EXCUSATIO

ERAN pocos (los jueces) y parió el ministro de Hacienda. En un arranque de fatuidad muy suyo, Cristóbal Montoro ha puesto en entredicho la instrucción del magistrado Llarena. Por pura arrogancia, para quedar como el más listo de la clase, para blasonar de que a él nadie se la cuela, le ha construido a los líderes separatistas un inopinado parapeto de defensa. Olvidando, en su extemporáneo alarde de autosuficiencia, que es al instructor al que corresponde evaluar los indicios y extraer, en su caso, deducciones de las fuentes de prueba. La misión del Ministerio consiste en facilitarle los papeles, enviarle las facturas y dejarlo trabajar en vez de crearle problemas. En ningún caso calificar los hechos por adelantado ni desmentir a la Guardia Civil y al Supremo en el Parlamento y en la prensa. Entre bomberos no hay que pisarse la manguera.

El delito de malversación no es ninguna broma: a partir de 50.000 euros implica una pena de hasta ocho años. Según los informes periciales del atestado, los diferentes preparativos del procés supusieron un total de 1.900.000 euros extraídos de los caudales públicos para sufragar la organización del referéndum y otros actos. El separatismo canalizó supuestamente el dinero a través de facturas falsas, gestiones ficticias, sociedades interpuestas y otros puentes de ingeniería financiera más o menos simulados. La investigación sostiene que esos fondos salieron, a través de procedimientos oblicuos, de las arcas del Estado, y hay un montón de funcionarios aplicados a la tarea de demostrarlo. Y en éstas sale Montoro, con el pecho henchido de soberbia, a entrometerse en ese trabajo con el único afán de excusar su responsabilidad política y ponerse personalmente a salvo. Facilitando argumentos exculpatorios a los procesados –varios de ellos pendientes de extradición– e inmiscuyéndose en la labor judicial antes de aportar un solo dato. Para salir en la foto como el escrupuloso fiscalizador del gasto al que resulta imposible llamar a engaño.