Si alguien dijese que vamos a reservar por ley los empleos sostenidos con fondos públicos a personas de una determinada ideología, posiblemente una amplia mayoría diría que nos hemos vuelto locos. Lo mismo ocurriría si la reserva fuese para personas de un color de piel, un género o una edad determinada. Son discriminaciones mal vistas en nuestra tierra. Pero, ¿y si reservamos esos puestos de trabajo exclusivamente a las personas que hablan euskera? ¿Qué pasaría si, de forma sistemática, midiésemos la competencia para un puesto solo a quienes acrediten previamente su dominio de la lengua vasca, independientemente de qué deban hacer o qué necesidades deban atender?.

Ese será nuestro futuro inmediato si se aprueba alguna de las propuestas presentadas en nuestra Cámara legislativa por el nacionalismo vasco. En todos los puestos o, como mal menor, solo en aquellos, bien sean de un ayuntamiento, una diputación o de la Administración autonómica y sus empresas y contratas públicas, que su responsable así decida. Pero que lo pueda zanjar con total autonomía. Por su propia voluntad e independientemente de cómo sea la comunidad humana a la que deba servir. Sin ninguna referencia ni cortapisa legal.

Son otros tiempos, deben pensar en Sabin Etxea, y ya no es necesaria la «acomodación a cada realidad sociolingüística», catalogada como «una de las claves de bóveda» sobre las que se apoya nuestro sistema, en palabras de un caducado dirigente del PNV. La composición sociolingüística diversa de los administrados dejará de ser «una referencia vinculante que no puede ser legítimamente ignorada» por la Administración que decía aquel.

Se trata de que los «vascos completos», aquellos que hablan euskara, sean los primeros no en todo, sino para todo. En paralelo al debate que comienza, se queja el consejero de Sanidad de que una mayoría de quienes cursan el MIR en Euskadi no se queda después en nuestra comunidad, y plantea como remedio priorizar a quienes son vascohablantes también en el acceso a esa formación por delante de su capacitación. No se le ocurre (más bien al contrario) remover los obstáculos actuales para su arraigo. Un ejemplo: para las plazas estables de médico de Atención Primaria de Osakidetza sin requisito lingüístico (las menos) un título B2 en euskara se valora el doble (18 puntos) que una tesis doctoral (9 puntos). Era poco probable que con este panorama hubiera muchos pretendientes a quedarse. Pronto habrá menos.

Quizás el nacionalismo vasco valora que tenemos candidatos de sobra. A fin de cuentas, si como dice la última prospección de Siadeco, en 2026 habrá casi 500.000 vascohablantes entre 25 y 65 años, ¿qué problema hay en reservarles esos 200.000 empleos? Y si después no utilizan la lengua vasca, siempre podremos ponerles una inteligencia artificial para controlar su uso y ver quién se desmanda, como empezamos a hacer en las escuelas. Al parecer, no ven ningún problema.

Pero si los hay, muchos y todos comprobables. Hay un problema ético de primer orden en privilegiar a unos ciudadanos por delante de otros en el acceso a los puestos de trabajo sostenidos con fondos públicos. Hay un problema político en sustituir una norma trascendental acordada por una mayoría plural de más del 80% por otra más partidista y menos cualificada. Hay un problema social en obviar las necesidades reales que deben atender los poderes públicos. Hay un problema económico de pérdida de capital humano y empobrecimiento colectivo. Hay un problema jurídico, ya que la arbitrariedad no hará sino incrementar la conflictividad. Hay un problema formativo, porque nuestras tasas de éxito en el aprendizaje de la lengua vasca, tanto en jóvenes como en adultos, autóctonos o foráneos, son notoriamente bajas. Hay muchos problemas, aunque ninguno parece relevante a los proponentes.

Se ha perdido el complejo de clasificar a los ciudadanos. Pronto, si el acuerdo prospera, antes de examinar su capacitación para un empleo, descubriremos quienes son incapaces de entrada y no merecen siquiera ser examinados. Cierto es que no podremos atender a sus apellidos o su fisionomía. Deberemos esperar a que pronuncie unas palabras. Es entonces cuando sabremos, con total seguridad, si son o no candidatos competentes para el puesto de trabajo.

El portavoz parlamentario de EH Bildu, y soporte clave de la propuesta del PNV, nos lo cuenta con una metáfora: «No podemos seguir dando vueltas en la rotonda ni perder más tiempo». En realidad, lo que nos plantea es tomar el peor de los caminos y arruinar en el trayecto piezas insustituibles del vehículo. Decía Gabriel Aresti que la injusticia trata por igual al vascohablante que al que no lo es. Dentro de poco ya no será verdad. Plantearon dar preferencia a la lengua vasca y se han destapado privilegiando a sus hablantes.