EL CONFIDENCIAL, 24/9/11
SEISCIENTOS ETARRAS ENCARCELADOS SE SUMAN AL ACUERDO DE GERNIKA
Los presos de ETA han dado un importante paso adelante al pedir a la banda que abandone la violencia. Lo han hecho con un comunicado remitido al diario Gara en el que se suman al Acuerdo de Gernika, suscrito el 25 de septiembre del pasado año por la izquierda abertzale, EA, Alternatiba y Aralar y 23 organizaciones de distinto tipo. El Confidencial ya había anunciado, el pasado día 8 de septiembre, que éste sería el mes elegido por los presos para anunciar el final de la violencia.
El denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK su acrónimo en euskera) representa a seis centenares de etarras repartidos por todas las cárceles españolas y francesas y tiene una gran capacidad de influencia en las decisiones de la banda. Numéricamente superan con diferencia a los terroristas que lo servicios antiterroristas sostienen que integran ETA en este momento.
Los presos llevaban desde diciembre del año pasado discutiendo su apoyo al mencionado acuerdo, que reclamaba a la banda una tregua (que hizo efectiva el pasado 10 de enero) como paso previo al abandono definitivo de la violencia. Un debate al que no ha sido ajena la propia ETA, que habría dado el visto bueno a la decisión tomada por sus presos, que no querían tomar una iniciativa que supusiera una ruptura con la banda terrorista. Si su “autorización” ha sido o no forzada por las circunstancias se conocerá cuando ETA se pronuncie en un comunicado.
El texto de los presos, escrito íntegramente en euskera y muy retórico, recoge que, “por encima de los límites y los obstáculos de los estados que nos tienen cautivos, EPPK manifiesta su compromiso firme de empujar para avanzar en el proceso democrático dentro del Acuerdo de Gernika y según sus contenidos” (lo que supone renunciar a la violencia) y expresan su “compromiso total de llevarlo hasta el final”. ”.
Hasta ahora, solo un reducido grupo de “disidentes”, algunos de ellos antiguos dirigentes, se había manifestado a favor del fin de la violencia, lo que les había costado en algunos casos su expulsión del Colectivo por romper la disciplina interna. Todos ellos están recluidos en la prisión de Nanclares de Oca (Álava), la estación término de las “cárceles laboratorio” que el Ministerio del Interior utiliza desde hace años para sondear a los presos.
El Acuerdo al que ahora se suman contiene recoge la “necesidad de un reconocimiento, reconciliación y reparación de todas las víctimas”, y contiene numerosas reivindicaciones para los presos: el fin de la dispersión; la liberación de los internos gravemente enfermos; la concesión de libertades condicionales a los etarras que cumplan los requisitos legales y de libertades provisionales para los que están pendientes de juicio; la aplicación de beneficios penitenciarios, y la derogación del Código Penal que eleva de 30 a 40 años el periodo máximo de cumplimiento.
Temor tras la sentencia del «caso Bateragune».
El anuncio tiene especial relevancia por el momento tan complicado en que se ha dado a conocer, días después de que Audiencia Nacional condenara a diez años de reclusión a Arnaldo Otegi y Rafa Díez Usabiaga, principales impulsores del giro dado por el mundo de Batasuna, en el “caso Bateragune” por pertenencia a banda armada en grado de dirigentes. El propio Otegi pidió a la izquierda abertzale al conocer la sentencia que no se separara del camino iniciado, ante el temor de que el sector partidario del mantenimiento de la actividad terrorista aprovechara el fallo para revertir la situación pese a ser minoritario.
También está pendiente que el Tribunal Constitucional resuelva si autoriza la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, lo que permitiría su presencia en las elecciones del 20N, a la que la concurrirán con una candidatura única los integrantes de Bildu y Aralar. Una decisión a la que se ha opuesto el Fiscal General del Estado, que ha puesto también en duda la legalidad de Bildu. Para enredar aún más la situación, el Constitucional tiene que fallar también si deroga la conocida como ‘doctrina Parot’, que ha alargado la estancia en prisión de numerosos presos de la banda.
El Acuerdo de Gernika vino precedido de la Declaración de Bruselas (marzo de 2010), en la que un grupo de premios Nobel de la paz y mediadores internacionales reclamó a la banda un alto el fuego. Precisamente esta semana ha viajado a Bilbao el Grupo Internacional de Contacto (GIC) que encabeza el abogado sudafricano Brian Currin para “continuar con la labor de promover, facilitar y fomentar el logro de la normalización política”.
Las fuentes políticas vascas consultadas creen que Bildu podría acompañar el comunicado de los presos con un gesto de apoyo a las víctimas del terrorismo. La coalición lleva tiempo debatiendo una fórmula para abordar esta cuestión.
EL CONFIDENCIAL, 24/9/11