Entre el «asunto interno» y la «profunda preocupación» (la retórica del ‘deeply concerned’), Europa no va a implicarse mucho en el debate español sobre la amnistía. Y habrá que ver hasta dónde se involucra en el inminente asalto sanchista a la independencia de la Justicia. Si la oposición quiere sacar algo en claro de su presión política tendrá que jugar con las reglas de Bruselas y Estrasburgo, que son distintas a las de Madrid porque allí está permitida la contratación de ‘lobbies’ para influir en las decisiones legislativas. Los partidos antisanchistas han inflado la importancia de la rutinaria sesión del miércoles en la Eurocámara. Ni la presidenta de la Asamblea, ni la de la Comisión, ni el del Consejo estaban en la sala, que en términos de aforo no llegó ni de lejos a un cuarto de entrada. Estuvo Reynders, sí, y prometió extremar la vigilancia, pero más allá de él nadie se toma muy en serio la cuestión catalana en unas instituciones comunitarias donde España sigue proyectando una imagen de insuficiencia democrática.

También estaba Puigdemont, por supuesto, sonriente y satisfecho en su asiento porque al cabo de seis años ha logrado su principal objetivo estratégico. Que no consiste sólo en evitar el procesamiento sino en convertir su caso en una cuestión de ámbito extranjero y en abrir una polémica sobre nuestro Estado de Derecho. En realidad fue la Justicia europea, en concreto la alemana y la belga, la que denegó desde el primer momento la orden de entrega solicitada por el juez Llarena, y luego el propio Parlamento le concedió inmunidad y le permitió ejercer de diputado sin problemas. No cabe, pues, esperar gran cosa de un entramado internacional de gobernanza tan compleja que resulta incapaz de comprometerse en serio con una guerra en sus propias fronteras. Y donde los desafíos separatistas incomodan menos –y esto lo sabe Sánchez, y lo explota con destreza– que la emergente fuerza electoral de la extrema derecha.

El constitucionalismo español carece, como durante el ‘procés’, de capacidad, habilidad y recursos para rebatir la propaganda del independentismo, ahora reforzada por el mismísimo poder Ejecutivo. No consigue que la opinión pública exterior entienda el peligro de un desmantelamiento subrepticio del orden jurídico. Ni siquiera puede o sabe desacreditar la existencia inadmisible de esos ‘verificadores’ clandestinos encargados de garantizar los acuerdos del Gobierno con sus aliados como si fuesen mediadores legítimos en un conflicto. Las multitudinarias manifestaciones contra la amnistía apenas han tenido fuera del país un vago eco en periódicos y noticiarios. El poder judicial se desespera ante la ausencia de respuestas a sus quejas de amparo. Ruido hay, pero muy escaso comparado con los escándalos húngaro o polaco. O alguien encuentra pronto el modo de aumentarlo o la vía europea acabará (también) en fracaso.