Antonio Elorza-El Correo

  • La UE asigna prioridad a los Estados como sus sujetos fundacionales y a la lengua como medio de comunicación, y no como instrumento de reivindicación política

Pedro Sánchez está metido en la madre de todas sus batallas en Europa, con tal de lograr el reconocimiento del catalán como lengua oficial en la UE. Sobre Ucrania, sobre la OTAN, incluso en términos generales sobre la amenaza que supone Putin, o sobre el riesgo que una inhibición española representaría, pensando en un previsible conflicto futuro con Marruecos apoyado por Trump, nada tiene que decir, salvo que no está dispuesto a pagar lo que exigen de España. En cambio, para la pretensión de oficialidad del catalán en Europa, con el euskera y el gallego de acompañantes, ha puesto sobre la mesa un prolijo argumentario, y por si fuera poco, los fondos necesarios para que la concesión a la UE no le cueste un euro. Tal y como proclamó Fidel cuando a finales de los 80 subió el precio de los transportes a sus sufridos súbditos, es que a estos les sobraba el dinero. Nos debe de pasar lo mismo.

Sabemos que este empeño carece de base cultural o política de fondo, y que responde al pago contraído por el voto catalán a favor de la supervivencia de Sánchez. Pero no es la única cuestión a abordar y, sobre todo, tiene más implicaciones de las que a primera vista suscita ya el episodio. La primera de ellas es que a pesar de presentarse en línea de continuidad con antecedentes europeos, supone una fractura respecto de la línea seguida hasta hoy en cuanto al reconocimiento de un idioma oficial en la Unión. Se pretende así reemplazar la lógica unitaria, convergente, característica de la UE, como conjunto de Estados, por un deriva ideológica hacia la fragmentación, resultado inevitable de esa ‘Europa de los pueblos’, opuesta a la de los Estados, en la que coincidieron antaño PNV, ERC y BNG.

La UE consta hoy de 27 Estados, con 24 lenguas oficialmente reconocidas, que, salvo excepciones fácilmente reconocibles, corresponden a una por Estado. Alemania y Austria comparten el alemán, Grecia y Chipre el griego, y si en Bélgica el francés y el flamenco (holandés) son idiomas oficiales, al ser el holandés lengua oficial de los Países Bajos, el sentido de la vinculación no se altera, como ocurre con la doble presencia del finés, y tampoco la modifica la inclusión del tercer idioma oficial belga, el alemán de Eupen y Malmedy, que pasa a integrar el bloque germanófono. La gran excepción es Irlanda, cuyo bilingüismo oficial de inglés y gaélico fue siempre asumido en la UE.

Ninguna otra lengua minoritaria es reconocida como oficial por la UE, y ello responde a la prioridad asignada a los Estados como sus sujetos fundacionales y a la lengua como medio de comunicación, y no como instrumento para canalizar y potenciar reivindicaciones políticas de minorías, cuya razón de fondo, en el caso español, sería la propia puesta en cuestión de un Estado miembro. No hay sendero alguno que desde Babel lleve a Europa.

El equipo de Sánchez tiene la respuesta. Solo que esta se basa en un falseamiento radical de la situación española, establecida a partir de la Constitución de 1978. En palabras del subsecretario de Asuntos Exteriores, Francisco Serrano, la proposición estaría avalada por definir para España «una identidad nacional plurilingüe». Sorprendente concesión de partida, porque el reconocimiento exigido se basa en la concepción catalana, respaldada por el Gobierno, de una España plurinacional, con las cuatro naciones en pie de igualdad. Era obligado mostrar piel de cordero. Y la supuesta «identidad», fijada para las lenguas por la Constitución, concede la oficialidad en el Estado únicamente al español, siendo otras lenguas cooficiales pero a nivel de comunidad. España no es Suiza, a pesar de que la igualdad se haya impuesto, fraude mediante, en el Congreso, vulnerando la jerarquía fijada en la ley fundamental. El catalán, el euskera o el gallego no son lenguas oficiales en el Estado español, sino en cuanto autónomicas, y se pretende, trampa mediante, que lo sean en Europa.

La segunda cara de la exigencia vasco-catalana es su connotación inmediata, como primer paso para que nuestras presionantes naciones sin Estado tengan ya su reconocimiento excepcional en el orden lingüístico, como sujetos europeos con personalidad propia, para una eventual independencia.

Y finalmente, de cara al interior, la igualación de lenguas vendría a refrendar la mutación anticonstitucional citada, que de hecho convierte en el plano legal de Cataluña o Euskadi a las lenguas cooficiales en auténticas lenguas de sustitución, con el español en posición subordinada, cuando no anticonstitucionalmente discriminada desde la hegemonía política ejercida por unos nacionalismos excluyentes.

Lo sucedido con el 25% en Cataluña, o los informes de las observadoras de la UE sobre la persecución del uso del castellano, son suficientemente explícitos, lo mismo que aquí la voluntad de monopolio euskaldun contenida en la Ley del Empleo Público vasca. Sin duda eficaz políticamente, aunque no lo sea para el uso social del euskera. Por lo menos, a diferencia del PSC, el PSE ha sabido verlo.