consultadas, para el Gobierno del PP «el inicio de todo», mientras que para ETA supondría «el final de todo». Esta fórmula, entiende la banda, permitiría al Ejecutivo central sortear su promesa de no sentarse a negociar con un grupo terrorista en activo. La propia izquierda abertzale ha reconocido en público su temor a que la presión que, en su opinión, ejerce el sector más conservador del PP y de la sociedad española impida que el presidente del Gobierno dé los pasos necesarios para «cerrar por completo el ciclo de la violencia».
Los verificadores de Manikkalingan y los mediadores de Currin conocían este planteamiento cuando viajaron a Euskadi a finales de enero y principios de febrero, respectivamente. Los primeros intercambiaron impresiones con todos los partidos -excepto el PP- e, incluso, se reunieron con un alto cargo del Departamento vasco de Interior, con el que han establecido una vía directa de contacto. Tras la visita del comité de verificación -sus miembros esperan volver en un par de meses-, Mariano Rajoy citó en La Moncloa a Patxi López e Iñigo Urkullu. El líder del PNV le ofreció al jefe del Ejecutivo un «consenso histórico» entre los partidos que le deje las manos libres para abordar el final de ETA
La operación que plantea ETA no está exenta de riesgos para el Gabinete de Rajoy. Aunque se articularían mecanismos para evitar cualquier filtración, siempre existiría el peligro de que, de alguna manera, se dieran a conocer esos contactos. Sobre todo si las conversaciones quedaran estancadas o fracasasen. Es lo que sucedió tras el proceso de paz de 2006. En aquella ocasión, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ETA mantuvieron en Ginebra un diálogo, que fue autorizado por el Congreso de los Diputados, cuyos detalles se han ido conociendo a lo largo de estos últimos años. El papel de los mediadores internacionales se convertiría en fundamental para minimizar ese riesgo, según las fuentes consultadas.
Como en Irlanda
Tanto en el Ministerio del Interior como en la consejería que dirige Rodolfo Ares no se descarta que la organización terrorista pueda protagonizar un gesto en forma de entrega de armas en los próximos meses. Al estilo de los que realizó el IRA en Irlanda del Norte. Un movimiento que se llevaría a cabo antes de las elecciones autonómicas y que elevaría la presión sobre el Gobierno central.
La izquierda abertzale está convencida de que sus posibilidades electorales en los comicios autonómicos del próximo año aumentarán si el Gabinete de Rajoy mantiene su «actual posición de bloqueo». Una idea que también comienza a recorrer las sedes centrales de PNV y PSE. La antigua Batasuna confía en que el Ejecutivo realice algún movimiento tímido antes de la cita con las urnas. Desde hace semanas, el colectivo que lidera Rufi Etxeberria está embarcado en una campaña de presión hacia el PP para que modifique la política penitenciaria y se siente a dialogar con la banda.
EL CORREO, 13/2/12