EL CORREO 23/02/14
· La banda no tiene previsto realizar nuevos movimientos significativos hasta después de las elecciones europeas del 25 de mayo.
· ETA se prepara para un largo y complejo proceso de desarme que se prolongará durante años. Es la impresión que los verificadores han trasladado a los partidos políticos y agentes sociales con los que se han reunido esta semana.
Aunque en público la comisión que dirige Ram Manikkalingam –que hoy acudirá a la Audiencia Nacional a declarar como testigo para esclarecer cómo se grabó el vídeo en que la banda dejaba «fuera de uso» una ínfima parte de su armamento– advirtió que el desmantelamiento de los arsenales puede completarse en «meses», la realidad es que tanto la organización terrorista como los diferentes mediadores internacionales implicados trabajan con una previsión a mucho más largo plazo.
El proceso, entienden, requerirá de varios años. Como sucedió en Irlanda del Norte, aunque allí los gobiernos de Tony Blair y Bertie Ahern impulsaron un grupo especial de verificación, al que dieron cobertura para favorecer sus movimientos. El IRA hizo su primer gesto de inutilizar armas en 2001, pero no desmanteló sus arsenales hasta 2005. Y eso que los terroristas encargados de esta labor contaban con inmunidad desde 1997.
La Comisión Internacional de Verificación (CIV) cree que un rápido desarme sólo sería posible «en el mejor de los escenarios», con un Gobierno español «totalmente» implicado. Algo que parece imposible si se atiende a las declaraciones que tanto el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, han venido reiterando desde hace dos años, negando cualquier posibilidad de entablar cualquier clase de contacto con la cúpula etarra. El Ejecutivo considera que con esta actitud forzará, tarde o temprano, a la banda a disolverse sin ninguna clase de contraprestación. Sin hablar siquiera de la paulatina excarcelación de presos o la entrega de la treintena de terroristas que aún siguen en la clandestinidad.
Convencidos de que La Moncloa no va a hacer «nada» para favorecer el desarme de ETA, los verificadores han dibujado otro futuro. Se conforman con que el Gobierno «mire para otro lado» y les deje hacer, algo que podría verse complicado con la investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre la cita que Manikkalingam y el expolítico sudafricano Ronnie Kasrils mantuvieron con dos miembros de ETA para certificar el primer gesto de desarme de la organización armada y que quedó grabado en un vídeo emitido el viernes por la BBC.
Aunque no existe un calendario
prefijado de los pasos que los terroristas deben dar en los próximos meses, la CIV ha comunicado tanto al lehendakari como a los tres grandes partidos con los que se ha reunido esta semana –PNV, Sortu y PSE– que ETA no va a realizar ningún movimiento hasta, al menos, después de las elecciones europeas del 25 de mayo. Puede que emita algún comunicado en el que analice la situación política, pero nada que tenga que ver con el desmantelamiento de sus arsenales.
«En una burbuja»
Según ha podido saber este periódico, la cúpula etarra no quería haber dado ahora el tímido paso que dio el viernes. Su intención era escenificar el primer gesto de su desarme en las semanas previas a los comicios al Parlamento europeo. La organización armada, que según diversos analistas vive «en una burbuja», considera que todavía tiene capacidad para «condicionar» la actividad política en Euskadi y se cree con la obligación de hacerlo.
Fuentes conocedoras de las conversaciones entre la CIV y la dirección de ETA aseguran que fue el equipo de Manikkalingam el que presionó para adelantar el acto celebrado antes de ayer en un hotel de Bilbao. Con un único argumento: cuanto más se acercara ese paso a la cita con las urnas, «menos creíble» sería. Los expertos entendían que postergar algo que ya se había acordado en septiembre iba a ser contraproducente. Porque cuanto más se aproximara a mayo, más grandes iban a ser las sospechas de que no era un movimiento «por convencimiento» sino «por interés».
Con estas previsiones parece poco realista hablar de un desarme «en meses», como dijeron en público los verificadores en un canto al optimismo, o en «un año» como el viernes trataron de extender desde el entorno nacionalista. Porque si, como Manikkalingam ha trasladado a los partidos, no va a haber pasos antes de finales de mayo, parece prácticamente imposible que todo se vaya a acelerar durante el verano y en la recta final del año. Sobre todo si se tiene en cuenta que ETA es una organización habituada a marcar sus propios tiempos y que gusta de dar cierta trascendencia a todo aquel nuevo movimiento que realiza.
Como ejemplo, sirva el tiempo que ha requerido la gestación del acto del pasado viernes. Los verificadores dieron un ultimátum a la banda en febrero de 2013: o iniciaban su desarme o la CIV se disolvía. La cúpula etarra aceptó dar ese paso en abril, aunque en marzo emitió un comunicado cargando con dureza contra Manikkalingam y su equipo, a quienes advertían que el desmantelamiento de arsenales no competía a la comisión. Los verificadores trasladaron a la organización terrorista que aceptaban supervisar el sellado de zulos en septiembre, pero el gesto no se llevó a cabo hasta el pasado mes de enero. Todo un año para sacar de la circulación cuatro armas de fuego, dos granadas de carga hueca, 300 balas, 16 kilos de explosivos, cordón detonante y nueve temporizadores. Sólo en armas cortas, los terroristas disponen de 250 unidades aún por entregar. Y en munición, 59.000 balas escondidas.
La Comisión Internacional de Verificación analiza ahora cuáles deberían ser los siguientes movimientos, adoptados siempre desde la unilateralidad. Sin esperar al Gobierno de Rajoy. Manikkalingam confesó el viernes en una reunión con periodistas vascos que veía «imposible» volver a repetir el procedimiento que él y Kasrils tuvieron que seguir para ver el zulo sellado y recibir la nota que les entregaron dos etarras encapuchados. Entre las opciones que podrían barajarse, y que ya han estado sobre la mesa de las conversaciones, está la de que la cúpula terrorista haga llegar las coordenadas de los depósitos donde guardan explosivos y armamento a los verificadores, para que luego éstos se lo trasladen a las autoridades. Un sistema que funcionó en Irlanda del Norte.
La CIV tiene el compromiso por parte de la organización armada de que sus activistas no van a emplear «en ningún caso» las pistolas que portan. De hecho, este «detalle» ya no preocupa al equipo de expertos. «Se ha comprobado cuando les detienen que no hacen uso de sus armas», advertía Manikkalingam a los medios vascos.
EL CORREO 23/02/14