Por fin, tras años de parálisis judicial, de recursos interminables y de amenazas de fuga empresarial, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado la razón a la Xunta de Galicia y ha puesto fin a una situación que había convertido la comunidad gallega en un desierto industrial para las renovables.
La sentencia del TJUE, emitida este viernes, supondrá un antes y un después para el sector eólico gallego. Con ella se desbloquearán cerca de un centenar de proyectos que permanecían paralizados, lo que supone más de 2.500 MW de potencia y una inversión superior a los 10.000 millones de euros.
La sentencia supone además la confirmación definitiva de que los procedimientos de tramitación ambiental seguidos por la Xunta durante años eran legales y conformes al Derecho europeo.
Esta decisión pone punto final a una estrategia destructiva de bloqueo que, como denunciaba el sector, había provocado que algunas empresas dejaran de lado Galicia ante la inseguridad jurídica.
Los datos son demoledores: mientras el resto de España instalaba 6.000 MW eólicos entre 2020 y 2024, Galicia apenas logró instalar 171 MW. Una cifra vergonzosa para una comunidad con el cuarto mayor potencial eólico del país.
El fallo europeo es contundente: no existe obligación de someter los informes sectoriales a una segunda ronda de consulta pública, como pretendían las asociaciones ecologistas que habían conseguido paralizar los proyectos.
La directiva europea permite a los Estados miembros flexibilidad en sus procedimientos, siempre que se garantice la participación ciudadana en una fase temprana, como ya venía haciendo Galicia.
Es especialmente significativo que esta decisión llegue tras cuatro sentencias del Tribunal Supremo que ya habían avalado la legalidad del procedimiento gallego.
El empecinamiento del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en mantener su criterio, pese a tener la doctrina del Supremo en contra, ha causado un daño incalculable al desarrollo renovable de la región.
Los números del desastre son escalofriantes. 92 parques eólicos afectados por procesos judiciales, 86 de ellos suspendidos. Más de 3.500 millones de euros de inversión bloqueados. 4.800 empleos perdidos durante cinco años.
Y todo ello mientras Europa exige acelerar la transición energética y España se compromete con la neutralidad climática.
La Asociación Empresarial Eólica ha sido clara: «Nunca antes un sector industrial estratégico había sido bloqueado con esta magnitud y duración en España». Una parálisis que ha beneficiado únicamente a esos movimientos ecologistas que, bajo justificaciones sin rigor técnico, han conseguido frenar el progreso energético de Galicia.
Ahora toca actuar con rapidez y responsabilidad. El TJUE ha despejado definitivamente las dudas jurídicas, y ya no hay excusas para seguir manteniendo bloqueados proyectos que cuentan con todas las autorizaciones reglamentarias. El sector eólico reclama con razón que se agilice la resolución de los recursos pendientes para reactivar cuanto antes una industria estratégica.
Esta sentencia representa también una victoria de la Europa útil, esa que defiende el progreso, la competitividad y la transición energética frente a los obstáculos burocráticos y las estrategias dilatorias.
El TJUE ha demostrado así que las instituciones comunitarias están del lado del desarrollo sostenible y la seguridad energética, no de quienes pretenden paralizar sistemáticamente las inversiones renovables.
El desbloqueo de los parques eólicos gallegos debe ser definitivo e inmediato. Europa ha hablado y la razón industrial y energética está clara.
Ahora corresponde a las instituciones gallegas ejecutar esta decisión con la diligencia y responsabilidad que la situación exige.
Gracias a Europa, Galicia dejará por fin de ser la excepción de la regla de las renovables españolas.