Los abogados que trabajan al servicio de ETA sostienen desde hace varias semanas una actividad frenética. Son los encargados de mantener la cohesión entre los miembros de la banda que permanecen entre rejas bajo el colectivo de presos EPPK. También supervisan la comunicación entre los terroristas que permanecen huidos. Su obsesión, la misma que la de la dirección de la banda, es evitar que se produzcan escisiones internas de cara a su estrategia de disolución. Temen que IBIL y ATA, estructuras que nacieron en el seno de la organización pero que cada vez están más alejadas de sus tesis, revienten su proceso con una vuelta a la violencia.
ETA afronta una semana clave, en la que escenificará su fin definitivo. Hace tiempo que la banda terrorista apenas se sostiene sobre sus siglas. David Urdin Pérez, un navarro vinculado a la organización juvenil Jarrai, tomó las riendas de la organización con la misión de gestionar los últimos estertores de la banda. Al menos, esa es la idea sobre el papel: Urdin apenas cuenta con predicamento entre los terroristas encarcelados o huidos. No son pocas las voces internas que ponen en cuestión su capacidad resolutiva. En realidad, su labor fundamental pasa por gestionar los movimientos de los etarras que aún no han sido capturados, brindándoles apoyo logístico -documentación o alojamiento, entre otros-.
Esa consulta entre las bases no fue otra cosa que su modo para trasladar a todos los presos un mensaje claro: comunicarles que el proceso es irreversible, trasladarles la exigencia de mantener una cohesión entre sus miembros y evitar que haya voces discordantes entre sus miembros.
Un díscolo en IBIL
Es aquí donde surgen los nombres de dos estructuras: IBIL [Iraultzaileen Bilguneak; Núcleos Revolucionarios, en euskera] y ATA [Askatasuna Ta Amnistia; Libertad y Amnistía]. Ambas cuestionan la estrategia auspiciada por ETA, que pasa por dejar el liderazgo a la izquierda abertzale.
IBIL ya protagonizó un incidente que obligó a la dirección de ETA a tomar cartas en el asunto. Uno de sus miembros, Fermín Sánchez Agurruza, desapareció en febrero de 2014 de las aulas en las que impartía clase, en un instituto de la localidad navarra de Urdax. Se había marchado en Francia, presumiblemente para intentar reconstruir un comando activo bajo las siglas citadas, IBIL.
Habían pasado dos años y medio desde que ETA anunciase, en octubre de 2011, su «cese definitivo de la actividad armada». La actitud díscola de Sánchez Agurruza tuvo respuesta: la dirección de la banda le llamó al orden, obligándole a regresar a Navarra y abandonar su idea de la vuelta a las armas.
Las armas de ATA
Pero es en ATA donde la banda teme que se pueda producir una verdadera escisión. Fuentes de la lucha antiterrorista señalan las discrepancias que surgieron entre una y otra ante el proceso que apunta a la disolución definitiva de las siglas de ETA. ATA no está de acuerdo en ceder el testigo a la izquierda abertzale. Tampoco en que la dirección terrorista entregue las pocas armas que quedan en su poder.
ATA considera que esas armas constituyen un valor fundamental en una hipotética negociación con el Gobierno; una moneda de trueque para gestionar el acercamiento de los presos terroristas a cárceles más próximas a sus lugares de nacimiento. También para conseguir beneficios para los etarras que permanecen fugados en el exterior.
«Esta guerra se gana a tiros», apuntó recientemente en una carta el terrorista Iñaki Bilbao Goikoetxea. Su nombre encaja en la definición del sector duro de la banda que se resiste a dejar las armas. Las mismas fuentes consultadas por EL ESPAÑOL lo vinculan con la organización ATA.
ETA teme que esta escisión -sobre la que pone todo su empeño en controlar- se haya hecho con un puñado de armas de alguno de los zulos que la organización pueda tener fuera de control, bien por la presión policial o porque sus miembros no hayan facilitado sus coordenadas exactas.
300 crímenes sin resolver
Dentro de toda esta estrategia sobre su disolución, ETA no contempla la posibilidad de colaborar con la Justicia en los más de 300 crímenes sin resolver que tiene en su historial. Las armas que ya han entregado a las autoridades están limpias de huellas. También han trasladado a sus miembros la orden de que no faciliten información que pueda reabrir causas judiciales pendientes.
ETA apunta a su fin dejando tras de sí más de 800 crímenes mortales y la necesidad de justificar su existencia, su gran obsesión. Temen que ese relato se resquebraje si una escisión interna sale del camino marcado e insiste en volver a la violencia.