El esquema de ETA, que se ajusta bastante a lo ocurrido en 2005 y 2006, prevé una negociación con el Gobierno sobre una serie de cuestiones previas, y a cambio iniciaría una tregua. Con una nueva exigencia previa: la excarcelación de presos enfermos, de los que han cumplido tres cuartas partes de condena y a los que se ha aplicado la ‘doctrina Parot’.
El resumen esquemático de las últimas declaraciones de dos dirigentes etarras conocidas este fin de semana a través del diario Gara sería el siguiente: la banda rechaza cualquier tregua unilateral; establece condiciones políticas para abandonar las armas; se guía por el esquema de Anoeta de 2004 -que se aplicó para la tregua de 2006-; rechaza una negociación limitada a la entrega de las armas y la suerte de los presos; admite sus discrepancias con Batasuna; tiene reservas con la ponencia ‘Zutik Euskal Herria’; no se considera vinculada por el pacto de Batasuna con EA y opina que los ‘principios Mitchell’, aquellos que descartan el uso de la violencia en las negociaciones, afectan sólo a los partidos políticos y no a la banda terrorista.
Es decir, que rechaza las peticiones de treguas unilaterales de los firmantes de Bruselas, de Batasuna y de sus acompañantes de Gernika. Eso sí, lo hace magreando el lenguaje en profundidad para que no parezca un desaire muy escandaloso, de manera que cuando dice no a todo dé la impresión de que está diciendo que está dispuesta a todo. Alguna vez en el futuro, pero no hoy, claro.
Las palabras de los etarras y los comunicados de la banda -los dos últimos y los anteriores-, junto con documentos internos del año pasado, revelan que ETA tiene un esquema muy claro de cómo debe ser una tregua y no se ha desviado un milímetro de ese guión.
El esquema en cuestión, que se ajusta bastante a lo ocurrido en 2005 y 2006, prevé una negociación del Gobierno con ETA sobre una serie de cuestiones previas (la legalización de Batasuna o permitir sus actividades como si estuviera legalizado, compromiso de no realizar detenciones, dar garantías de cara a una negociación política…) y a cambio la banda iniciaría una tregua. Pero no se conforma con eso, sino que ahora ha añadido una exigencia nueva: el Gobierno tiene que aceptar de antemano la excarcelación de presos enfermos, de los que han cumplido tres cuartas partes de condena y de aquellos a los que se ha aplicado la denominada ‘doctrina Parot’.
Esta última exigencia no se planteó en las negociaciones previas de 2005, que dieron paso a la tregua del año siguiente. Son un añadido nuevo. ETA, por tanto, no sólo no da más facilidades sino que ha puesto el nivel de exigencia más alto que hace cinco años.
Si se le admite todo esto, ETA aceptaría que fueran los partidos quienes negociaran los cambios políticos en una mesa, en aplicación del esquema de Anoeta. Es lo mismo que aceptó en 2006, pero cuando consideró que lo que se negociaba en Loyola no le convencía, ETA se metió por medio y forzó la ruptura. Los encapuchados se reservan la primera y la última palabra.
Florencio Domínguez, EL CORREO, 28/9/2010